Algunos de los ex colaboradores ya se encuentran detenidos y procesados por diversos delitos.
En días recientes, el periódico El Universal publicó un reportaje donde se denuncia la corrupción en la época del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral y en cuya investigación la reportera Paola Gamboa, informa que se trata de la investigación de al menos 18 ex colaboradores del ex gobernador, de los cuales cinco son ex secretarios, los cuales ya se encuentran detenidos y procesados por diversos delitos de corrupción.
Esto, gracias a las investigaciones que ha realizado la Fiscalía anticorrupción de Chihuahua y la cual es presidida por Abelardo Valenzuela, el cual ha recibido denuncias de particulares y resultados de la Auditoria Superior del Estado (ASE).
El titular de la Fiscalía anticorrupción indicó a dicho periódico que, desde diciembre de 2022, cuando llego al cargo, la fiscalía es la encargada de investigar los delitos de corrupción en la entidad.
Señaló que al llegar al frente de dicha fiscalía, no solo se han encontrado casos de corrupción sino también de tortura no solo psicológica sino también física y en algunos casos económica.
Refiere que se han realizado las investigaciones, algunas de ellas producto de las resoluciones que se han emitido en denuncias de la ASE y de la Secretaría de la Función Pública y de los ciudadanos y de los propios Ayuntamientos del Estado. Dijo que entre las denuncias que se han realizado se encuentra la referente al ex Secretario de hacienda, Arturo F. V., quien se encuentra sustraído de la justicia desde el año pasado.
Él, entre otras cosas, realizó un contrato irregular dándole un contrato a un particular de alrededor de 98 millones de pesos para restructurar la deuda, esa es la justificación que el dio, donde no solo no hay una explicación, sino además no hay una razón jurídica, teórica y confiable para poder realizar un contrato de esa naturaleza porque la propia Secretaria de Hacienda ya cuenta con una oficina para restructurar la deuda.
Señaló que, debido a estas malas acciones, se vieron afectadas otras instituciones como La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), el Instituto Chihuahuense de la Salud (ICHISAL) y Pensiones Civiles del Estado.
Estaban “jineteando” el dinero que les daban de participaciones federales para otros proyectos y eso cae en una desviación de recursos públicos.
Además, de este caso se toma como base una denuncia interpuesta por ciudadanos a partir de una investigación periodística en donde se registraron las irregularidades de quien, en ese entonces era el Secretario de la Coordinación de Comunicación Social, Antonio Pinedo, quien actualmente está preso en el Cereso de Aquiles Serdán, por el uso ilegal de facultades y atribuciones.
Dijo que además Pinedo otorgó más de nueve contratos de manera irregular que asciende a más de 10 millones de pesos. Dichos contratos los había otorgado a familiares que trabajan en el cuerpo de servidores públicos que lo acompañaron y también se entregaron contratos a quien era su directora administrativa y quien señalaba como su pareja sentimental.
En este mismo caso se señalan a otros servidores públicos de menor nivel de los cuales uno ya está detenido y los otros dos están bajo otras medidas cautelares. Otro caso es el del ex titular del instituto Chihuahuense del Deporte, Juan Pedro S.R., quien otorgó de manera incorrecta contratos a una empresa de una liga de básquet bol de la cual él era socio y siendo titular del deporte aportaba recursos convirtiéndose en un delito de peculado.
En la investigación de la Fiscalía también se incluye a la Secretaria de la Función Pública del gobierno anterior por ocultamiento de información en la entrega-recepción de la administración anterior.
Señaló que, en ese entonces, la Fiscalía General de la República ordenó al ejecutivo estatal Javier Corral que investigara la evolución patrimonial del ex gobernador Cesar Duarte, y en ese tiempo emitió una orden judicial y también omitió informar que había una orden judicial para investigar a esos tres personajes por enriquecimiento ilícito.
A la par, se investiga al secretario de Desarrollo Rural Rene Almeida, a quien le señala presuntamente de haber otorgado a un miembro de la organización Barzón alrededor de cinco millones de pesos y no hubo una resolución de ese recurso, entre otras irregularidades.
Asimismo, Abelardo Valenzuela indicó que las investigaciones ya han alcanzado a funcionarios de segundo nivel como el caso de una empleada de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), por el delito de peculado de alrededor de un millón de pesos y quien ya se encuentra sentenciada.
Dijo que ella era la encargada de un aparato medido el cual era en beneficio de los estudiantes y la cual no hizo la entrega del recurso.
También se investiga por la Fiscalía a María del Refugio Granados quien era la supervisora administrativa del Departamento del Personal Magistrado de la Secretaría de Hacienda quien esta prófuga de la justicia por el delito de peculado agravado por realizar cambio de cheques ya debidamente asignados por el Secretario de Hacienda y que nunca se entregaron al magistrado.
A la par, se tienen a otras personas de organismos descentralizados en Chihuahua quienes ya están debidamente judicializados y a servidores públicos de ayuntamientos con afinidad al anterior gobierno.
Finalmente, el Fiscal Anticorrupción indicó que se encuentra en la fase final para conceder algunas carpetas de investigación de manejo que se hizo en la Junta Central de Agua y Saneamiento y la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento de Chihuahua ante las denuncias por corrupción, irregularidades y desvío de recursos.
