El senado de la República con mayoría izquierdista, aprobó esta madrugada en «fast track», en lo general y en lo particular la llamada «Supremacía Constitucional», en medio de una sesión marcada por el caos y entre acusaciones de la oposición de que dicha reforma es el inicio de la instauración de una dictadura socialista en México por parte de Morena y partidos aliados del PT así como PVEM.
Con 85 votos a favor y 41 en contra se aprobó blindar los cambios constitucionales para hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política.
Es decir, los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal quedan por encima del Poder Judicial lo que podría considerarse el fin de la democracia mexicana y la división de Poderes.
El senado de México inició la noche del 24 de octubre la discusión del dictamen que busca establecer la improcedencia de amparos y controversias contra reformas a la Constitución.
Fue así que legisladores del PAN tomaron la tribuna con pancartas que decían “No a la dictadura en México” y “Morena es la dictadura de México”; en cambio, los senadores guindas mostraron carteles con logos del blanquiazul y de PRI con la frase “La oposición moralmente derrotada”.
La reforma fue aprobada tras una larga jornada con triple sesión en la cámara alta, en tiempo récord, luego de que apenas el martes pasado senadores y diputados de Morena presentaron la iniciativa para impedir a la Suprema Corte de Justicia y los tribunales revisar las reformas a la Constitución, por lo que fue aprobada esta madrugada solo dos días después de su presentación.
Así, senadores de Morena y aliados elevaron a rango constitucional la improcedencia del amparo contra cambios a la Constitución para impedir que reformas constitucionales queden congeladas por controversias o acciones de inconstitucionalidad ante el Poder Judicial de la Federación.
Durante la sesión, los senadores se enfrascaron en el debate con posturas contrastantes, donde los legisladores del morenitas defendieron la reforma, argumentando que esta medida evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo, en consonancia con lo que consideran el mandato popular.
El presidente del Senado, el polémico Gerardo Fernández Noroña, subrayó desde tribuna que la reforma no atenta contra el derecho de amparo de las personas, sino que busca impedir que este recurso sea utilizado para “dañar al pueblo”.
En su intervención, acusó a la oposición de estar alejada del sentir popular y de utilizar el Poder Judicial para detener la transformación democrática del país.
Por su parte, legisladores de oposición mostraron su total rechazo al dictamen, entre ellos el senador del PAN Ricardo Anaya Cortés, quien calificó la propuesta como un intento de centralizar el poder y limitar los recursos legales con los que los ciudadanos pueden defenderse de posibles abusos de las autoridades.
Anaya cuestionó qué sucedería si en una reforma constitucional se vulnera algún derecho fundamental, advirtiendo que no habría forma de impugnarlo.
Por su parte, los partidos de oposición presentaron mociones suspensivas, argumentando que la reforma es un paso hacia la instauración de una dictadura en México, sin que fueran tomadas en cuenta por la mayoría legislativa de la Cámara alta del Congreso.
Esta reforma representaría un cambio significativo en el sistema jurídico mexicano, limitando las vías legales para impugnar las decisiones del Congreso y reforzando el control del poder legislativo sobre las reformas constitucionales.
Tras la aprobación, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados para continuar el trámite legislativo.
