• Casi 69 por ciento de las más de tres millones de personas que realizaron trámites en juzgados enfrentó algún problema para llevarlos a cabo.
La negociación, mediación, conciliación y arbitraje son figuras que pueden ayudar a enfrentar la saturación y los retrasos que existen en nuestras instituciones de justicia, subrayó el senador Rafael Espino de la Peña.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda y senador de Morena recordó que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, reportó que casi 69 por ciento de las más de tres millones de personas que realizaron trámites en juzgados enfrentó algún problema para llevarlos a cabo.
De esa cifra, 89 por ciento de ellos tuvo que superar ciertos obstáculos para efectuarlos y 33 por ciento padeció asimetrías de información, agregó en el foro “Hacia una Ley General de Mecanismo Alternativos de Solución de Controversias”.
En este contexto, dijo, los mecanismos alternativos de solución de conflictos, previstos en el proyecto de Ley General que trabaja el Congreso de la Unión, abordan una serie de procedimientos que permiten resolver diferencias entre las partes, mediante el diálogo para llegar a acuerdos, sin necesidad de la intervención de un juez, salvo para asegurar que se cumpla lo convenido.
Para su implementación y éxito, agregó, se requiere que los involucrados sumen sus voluntades, asumiendo una actitud pacífica y colaborativa, de tal suerte que puedan llegar a pactos favorables en el menor tiempo y costo posible.
Espino de la Peña destacó que en un estudio de 2021, elaborado por el World Justice Project, muestra que en 2019, la proporción del rezago, a través de esta vía, fue menor que en los procesos tradicionales, que alcanzaron sólo un ocho por ciento en comparación con el 44 por ciento de estos últimos.
De igual manera, los gastos por carpeta gestionada mediante mecanismos distintos a los convencionales fueron de tres mil 500 pesos en los primeros, en contraste con los 13 mil 900 pesos de los segundos, lo que representa un ahorro de casi 75 por ciento.
Cabe aclarar, enfatizó Espino de la Peña, que las formas alternativas de solución no sustituyen al sistema ordinario de justicia, sino que lo complementan y mejoran, pues diversifican las vías de atención.
Desde las reformas de 2008 y 2017, en el artículo 17 constitucional se estableció que este tipo de salidas alternas a problemas jurídicos serían incluidas en normas específicas, las cuales correspondería al Congreso de la Unión expedir.
“Si bien hemos avanzado en la adopción de dichos instrumentos en materia penal desde 2014, aún falta hacer lo propio en otras ramas, a través de un nuevo ordenamiento general que abarque la familiar, civil y mercantil.
De ahí que actualmente tengamos sobre la mesa al menos cuatro iniciativas sobre esta temática; una de ellas de la senadora Olga Sánchez Cordero y otras de Julio Menchaca, Ricardo Monreal, Rubén Rocha, Luis David Ortiz Medina y Martí Batres.
“No obstante, diseñar una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias no es tarea fácil, pues conlleva el desafío de definir sus alcances, principios, reglas, criterios de procedencia, obligaciones y otros puntos, que deben integrarse de forma armónica para hacerla viable”.
El senador explicó que para acercarse a este propósito, a lo largo de estas semanas, se ha llevado a cabo un intenso ejercicio de Parlamento Abierto, que inició el 22 de junio en el Senado de la República y siguió en Hidalgo, Michoacán, Veracruz, Nuevo León, Querétaro y Chihuahua.
Destacó que en estos intercambios se han escuchado valiosos planteamientos, que abordan una serie de asuntos como, por ejemplo, cuáles deberían ser los contenidos de esta norma y cómo deberían funcionar dichos mecanismos.
Estas discusiones, agregó, también han permitido delimitar los ámbitos de competencia en esta materia; perfeccionar los procedimientos; definir los roles de cada participante; así como, identificar las particularidades necesarias para materializar la justicia, a través de estas otras opciones.
“Al final de estos trabajos queremos plasmar todas las inquietudes recabadas en un proyecto de ley general, que ayude a promover buenas prácticas y valores, como el respeto y la convivencia; así como, a generar una cultura de paz que pueda restaurar el tejido social”, expresó.
