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El juez de Control Humberto Chávez Allende dictó prisión preventiva por un año al ex gobernador César Duarte, acusado de los delito de peculado y asociación delictuosa. Luego de tres días de audiencia inicial, el agente del Ministerio Público solicitó la medida cautelar más gravosa para el exgobernador bajo el argumento de que no tiene en el país un domicilio de arraigo y de que se sustrajo de la justicia en Estados Unidos desde hace varios años. La Fiscalía General del Estado le formuló imputación a César D., acusado de los delitos de peculado y asociación delictuosa, ambos con penalidad agravada, audiencia en la que se le dieron a conocer los hechos que se le atribuyen y por los cuales fue detenido. El Juez de Control conocedor de la causa penal, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y resolvió que el miércoles 08 de junio habrá de efectuarse la audiencia de vinculación o no a proceso. La exposición de antecedentes establece que entre los años 2011 al 2014, el imputado, quien se desempeñaba como Gobernador del Estado de Chihuahua y previo acuerdo con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público, con un reparto de roles y actividades, desvió recursos del patrimonio estatal que ascendían a la cantidad acumulada de 96 millones 685 mil 253 pesos, los cuales se encontraban depositados en varias cuentas pertenecientes a la Secretaría de Hacienda y estaban destinados exclusivamente a fines públicos. Así pues, entre los años de 2011 al 2014, Gobierno del Estado realizó 17 pagos reiterados a dos morales, con las que había intereses personales y de negocios, al ser Presidente del Consejo Directivo y administrador de una de ellas, así como accionista mayoritario de la otra, actos que fueron orquestados e instruidos para la entrega de estos recursos públicos a través de 11 procedimientos administrativos simulados. Una vez que fueron informados los hechos, integrados por múltiples testigos que deponen en su contra; el órgano jurisdiccional habrá de definir la situación jurídica del imputado cuando se efectúe la audiencia de vinculación a proceso. La Fiscalía General del Estado reiteró la garantía de que el imputado habrá de estar seguro durante su estancia en el Centro Penitenciario de la entidad, brindando trato igual y apegado a los derechos humanos como cualquier otra persona privada de la libertad.
