Por César Nicolás Sánchez
De nueva cuenta episodios violentos en las calles de Ciudad Juárez.
El crimen organizado, no muestra piedad, ni compasión, mucho menos respeto por los elementos que integran las instituciones de seguridad pública, las consideraciones hacia su embestidura son nulas y francamente la opacidad de sus jefes es vergonzosa, su protagonismo, no les permite asimilar la gravedad de la situación al grado que en la incesante lucha por ser reconocidos públicamente desatienden fácilmente sus responsabilidades.
El motivo es lo de menos cuando en su intempestiva ansiedad en la búsqueda de un proyecto político o en su caso económico, alardean su pobre trayectoria con reconocimientos, títulos, relaciones públicas con empresarios y políticos que de alguna forma los proyecten políticamente en estos tiempos electorales, en el lapso no escatimarán en recursos, mucho menos tomaran en serio la problemática en torno a la violencia lacerante que impacta una vez más a la ciudad y su población.
Se prefiere como en muchos casos simular, la perversa idea se sostiene en términos de tiempo y costumbre, aunque esto diste de una realidad en verdad preocupante.
Admitamos, en el país, los más de 160 mil muertos pesan como una losa en nuestra conciencia, aun así, esto no debe ser considerado como un motivo para evadir la responsabilidad de actuar con contundencia en el tema de seguridad pública.
Aunque el escenario delincuencial nacional pueda ser semejante en el estado y no se diga en Ciudad Juárez, la inseguridad de nueva cuenta convulsiona la seguridad personal y su entorno familiar, así mismo poco a poco nuestros espacios públicos se ven reducidos a nada; no se trata de hacer alarde o apología a la violencia, es un hecho contundente, innegable, la violencia en su máxima expresión es una probable regresión a un pasado cercano que todavía cuesta olvidar, a decir pocos desearíamos recordar.
Las corporaciones policiacas se han visto rebasada en su actuación, cada reunión de esas fuerzas significa un fracaso, un retroceso inadmisible a las políticas públicas obligadas.
En teoría debería ser una estrategia que tengan la finalidad de contener una secuencia de homicidios que ya rebasa los límites de tolerancia ciudadana y de alguna forma se busca suplir esa ausencia institucional con acciones particulares para su propia protección frente a un aparato de estado omiso. Un problema gravísimo que vulnera conciencias.
En la frontera, la militarización y posterior mutación a Guardia Nacional de poco ha servido, definitivamente con el transcurso del tiempo el gobierno federal debe reconocer que la intervención militar en tareas policiacas al menos, no es ni por poco lo planeado, mucho menos la salida a tan complejo problema, al menos en la frontera, y aunque se pretenda normalizar su actuación, sus últimas intervenciones han dejado más dudas que respuestas.
Se pone en titubeo su desempeño y su poca credibilidad gira en torno a hechos recientes, muy escaza es su aceptación en tareas policiales; y no deben por ningún motivo desestimar cada caso.
Por otro lado, están las diferencias entre la Fiscalía General del Estado y la Dirección de Seguridad Pública Estatal, son por demás evidentes y han quedado de manifiesto por lo menos en redes sociales, a pesar de que gobierno del estado ha pretendido desestimar.
Reunidos estos elementos se puede concluir que de nada sirven las reuniones periódicas para evaluar avances cuando no existe ni un ápice de entendimiento para establecer protocolos, acuerdos que contengan la espiral de violencia, estos no se dan al menos en la práctica.
Aspirar a que los celos profesionales, no sea un obstáculo que permita compartir estrategias, como hasta ahora, solo han provocado que cada quien actúe por su lado y aunque por lo general la fuerza policiaca busca inhibir la delincuencia, son pobres los resultados.
Mientras esto sucede, comúnmente los diferentes grupos del crimen y de la delincuencia organizada buscan a su manera la forma de normalizar la violencia sin ningún acceso a la justicia; con fundamento representa un peligro latente que consume paulatinamente la ciudad y no se ve por ningún lado el interés de un nivel de gobierno para erradicar de fondo el problema.
En definitiva, se debe contemplar disponer de un marco institucional que defina con claridad la relación laboral, pero sobre todo profesional de las diferentes corporaciones policiacas y militares, urge establecer lineamientos y protocolos de actuación, solo así podrán definirse tácticas contundentes que inhiban los delitos.
El panorama obscuro que ensombrece la ciudad obliga desde ahora, no solo a corporaciones policiacas, sino a la clase política a exámenes de confianza y de toxicología, de igual forma se debe crear un marco legal donde se incluya a los servidores públicos del primer al tercer nivel que den certeza y confianza en el desempeño de sus funciones.
Se deben cerrar todos los frentes de tal manera que impida que la incidencia delictiva se desborde aún más, que no se permita espacios a la impunidad.
Acaso los gobiernos, no ven como a diario se está desestabilizando su actuación con hechos delictivos debido entre otras cosas a la inoperancia que demuestran sus cuerpos policiacos.
El inadecuado uso de la fuerza pública rebasa las necesidades ciudadanas, tan solo como ejemplo el personal que atiende las llamadas de emergencia tardan minutos valiosos en advertir un caso, tiempo sustancial para que el delito progrese; para estudiosos e investigadores de este fenómeno de violencia incisiva como Alejandro Cuartas Lozano, urge buscar políticas públicas que den por lo menos orden y disciplina en el desempeño policiaco.
Los mecanismos de defensa públicos habituales para hacerle frente a una violencia fuera de control resultan cada vez más inadecuados e insuficientes, son decenas de unidades de seguridad pública municipal y estatal, la policía de investigación, la guardia nacional, la policía federal y el ejército y el delito persiste, importante concluir que no es la cantidad, sino la calidad y la inteligencia aplicada a sus estrategias las que van a permitir contener la violencia.
La participación ciudadana es fundamental para elaborar políticas públicas acertadas, pero jamás la han tomado en cuenta, queda claro que lo hecho hasta ahora, no es suficiente, hay una evidente negligencia de los cuerpos policiacos, no es cuidando empresarios y sus intereses como esto pueda mejorar.
Por otra parte, obligan al ciudadano común a responsabilizarse de su propia seguridad; con los hechos violentos que a diario acontecen en la ciudad es la prueba irrefutable del fracaso de las fuerzas policiacas, un hecho verdaderamente preocupante para todos.
Como preocupante es que jóvenes y mujeres se hayan convertido en los principales receptores de violencia, personas con un alto riesgo de agresión, victimizadas de tal manera que no conocen de tiempo para la paz en la frontera. Aun expuestas estas consideraciones en las prioridades del gobierno, no es el accionar, por lo menos no entra en la agenda pública de un cabildo inoperante en estos temas, ni para su análisis menos para su discusión.
La violencia es una clara expresión de la inseguridad que todos vivimos a diario y se manifiesta en delitos como el secuestro, la extorsión, el homicidio, la trata de personas, robo de vehículos, de autopartes, asaltos, robos, vandalismo, y venta de estupefacientes. No es suficiente para la opinión pública que nos digan cayó un generador de violencia cuando la delincuencia misma demuestra lo contrario.
Se podrá pecar de idealista, pero es urgente profesionalizar a los cuerpos policiacos en materia de derechos humanos, en leyes, en principios morales y éticos, en valores universales que les permitan entender que su actuación gira en torno a la diversificación del delito.
La violencia en Ciudad Juárez tiene tiempo mucho sin descender por muy maquilladas que se den las cifras en los diferentes órdenes de gobierno.
Se puede entender que Ciudad Juárez vive un proceso de urbanización y desarrollo económico acelerado, por desgracia este fenómeno se expresa en un empleo mal pagado, en una incontrolable migración que ya afecta directamente a los juarenses, sin embargo, la autoridad prefiere guardar silencio para no meterse en problemas con organismos internacionales.
Hay pérdidas de valores tradicionales debido a una transculturización de la población fronteriza, a esto le sumamos la violencia agobiante que lacera nuestro entorno personal, provocando estados emocionales como el desánimo, la angustia, el estrés, desconfianza, aislamiento, temor, agresividad, frustración; todo esto como consecuencia de enfrentar un escenario desolador al no poder disfrutar de una libertad plena.
Los espacios públicos son emblemáticos a los años de violencia atípica del 2007 al 2011, luego la pandemia y nuevamente la violencia; circunstancias que buscan impedir el desarrollo personal y familiar.
La Secretaría de la Defensa Nacional pretende hacernos creer que al diseñar una nueva estrategia de lucha con un rimbombante nombre “Unidos por Juárez”, se busca elaborar nuevos diagnósticos, nuevas tácticas y de nueva cuenta se contempla la intervención de los tres niveles de gobierno en su conjunto cuando en la experiencia, solo reflejan fracasos.
Por el bien de Juárez y los fronterizos, no se puede seguir apostando a lo mismo, se requieren resultados contundentes que hasta ahora, no se han dado, se debe insistir en inhibir el delito de homicidios, es fundamental para el bienestar de los juarenses.