La situación que describen, propietarios de bares, cantinas, antros y terrazas, es extremadamente grave y refleja un problema de corrupción y extorsión por parte de agentes de gobernación del estado.
Según testimonios, el pago de cuotas o extorsiones vienen por parte de aproximadamente ocho agentes de gobernación de Chihuahua, quienes se acompañan de agentes locales.
Las supuestas extorsiones consisten en exigir pagos que van desde los 5,000 hasta los 20,000 pesos por negocio cada semana, con la amenaza de clausurar los establecimientos en caso de no cumplir con las demandas económicas. Esta práctica no solo es ilegal, sino que está generando un ambiente de inseguridad y abuso para los propietarios de esos giros.
Los negocios operando de madrugada y hasta en la mañana, son violentos en ellos, están relacionados con estas extorsiones.
Este tipo de situaciones son un claro ejemplo de cómo la corrupción en las fuerzas del orden y en las instituciones gubernamentales puede afectar gravemente la seguridad y el ambiente económico de una comunidad. Es imperativo que estas denuncias sean investigadas a fondo y que se tomen acciones efectivas para proteger a los empresarios honestos y erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno.
El primer gabinete de Claudia
La virtual presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció su primer paquete de integrantes del gabinete, en donde se destaca que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, se eleva a nivel de secretaría.
Llama especialmente la atención debido a que el Conahcyt, estaba prácticamente desmantelado por el retiro de presupuesto en general y la desaparición de lo estímulos para los investigadores en el país y en el extranjero en el actual Gobierno.
Ahora el Consejo pasará a Secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación con Rosaura Ruiz Gutiérrez, quien viene del sector del sector de la ciencia y la investigación.
El resto, de alguna manera u otra, da continuidad a personajes relacionados que forman parte del equipo de la CuartaT y que, fueron parte del gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Marcelo Ebrard Casaubón, exsecretario de Relaciones Exteriores y excandidato presidencial, ocupará la Secretaría de Economía.
Juan Ramón de la Fuente Ramírez, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud, fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores.
Mientras que Alicia Bárcena Ibarra, pasa de la Secretaria de Relaciones Exteriores, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Julio Berdegué Sacristán, ocupará la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.
Finalmente, Ernestina Godoy Ramos, será la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.
Un primer paquete se encuadra en el área técnica del gabinete; nuevas designaciones, serán anunciado la semana entrante por Sheinbaum Pardo.
Reviven El Caso Aras
Cientos de defraudados por la Financiera Aras, han regresado a las calles debido a que los procesos penales no avanzan y mucho menos se les han reintegrado por lo menos en parte, el monto de lo defraudado.
Además, pese a que ya estamos llegando al cuarto del megafraude, el CEO de Aras, Armando Gutiérrez Rosas, sigue en calidad de prófugo, sin que tampoco les hayan pegado a sus millonarias cuentas.
Ahora, arte de los afectados incluso se han manifestado su inconformidad con el abogado principal, Felipe Acosta, de quien se dice ya ni contesta el teléfono, sobre todo desde que aprovechó el liderazgo del conflicto de Aras, se fue como candidato a Morena para una regiduría.
Todo igual a dos años de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas
Se cumplieron dos años del asesinato de los sacerdotes de la Compañía de Jesús Javier Morales “El Gallo” y Joaquín Mora Salazar, “Morita”, en atentado en donde en donde también falleció el guía de turistas y un ampáyer de la liga de béisbol regional.
El múltiple crimen perpetuado por José Noriel Portillo Gil alias El Chueco, digamos que en lo jurídico y técnico continúan en la impunidad. “El Chueco” fue capturado y asesinado por una célula del crimen organizado.
Dicho por la Fiscalía General del Estado, existen ocho personas que son parte de la masacre y que no han sido detenidos y por desgracia no se ve para cuándo.
Los crímenes siguen en la impunidad, como sucede con estas eventualidades, pese que para atender esa masacre se destinaron casi mil elementos entre policías estatales, ministeriales, Guardia Nacional y Sedena. Nada pasó.