La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) confirmó avances en la investigación sobre la amenaza de bomba registrada el pasado viernes 3 de octubre en el Palacio de Gobierno, que provocó la evacuación de trabajadores y el cierre de calles en el Centro Histórico de Chihuahua.
De acuerdo con declaraciones del subsecretario del Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre, ya se han identificado los números telefónicos desde los cuales se realizaron las llamadas que alertaron sobre la supuesta amenaza. Aunque el incidente resultó ser una falsa alarma, se activaron protocolos de seguridad que incluyeron la intervención del escuadrón antibombas y elementos K-9, quienes realizaron inspecciones durante más de dos horas.
“Se trató de bromas que generaron una movilización en falso”, señaló Aguirre en rueda de prensa. Aunque no se revelaron nombres ni detalles sobre los presuntos responsables, el funcionario indicó que se continúa con las diligencias administrativas para determinar posibles sanciones.
En respuesta a este tipo de incidentes, el titular de la SSPE, Gilberto Loya Chávez, sostuvo reuniones con legisladores locales, entre ellos la diputada Nancy Janeth Frías (PAN), para impulsar una iniciativa que tipifique como delito las llamadas falsas al número de emergencias 911.
El documento, registrado como asunto 1005 ante la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, propone adicionar el Artículo 307 Bis al Código Penal del Estado de Chihuahua, estableciendo sanciones de:
6 a 12 meses de prisión
Multas de 100 a 400 veces el valor diario de la UMA, equivalentes a entre $11,314 y $45,256 pesos
Aguirre subrayó la importancia de trabajar en educación y concientización ciudadana, para que se entienda la gravedad de este tipo de actos y se promueva el uso responsable de los servicios de emergencia.
