POR GIL MIRANDA
Se considera que un gobierno es intervencionista cuando se involucra de manera activa y directa en la economía, en la democracia, en la educación, y otros asuntos del país, en lugar de permitir que se desarrollen de manera natural o en función del mercado. Esta intervención puede tomar la forma de regulaciones, subsidios, protecciones comerciales, imposiciones ideológicas, y otras medidas que influyen en el comportamiento de los individuos y de las empresas.
Intervenir la democracia puede tener consecuencias graves y a largo plazo para un país. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen la pérdida de libertades civiles y derechos humanos; cuando la democracia es interferida, es común que los gobiernos restrinjan la libertad de expresión, asamblea pacífica y otros derechos civiles esenciales.
La inestabilidad política es otra consecuencia de la intervención a la democracia que puede provocar conflictos políticos y sociales, lo que puede llevar a una situación de incertidumbre y desconfianza en las instituciones, erosionando la certeza de la gente en los organismos legislativos, ejecutivos y judiciales, con un impacto negativo en la estabilidad a largo plazo del país.
En el aspecto económico, se genera incertidumbre política y falta de confianza en las instituciones para persuadir a los inversionistas de que el país cumple con las condiciones necesarias para asegurar la libre operación de las empresas, lo que puede afectar negativamente la economía del país.
Pero es que, además, contrario a lo que se dice desde las cúpulas gubernamentales, no se genera una mejor redistribución de la riqueza, sino que se provoca una mayor desigualdad social. La intervención en la democracia puede resultar en políticas económicas y sociales que favorezcan a una élite privilegiada en detrimento de la mayoría de la población. Lo que pasa es que esa élite privilegiada solo cambia de rostros, pero, en esencia, funciona igual, con base en privilegios políticos.
En resumen, la intervención a la democracia puede tener graves consecuencias para la estabilidad y el bienestar de un país. Es importante proteger la democracia y los derechos humanos para garantizar un futuro próspero y libre para todos. Es obligación de los ciudadanos resguardar la libertad, pero no en un sentido poético, sino la libertad jurídica que permite el libre ejercicio de la voluntad, sin daños a terceros.
