Por Víctor García Mata
Qué complicado se ha vuelto el proceso de revocación de mandato. Para mal del proceso democrático, podemos ver los estragos que ocasiona el actual sistema electoral, en el cual el árbitro es totalmente parcial y favorece a una de las partes, lo que hace que los procesos
electorales se vuelvan sumamente controvertidos e impere así la desconfianza.
Hay que recordar que nuestro sistema electoral se basó en cuotas partidistas. Desde las reformas realizadas al Instituto Federal Electoral (IFE), llamado posteriormente Instituto Nacional Electoral (INE), la designación de consejeros y funcionarios se hizo con base en las
cuotas que se repartieron entre el PRI y el PAN esencialmente; en alguna medida el PRD también participó, pero fue de manera marginal. Así, la designación de funcionarios era negociada entre esas fuerzas políticas, mientas que Morena, partido de nueva aparición, quedó fuera de las decisiones por ser de reciente creación.
Esto es una forma perversa de concebir la democracia, la cual formalmente consiste en el acuerdo de las partes. En el caso del tema electoral, se requiere imparcialidad y neutralidad para que los actores contiendan de manera democrática y equitativa; ambas condiciones no se
han dado recientemente. Si bien es cierto que el INE respetó los resultados de la elección de 2018 y parcialmente los de 2021, ahora en la revocación de mandato no ha resultado satisfactorio para uno de los actores políticos.
Para el proceso democrático a realizarse en el año 2022, el Ejecutivo Federal impulsó una iniciativa que se ha sometido a consulta y es sobre la revocación de mandato. Al parecer todo marcharía bien, ya que los actores políticos ven con buenos ojos que la actuación de los
gobernantes sea sometida a consulta, en la que se señale su buena o mala actuación durante su administración. Es un sano proceso, que desde hace mucho debió haberse aplicado en los periodos de gobierno, no solo presidenciales, sino de gubernaturas y alcaldías.
Sin embargo, ahora vemos las consecuencias de aplicar la ley electoral de una manera facciosa: la mayoría de los consejeros del INE responde a intereses particulares, es decir, los consejeros apoyan a quien los colocó en su puesto; esto ha derivado en una disputa entre las partes que se vuelve un callejón sin salida.
Es así como los partidos hoy minoritarios quieren evitar a toda costa que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo de una manera limpia y transparente, además, tratan de sabotear el proceso que en teoría sería un buen termómetro para medir el desempeño de
la administración pública actual.
Nunca en la historia de los organismos electorales se había visto tal parcialidad hacia uno de los bandos; ahora vemos cómo estos se han convertido en juez y parte. Si bien es cierto que Morena ha confrontado a los consejeros electorales, también es sabido que ellos han respondido de una manera frontal, demostrando así que realmente responden a los intereses de los partidos que los colocaron sus puestos actuales.
Esta situación nos da una gran lección: la democracia mexicana es realmente débil e imperfecta y no ha encontrado el mecanismo con el que todos estén conformes. No hay neutralidad, las controversias constitucionales están a la orden del día y eso implica un
desgaste que la ciudadanía no se merece.
