Giran otra ordenan de aprehensión vs Fuentes Vélez por desvío de 243 MDP

por Talcual
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Un juez de control emitió una orden de aprehensión contra el exsecretario de Hacienda del Estado, Arturo F.V., por su probable responsabilidad en el delito de peculado agravado, tras el desvío de 243 millones 207 mil 242 pesos provenientes de la Contribución Extraordinaria del 10% del Impuesto Sobre Nómina.

Según informó la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), los recursos estaban destinados al Fondo Social del Empresariado Chihuahuense (FOSECH) y debieron haberse transferido puntualmente, conforme a la legislación vigente.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado (ASE) el 27 de marzo de 2023, en la que se advirtió que la Secretaría de Hacienda no transfirió en tiempo y forma los fondos recaudados.

Inicialmente, la ASE detectó un posible desvío de 107 millones 389 mil 518 pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2021, pero la FACH documentó que el monto total distraído asciende a más de 243 millones de pesos, distribuidos en siete retenciones irregulares durante 2020 y 2021:

  • Agosto 2020: 33,488,745 pesos

  • Septiembre 2020: 32,931,404 pesos

  • Octubre 2020: 30,315,179 pesos

  • Noviembre 2020: 39,082,366 pesos

  • Junio 2021: 35,289,296 pesos

  • Julio 2021: 34,322,542 pesos

  • Agosto 2021: 37,777,680 pesos

Estos fondos debían transferirse al FOSECH, según lo establecido en el artículo Quinto del Decreto 1131/2012, el Decreto 1575/2016 y la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, la cual obliga a realizar pagos mensuales del ISN a más tardar el día 15 del mes siguiente a su recaudación.

La conducta atribuida a A.F.V. implica una desviación grave de recursos públicos, constituyendo un posible acto de corrupción clasificado como peculado agravado. Según la FACH, el exfuncionario habría canalizado el dinero a la cuenta concentradora del Gobierno del Estadoutilizándolo como gasto ordinario, en lugar de destinarlo al fondo empresarial, como lo exige la normatividad.

El caso sigue bajo investigación y representa uno de los desvíos más significativos detectados en la administración estatal en los últimos años.

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