LURO VERUM
Por Rafael Navarro Barrón
Aquel día Álvaro Navarro Gárate llegó desaforado a las instalaciones de Nueva Era Radio, donde se transmitía el programa de noticias del medio día. Su pelo chino, alborotado, logró ser aplacado con sus lentes Ray Ban que el funcionario utilizaba como una especie de diadema.
Su inigualable rostro jalisquillo se asomaba ansioso por el grueso vidrio de la cabina. “¡Rafa, Rafa…!”, exclamaba desde el exterior del cuarto de transmisiones, sin respetar la luz encendida del letrero rojo que decía ‘al aire’.
En esa época, Radio Noticias 860 estaba ubicado en el edificio Villarreal de la avenida 16 de Septiembre. La empresa me había contratado para dirigir el programa de noticias que se trasmitía al medio día.
Quien ha hecho radio puede dominar los embates externos sin ningún descontrol, luego de un tiempo de experiencia, por eso logré mantener la calma, mientras el representante del gobernador, Patricio Martínez en Ciudad Juárez quería que dejara la transmisión en forma inmediata.
Ya para esos momentos, un grupo de empleados menores de la empresa radiofónica rodeaban al funcionario pidiéndole que entrara en razón, que era un programa en vivo y que no podía, fuera quien fuera, llegar y detener la transmisión nada más por la ley de sus huevos.
Álvaro ignoraba los reclamos. Parecía que no escuchaba y evitaba mirarlos. “Necesito hablar con Rafael Navarro”, repetía mientras agitaba el brazo y con la mano me pedía que saliera… “¡ven, cabrón…ven!”.
Cuando se tiene a un funcionario asustado y que, además, tiene el cargo de ‘representante del gobernador’, es imposible seguir transmitiendo un programa de radio, por eso le pedí a Mario Payán, responsable del bloque deportivo que agarrara el micrófono y le platicara al público todo lo que quisiera del apasionante mundo del deporte.
“¡Pinche, Rafael…pinche tocayo (de apellido), en que pedote me metiste! Necesito que te vayas rápido al periódico y me entregues las fotografías que le tomaron al gobernador en la estación Babícora (de la policía municipal)”, refirió el hombre que estuvo casado con la actual novia de Manuel Mijares. Dato curioso, siempre creí que el cantante era un gay closetero, que por eso lo había dejado Lucerito y de pronto me sale novio de una descendiente de Federico de la Vega.
La elucubración sobre Mijares viene al caso, por lo que ocurrió después con su rival de amores. Resulta que yo estaba atónito frente al representante del gobernador, que ya para esas alturas me había ‘pendejeado’, culpado de una situación que desconocía en su totalidad y que, además, no tenía nada qué ver, porque el que motivó todo ese circo fue Ever Chávez, el finado periodista de Radio Net 1490.
EVER CHÁVEZ, PERIODISTA FALLECIDO.
Resulta que cuando el gobernador entró a conocer una de las celdas de la estación Babícora, el güerito Chávez le tomó una fotografía y motivó que otros reporteros hicieran lo mismo, entre ellos Chava Hernández que en ese momento trabajaba conmigo en el periódico El Mexicano.
El asunto hubiera pasado inadvertido, de no ser porque los reporteros se desentendieron del recorrido por la renovada cárcel y empezaron a especular sobre el futuro del gobernante… ¡en la cárcel!
Cuando el gobernador se enteró estalló en ira y en forma desencajada, enfermiza, primero se dirigió a Antonio García, el coordinador de comunicación que ya para esos momentos masticaba una pastilla Tums para el mal momento. El rostro de Toño subía del colorado al rojo y viceversa.
Fue entonces que la sabia voz de don Fernando Medina, el jefe de comunicación social en Ciudad Juárez, se escuchó en aquel frío y pestilente lugar; José Reyes Ferriz, que era el presidente del Concejo Municipal de Gobierno lo secundó para frenar la ira de Patricio Martínez García: “hablemos con los muchachos y si se ponen difíciles nos dirigimos a los directores y si los directores se ponen difíciles, hablamos con los dueños…”
Allá, en una esquina del centro carcelario preventivo, con la melena chirisca al aire, con sus lentes Ray Ban y la sonrisa a flor de piel, estaba el flamante representante del gobernador. Hablaba por teléfono, pero a distancia intuyó que los puñales que salían por los ojos del gobernador, denotaban que algo se había salido de control. El asunto estaba complicado, por eso Álvaro expresó la coloquial y siempre acorde frase para esos momentos: “ya valió madre”. Y no, todavía no valía, pero estaba a punto de valer.
En otro oscuro rincón de Babícora, los ojos verdes y desorbitados del güerito Chávez mostraban lo duro del momento. Frente a él estaba Fernando Medina y Toño García mostrando la dureza del poder político. En una larga letanía seudo moralina, el jefe de comunicación del Estado daba muestras de su carácter agreste…los labios se le habían puesto blancos por la pastilla Tums que había masticado momentos antes.
La lengua se le pegaba en el paladar. El gobernador miraba con una ira sobre la primera ira y luego le inyectaba más ira.
“Fue una pendejada esa fotografía, ¿cómo se atrevió a tanto?”, desgañitaba Toño frente al famoso Ever Chávez, mientras don Fernando, más conciliador, más moderador, más periodista más humano, intentaba mediar la situación y allí, junto a ellos, el poderoso Álvaro Navarro escuchaba con atención lo que había ocurrido.
La humilde cámara del güerito Chávez, una Vivitar que tenía como novedad un zoom y más espacio para las imágenes digitales, fue salvajemente mancillada al retirar de la memoria aquella valiosa y profética fotografía.
El ladrón, el pillo gobernador, el delincuente en toda la extensión de la palabra, se escapó de una cárcel real, pero no de la virtual en donde lo encerraron los reporteros gráficos que, por lo menos, le dieron un coto de esperanza al pueblo, que siempre ha visto cómo lo roban, como lo engañan y pocas veces observa que la justicia sea inquebrantable y lleve a esos ojetes a los tribunales o a los Ceresos locales.
Por eso, el día en que el representante del gobernador me exigió que la foto tomada por el reportero gráfico Chava Hernández fuera borrada le dije que “sobre mi cadáver”, que lo único que garantizaba en ese momento era que no se publicaría, porque no había razón de hacerlo.
El gobierno de Patricio Martínez estaba permanentemente molesto con los juarenses. Al mandatario lo enardecían los periodistas, los empresarios, muchos políticos afiliados al PRI y los gobiernos municipales panistas, como el que encabezó en su primer trienio Gustavo Elizondo Aguilar.
Muchos de los datos que se obtenían de futuras acciones de los funcionarios municipales eran bien conocidos por el gobierno del Estado, inclusive conversaciones privadas e íntimas de los miembros del gabinete de Elizondo Aguilar; luego ocurrió lo mismo con los miembros del Concejo Municipal de Gobierno. Todos fuimos perseguidos a través del espionaje por ese y los demás gobiernos que siguieron el turno.
También estaban bajo la mira del espionaje estatal los delegados de las principales dependencias federales que operaban en Ciudad Juárez, muchos de ellos de extracción priista.
Con el equipo rastreador, el gobierno se pudo enterar de pleitos familiares entre empresarios y su descendencia y grabó conversaciones telefónicas que mostraban esas peleas que se derivaban de herencias y luchas por el poder económico, donde se externaban serias disputas, como la de la familia Escobar y la familia Fuentes.
Fue entonces como los reporteros nos pudimos enterar que el gobierno del Estado había emprendido una misión peligrosa e ilegal. Un grupo de especialistas en espionaje, de nacionalidad israelita, habían dejado bien aleccionado al equipo de espionaje telefónico que trabajaría para indagar la vida privada de los opositores al gobierno, incluyendo a activistas, actores políticos de oposición, empresarios, ministros del culto, gente del crimen organizado y periodistas.
Muchas de esas conversaciones se lograban con la intervención de las agencias de seguridad de los Estados Unidos que colaboraban abiertamente con las autoridades mexicanas y que, incluso, tenían la complicidad ingenieros y técnicos de las compañías que daban el servicio de telefonía celular.
Desde el periodo de gobierno de Patricio Martínez, hasta el ejercido por Javier Corral, el gobierno del estado espía, incomoda y hasta presiona por medio del espionaje (Telefónico, Cibernético, ente otros), a sus detractores e, incluso, a gente de su mismo partido de quien se sospecha puede estar transmitiendo información a los enemigos naturales del partido en el gobierno.
Chihuahua se ubica entre los doce estados de la República Mexicana que adquirieron equipos altamente sofisticado para el espionaje ilegal y justificado a través de cada una de las Fiscalías ya que solamente a través de estas instituciones de procuración de justicia, se pueden solicitar mediante la autorización de un juez su adquisición para operaciones legales de intervenciones telefónicas.
En el estado de Chihuahua, los gobiernos de Patricio Martínez, Reyes Baeza, César Duarte y Javier Corral, fueron cobardes al no reconocer oficialmente la adquisición de un “Sofware” de espionaje que, además, tenía la capacidad de infectar computadoras y teléfonos celulares.
El gobierno del panista Javier Corral Jurado, no aceptó el espionaje como un hecho real. Sin embargo un estudio elaborado por La Red de Defensa de los Derechos Digitales R3D titulado “El estado de vigilancia fuera de control”, estimó que al menos tres compañías internacionales (HACKING TEAM, NSO GROUP, FINFISHER) especializados en la intervención de dispositivos de comunicación y cómputo, han vendido programas especiales a gobiernos estatales en México, por supuesto incluyendo el de Chihuahua; la adquisición millonaria para un uso injustificado que permite espiar a millones de ciudadanos con el carácter de índole político, más que de investigación legal.
Analistas políticos siempre cuestionaron un hecho inocultable: ¿por qué el gobierno de Javier Corral nunca investigó o procedió legalmente contra una persona tan enterada y vinculada a César Duarte, como fue el Fiscal General del Estado, Jorge González Nicolás?
La respuesta raya en la obviedad. Infinidad de información confidencial, arrancada en calidad de espionaje de alto nivel, obra en poder de algunos políticos priistas inmunes que conocen a detalles los ‘secretos’ de Javier Corral Jurado, de otros políticos (incluso miembros del PRI), de activistas y de periodistas.
El efecto de las indagaciones ilegales era frecuente y en muchas ocasiones filtradas a los medios de comunicación, como ocurrió con los diálogos prohibidos del dueño de un medio de comunicación juarense que era motivo de risa al conocer las largas conferencias que sostenía a diferentes horas del día y de la noche.
La información obtenida también alcanzó a militantes de la izquierda hoy ligados con el partido Morena. En el tiempo de Patricio Martínez muchos de esos activistas, ligados al entonces naciente PRD, al Frente Democrático Campesino y al Barzón, perdieron su lucha radical al ser atendidos por el gobierno, como sucedió en el tiempo de Fernando Baeza Meléndez que muchos radicales fueron domesticados e incluidos en la nómina de gobierno, como ocurrió con el profesor Antonio Becerra Gaytán.
Sacerdotes jesuitas y decenas de curas diocesanos rebeldes, como Dizán Vázquez, Camilo Daniel y Oscar Enríguez, este último en la frontera juarense, fueron también espiados sin ninguna compasión.
También los sacerdotes afines a la derecha, principalmente de Ciudad Juárez, recibieron la dosis de espionaje telefónico. Era el tiempo en que los aparatos de telefonía fija eran el único medio de comunicación auditiva que podía ser objeto de rastreo.
Luego, al arranque de los teléfonos celulares, era relativamente fácil la labor de espionaje, pues no contaban con los sistemas de seguridad de la época actual. Con un simple escáner, que se adquiría con facilidad en El Paso, Texas, las conversaciones podían ser oídas sin ningún problema.
El panismo fue objeto de una seria cacería por parte de los gobiernos panistas, incluso cuando gobernó Francisco Barrio Terrazas. En su calidad de gobernador, gran parte de su equipo de trabajo estaba bajo la vigilancia permanente de las huestes de la Secretaría de Gobernación que trabajaban en el Estado de Chihuahua.
La compañía mundial “Hacking Team”, de origen italiano, a través de correos electrónicos y documentos internos, evidenciaron que México era el principal comprador de estos sofisticados equipos de espionaje cibernético. Con una inversión de casi 6 millones de euros, se logró la adquisición de equipo por medio de intermediarios, registrando en doce estados a sus principales compradores: Baja California, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Nayarit, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Guerrero, Campeche y la CDMX.
El estudio sostiene que los gobiernos de las respectivas entidades adquirieron especialmente el equipo de “Hacking Team” sin tener facultades legales para hacerlo, de tal forma que su uso es completamente ilegal. El gobierno de México justificó el hecho argumentando que el destino final eran las Fiscalías de cada uno de los estados, únicas facultadas constitucionalmente para intervenir comunicaciones, sin embargo “R3D” explica que no hay un sustento legal para hacerlo, ni se justifican las inversiones millonarias para adquirir el software.
En México, resulta claro entender que solo las Procuradurías, Fiscalías de los Estados, PGR, CISEN, el Ejército y la Guardia Nacional, tienen las facultades y atribuciones para intervenir comunicaciones previa autorización de un juez especializado en cateos e intervenciones.
El estudio revela además que datos obtenidos del Poder Judicial de la Federación, indican que con excepción de Nuevo León, no se han autorizado solicitudes de intervención de cualquier otro estado de la República. Estados como Baja California, Durango, Estado de México, Tamaulipas, Campeche y Yucatán, respondieron vía transparencia que no han solicitado a un juez permiso alguno para intervenir comunicaciones por lo que evidentemente, no existe un sustento legal para que los gobiernos de dichos estados tengan ese tipo de software. Entonces, el porqué de la inversión millonaria para comprar estos equipos de espionaje. La respuesta es fácil y tiene que ver con aspectos de carácter político definitivamente.
El software de la empresa “Hacking Team” llamado Galileo, lo justifica el gobierno de Jalisco para investigaciones en casos de secuestro. Sin embargo solo en dos ocasiones se hizo la solicitud ante un juez, según revela “R3D”. De ser así, el gobierno de Jalisco, ha justificado el uso del software por la cantidad de 748 mil pesos según estimaciones, es decir que se utiliza interviniendo comunicaciones privadas con otro fin.
Podemos mencionar otros ejemplo como el de Querétaro, el gobierno ha utilizado supuestamente en una sola ocasión la intervención de comunicaciones, representado para ello un gasto de 4 millones de pesos, cuando en Puebla, ocho intervenciones le significaron un gasto de 950 mil pesos, aunque poco comprensible, entiéndase la disparidad de la información.
Documentos filtrados por “Hacking Team”, revelan que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), tiene el software de espionaje, sin que esta institución justifique en lo más elemental las facultades constitucionales para poder hacerlo. Pegasus es un programa de software diseñado por la empresa israelita “NSO Group” también especializada en espionaje, utilizado también por la SEDENA según reveló el estudio de “R3D”.
Por si no fuera suficiente, el periódico New York Times, reveló que el gobierno de México, pagó 15 millones de dólares a la empresa de Ciberespionaje, “NSO Group” para capturar toda la actividad de los Smarphone. Se logra la ubicación y los contactos personales de un usuario. La información se obtuvo de accesos a correos electrónicos de la compañía internacional.
Información obtenida del periódico Norte de Cd. Juárez, del día 17 de noviembre del 2016, revela con precisión que la Fiscalía General en el Estado de Chihuahua, niega el extravío de una plataforma informática con el cual intervenían teléfonos y conversaciones entre particulares al margen de la ley. En un comunicado, se informa que la dependencia y sus Unidades Especiales de Investigación, nunca se han manejado con ese tipo de herramientas; sin embargo, información revelada en exclusiva para ese periódico, fue retomada por otros medios, de ahí que fuentes al interior de la Fiscalía del Estado, señalaron que el equipo de inteligencia desapareció durante el cambio de gobierno, pero al ser un equipo que estuvo operando ilegalmente, no puede ser reclamado.
Fuentes revelaron que la Fiscalía, no solo lo utilizó para la intercepción de llamadas en investigaciones de secuestro y extorsión, sino con fines de seguimiento a particulares, todo esto durante el gobierno del priista César Horacio Duarte Jáquez. Se dijo que los aparatos fueron sustraídos en la ciudad de Chihuahua. De ser cierto eso y quién los haya robado, tiene en su poder información de inteligencia del Estado. Esa información la tiene la Fiscalía encabezada por su titular César Augusto Peniche Espejel, así como el gobernador Javier Corral Jurado.
El equipo sustraído es una plataforma utilizada para la intervención de llamadas telefónicas y localización de personas mediante GPS por medio de un monitoreo de objetivos en tiempo real a través de teléfonos inteligentes y tuvo un costo superior a los 10 millones de pesos; el equipo fue adquirido a principios de la administración de César Duarte Jáquez. El equipo fue adquirido a una empresa israelí, además estaba diseñado para rastrear por internet las conversaciones privadas, interceptar los mensajes de whatsapp, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías y documentos borrados en teléfonos móviles y equipos de cómputo. Eso puso en jaque a la institución. Extrañamente no se incluyó el extravío en la lista de irregularidades detectadas en la Fiscalía de Chihuahua.
Durante el 2015 se solicitó a las compañías telefónicas, la ubicación de 2,747 dispositivos móviles contra 473 peticiones realizadas por el ministerio público federal, indicó “R3D”.
Después de Chihuahua fue la PGR y el gobierno de Veracruz, coincidentemente las autoridades que más solicitaron la geolocalización. Es de extrañarse que desde el punto de vista legal se pueda uno cuestionar el motivo por el cual durante el 2016 no se hicieron en Chihuahua solicitudes para intervenciones telefónicas.
