El Pleno del Senado de la República, aprobó minuta para duplicar las sanciones por abuso sexual contra menores de edad, sobre todo cuando este delito esté cometido por algún profesionista que desempeñe algún servicio de defensa a niñas, niños y adolescentes, comentó el senador Rafael Espino de la Peña.
En el dictamen avalado con 69 votos, se indica que las reformas, que tienen su origen en el Senado, fueron aprobadas y enviadas a la Cámara de Diputados el pasado 10 de diciembre de 2019. Sin embargo, la colegisladora realizó modificaciones al proyecto que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Penal Federal, las cuales se encuentran encaminadas a garantizar una pena mayor para quienes tengan la responsabilidad de estar a cargo de una niña, niño o adolescente y abuse del menor de edad.
La propuesta enviada al Ejecutivo Federal también plantea que se constituya una instancia multidisciplinaria que establezca mecanismos para el caso de violencia sexual, así como de cualquier otra forma de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes que se suscite o detecte en los centros educativos.
Las y los senadores señalaron que las reformas buscan salvaguardar el desarrollo de las infancias en un entorno libre de violencia en todas sus formas, incluso de los abusos de índole sexual.
El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que la protección de las infancias es un deber fundamental de la sociedad, por eso, cuando un profesionista tenga a su cargo un menor y cometa abuso sexual debe enfrentar consecuencias.
Las reformas que fueron enviadas a la Cámara de Diputados, tienen el objetivo de salvaguardar de manera inmediata la vida de las y los afectados, así como el interés superior de las víctimas y ofendidos.
Finalmente, explicó el legislador chihuahuense, que las y los senadores aprobaron con 67 votos, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para incorporar a la movilidad al catálogo de derechos de las infancias, así como las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física a través de un enfoque de sistemas viales seguros.
En el dictamen remitido a la Cámara de Diputados, se precisa que, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, se les deberá garantizar el traslado por vías públicas del país, a través de un enfoque de prevención que disminuya los factores de riesgo y la incidencia de lesiones graves.
De este modo, la Federación, estados, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México deberán llevar a cabo, entre otras, acciones para tener entornos escolares seguros; infraestructura urbana con características y necesidades específicas para este sector de la población. Además de limitar velocidad de vehículos en dichos entornos; crear espacios y zonas de juego, deportivas y recreativas seguras.
