En la actualidad 479 indígenas se encuentran recluidos en el sistema penitenciario estatal, los cuales por ley deben de recibir el apoyo de traductores; y de acuerdo con estadísticas del INEGI, Chihuahua ocupa el sexto lugar respecto a indígenas en prisión. De acuerdo con el informe temático sobre impunidad el 2024, un 62.1 por ciento de personas de origen indígena no recibieron apoyo de un traductor o intérprete; entonces se pudiese señalar en la entidad, basados en estos porcentajes, más de 200 indígenas no recibieron ese apoyo.
Ante estos hechos, la diputada Edith Palma, de origen rarámuri y perteneciente al Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un Punto de Acuerdo ante el H. Congreso del Estado para que esta problemática sea atendida por las autoridades responsables, y así evitar que el racismo y la discriminación sean prácticas comunes en el sistema de justicia, afectando a las personas indígenas en sus derechos humanos. Esta fue la motivación detrás de las reformas a la Constitución local y a las leyes para la creación de un Centro de Personas Traductoras e Intérpretes en Chihuahua, cuyo objetivo es proporcionar personal calificado para asistir a personas indígenas en los procesos judiciales, garantizando su derecho a un traductor que entienda su lengua, cultura y el sistema jurídico.
Si bien, el Poder Judicial creó la figura del intérprete en su plantilla de personal, y en 2023 contrató 6 personas indígenas calificadas con un presupuesto de más de 5 millones de pesos, en el año 2024, con más de 6.7 millones de pesos, el número de intérpretes no creció, lo que obstaculiza la consolidación del centro.
Sin lugar a dudas, señaló la diputada, el Centro de Personas Traductoras e Intérpretes debe tener mayor personal y presupuesto, pues también deben establecerse centros regionales en los distritos judiciales del estado, y además contratar personal especializado en Lengua de Señas Mexicana y Braille, por lo cual consideramos que las cantidades que quedan como remanentes anualmente, pudieran ser aprovechadas para incrementar el presupuesto del centro en 2025.
Indicó que al parecer, la problemática de la falta de traductores e intérpretes indígenas se agudiza en las instancias del Poder Ejecutivo, pues las autoridades a las que la ley les señaló obligaciones respecto al tema, ni siquiera tienen en su plantilla de personal la plaza de traductor e intérprete, figura esencial para garantizar y proteger el derecho al debido proceso en condiciones de igualdad a las personas de los pueblos y comunidades indígenas, mucho menos han destinado un presupuesto específico, tal y como se los mandata la reforma del 2023.
En su intervención, la diputada Palma expresó que, como grupo parlamentario y como indígena, les preocupa el incumplimiento de las obligaciones que la Constitución y las leyes les señalan a las autoridades de procuración y administración de justicia, así como a la autoridad responsable de diseñar e instrumentar las políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos de la población indígena; por lo que, en su exhorto a la titular del Poder Ejecutivo, le pidió que instruya a las autoridades competentes, a fin de que en 2025, incorporen a la Plantilla de Servidores Públicos la plaza de traductor e intérprete indígena con una remuneración digna, y que asignen el presupuesto suficiente que permita la contratación del personal necesario para desempeñar la actividad señalada.
En su propuesta, la legisladora rarámuri también exhortó a la titular del Poder Judicial, a incrementar el número de personal indígena adscrito formalmente al Centro de Personas Traductoras evitando la contatación eventual, y a incrementar los recursos financieros en su presupuesto de egresos 2025, todo ello con el propósito de consolidar a dicho órgano auxiliar; pues de esa manera las autoridades tendrán mejores condiciones para garantizar el derecho de acceso pleno a la justicia de las personas de los pueblos y comunidades indígenas del Estado que se vean involucrados en procesos judiciales.
