La gobernadora María Eugenia Campos se la volvió a aplicar a Marco Bonilla, al bajarlo del avión y ponerlo a trabajar para que reduzca los alarmantes casos de inseguridad que mantienen en estrés a los ciudadanos de la capital del estado.
Se comenta de buena fuente que el tema ya estaba planchado con el grueso de los regidores de todos los colores y sabores, Marco recibiría por unanimidad de votos la autorización de los ediles durante la sesión ordinaria de Cabildo del pasado miércoles, sin embargo, bastó una llamada telefónica con la que el Presidente Municipal de la capital, obligó bajar el punto de la Orden del Día.
El alcalde tenía todo arreglado para visitar Londres, acudiría a una Feria Aeronáutica y de pasadita quedarse unos días de vacaciones, al fin y al cabo tiempo tenía, pues le autorizarían 13 días hábiles.
No contaba con la astucia de la Maru, ya que ella también tiene gira de promoción por Inglaterra y Francia. El caso es que para evitar el madruguete de marketing y difusión, la ciudadana gobernadora, ávida de buenos comentarios, se quitó de enfrente al alcalde de la capital para así quedarse ella con los reflectores.
Es una competencia política entre ambos. Hace un año Campos Galván subió al escenario gubernamental su chavo político para que en 6 años lo sucediera en la silla de Palacio de Gobierno, y ahora resulta que el pupilo creció más rápido que el maestro.
El problema de los dos ha ido creciendo y por más que se quiera disfrazar, es evidente la división.
Sin embargo en parte tuvo razón la gobernadora Maru Campos al bajar del avión a Marco, ya que es cosa seria la serie de ejecuciones registradas en Chihuahua en lo que va del año, sumado a ello, los altos índices de incidencia delictiva.
Las vacaciones pueden esperar, ahorita lo que más importa es ponerse a trabajar en la inseguridad antes que se descontrole peor la situación.
PRI CON TODO DEFIENDE A ALITO
La juarense Aldonza González Amador, encabezará este medio día una comitiva de mujeres priistas que acudirán a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, allá en la capital del estado, para en su calidad de dirigente de la Organización Nacional de Mujeres Priistas en el estado de Chihuahua, denunciar a la gobernadora de Campeche, a la morenista Layda Sansores San Román, bajo las observaciones de violencia política en contra de Alito Moreno.
La movilización que hará la líder del ONMPRI en esta entidad, obedece a las instrucciones que llegan desde el CEN tricolor hacia todos los estados, con la finalidad de salir a la defensa de su dirigente nacional, quien se ha visto golpeteado desde la estructura del Gobierno federal, pasando por el Gobierno de Campeche y de ahí por los diversos tentáculos de Morena.
El hecho es que el PRI mueve su estructura operativa para hacer más ruido a un problema entre López Obrador y Alejandro Moreno Cárdenas. Sin embargo y ante esta aplanadora morenista, el líder nacional tricolor acudió en Suiza ante la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde denunció persecución política.
El problema ha ido creciendo y el fondo es evidente: se trata de desprestigiar a la cabeza de la alianza tripartidista y evitar crezcan sus adeptos con miras al proceso electoral del año 2024, año cuando AMLO concluirá su periodo presidencial y donde su intención es darle continuidad a su proyecto de izquierda radical.
MINISTERIAL AGRESOR DE MUJERES ES SOLAPADO
Un agente del Ministerio Público que ya tiene a medio mundo de cabeza al interior de la FEM (Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres), Jorge Raúl Ramírez Del Toro quien debería de ser el encargado de ver por la defensoría o protección de las mujeres que llegan como víctimas a dicha dependencia, resulta que ya cuenta con un historial de agresión contra mujeres, una consignación por parte de la policía municipal y por lo menos dos carpetas de investigación abiertas en su contra.
Carpeta 404499/2013 por violencia familiar en contra de su expareja, madre de sus hijas en el 2013 y otra más que data del 7 de diciembre del 2019 en contra de su pareja extramarital, es acusado de allanamiento y amenazas de muerte, esto no fue dado a conocer ya que al parecer cuenta con inmunidad especial al interior del Gobierno Estatal.
El funcionario tiene antecedentes, otros que, si fueron públicos en medios de comunicación, un arresto por la municipal cuando estaba realizando disparos de arma de fuego en la vía pública apenas el 2021 el 23 de enero, que fue consignado y acusado también por los municipales de haberlos amenazado de muerte, alardeando con un grupo del crimen organizado llamado la empresa, pero ni la nota en el PM y el Diario bastó para que le pusieran un alto al interior de la FEM y en el Estado, el muchachón sigue intocable.
Esto sin contar la acusación interna que tiene por haber tocado los senos de una mujer en el área de víctimas, o la acusación de haber golpeado apenas este año a su propia compañera la agente Verónica de Lira y haberla encañonado con su arma de cargo la cual teme por su vida, y todavía en medio de su berrinche el jovenazo quebró a golpes los vidrios de una unidad oficial y nadie puede hacer nada al interior de la Fiscalía, mientras que sus compañeros prefieren darle la vuelta antes que se enfrasquen con él en medio de su esquizofrénica actuación o bipolaridad y se vean envueltos en alguna broca con Del Toro, mejor conocido como el invencible, el cual sigue “trabajando” a su manera como si no pasara nada.
ESTADO CONTRA ALE DE LA VEGA
La persecución del actual gobierno estatal en contra de los excorralistas cada vez es más notoria y ahora toca a la empresaria Alejandra De la Vega quien le han pegado a sus negocios de tiendas de conveniencia.
Resulta que las tiendas de la familia De la Vega corren el riesgo de dejar de vender alcohol, luego que el juzgado federal les ordenó suspender la venta.
Lo anterior después que perdieran el amparo que promovieron ante el gobierno estatal, por lo que podrían perder las licencias de venta de alcohol.
Al interior de la oficina de Gobernación del Estado se menciona que la empresaria juarense tiene un adeudo de alrededor de 40 millones de pesos por no querer renovar estas licencias y prefirió buscar la justicia federal que finalmente le negaron dicho amparo.
En diferentes tiendas Del Río en Juárez y otros lugares de la región se han visto anuncios colocados en los negocios donde mencionan que “Por disposición de Gobierno del Estado, a partir de hoy y hasta nuevo avisto, queda suspendida la venta de cerveza, vinos y licores en esta sucursal”.
“Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar”, dice el mensaje.
