La tarde de este martes 4 de noviembre, durante un recorrido a pie desde Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública (SEP), la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de acoso físico por parte de un hombre que se le acercó por la espalda, la abrazó sin consentimiento e intentó besarla mientras ella saludaba a ciudadanos en la calle República de Argentina.
En los videos difundidos en redes sociales se observa que el sujeto, aparentemente en estado de ebriedad, logró tocar a la mandataria antes de que personal de ayudantía interviniera.
Aunque Sheinbaum mantuvo la compostura y se alejó del agresor, el hecho encendió alarmas sobre la fragilidad de los protocolos de seguridad presidencial.
Desde el sexenio anterior, el Estado Mayor Presidencial fue disuelto como parte de una política de austeridad y cercanía con el pueblo. En su lugar, la seguridad de la presidenta recae en un equipo civil de ayudantía, sin armamento ni formación militar, lo que ha generado cuestionamientos sobre su capacidad para proteger a la jefa del Estado en eventos públicos.
La ausencia de un cerco de seguridad visible durante el recorrido ha sido duramente criticada en redes sociales, donde usuarios señalan que el incidente pudo haber tenido consecuencias graves.
En un país donde la violencia política ha cobrado la vida de alcaldes y funcionarios, como el reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, el episodio con Sheinbaum adquiere una dimensión preocupante.
El suceso generó en plataformas como Facebook y WhatsApp versiones de que el incidente podría tratarse de un distractor mediático frente a la creciente inseguridad en Michoacán. Aunque no hay evidencia oficial que respalde esta hipótesis, el debate refleja el nivel de desconfianza ciudadana ante los mecanismos de comunicación del gobierno.
La conferencia mañanera pierde cada vez más credibilidad en los círculos populares del país.
La falta de un pronunciamiento oficial sobre la identidad del agresor o posibles acciones legales también ha contribuido a la especulación.
Mientras tanto, colectivos feministas han señalado que el acoso sexual “no depende del cargo que tenga una mujer”, subrayando la gravedad del acto más allá del contexto político.
Este episodio no solo expone una falla grave en la seguridad presidencial, sino que también reabre el debate sobre el papel del Estado en la protección de sus figuras públicas en un entorno de violencia creciente.
¿Es viable mantener una estrategia de cercanía sin blindaje?, ¿O es momento de replantear los protocolos de seguridad en tiempos de incertidumbre nacional?.
Usted que opina estimado lector.
