Por Rafael Navarro Barrón
En una corte de Distrito, de El Paso, Texas en los Estados Unidos, un empresario de Ciudad Juárez agraviado por su socio decidió poner una demanda penal que alertó a las autoridades del país del Norte sobre lo que ocurría en México en relación con el tráfico de hidrocarburos, en lo que se conoce hoy como ‘huachicol fiscal’.
El contenido de la demanda, presentada en los años previos al Covid, parecía una denuncia pública de un individuo despechado por el reparto de los bienes que consistían en empresas turísticas, gasolineras, tiendas de conveniencia, bienes inmuebles e inversiones.
Era una pelea multimillonaria que enfrentó a una poderosa familia al grado que uno de los miembros fue a parar a prisión luego de la intervención de un abogado de la entonces poderosa familia del entonces secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong.
El contenido de la denuncia no tuvo el más mínimo impacto en la opinión pública, los medios de comunicación no hicieron eco de la querella, porque el original estaba en inglés y el gobierno federal mexicano.
El gobierno de Enrique Peña Nieto y luego el de Andrés Manuel López Obrador, guardaron mutis. Se cree que el priista ignoraba lo que estaba ocurriendo en las Aduanas del país y el segundo, el tal AMLO, se estaba beneficiando de ese tráfico de hidrocarburos.
En uno de sus párrafos se señalaba a un importante empresario de Ciudad Juárez de “vender combustible robado” en la cadena de gasolineras que aún operan en la frontera bajo el concepto de Oxxo Gas. En aquella época tenían otro nombre.
El denunciante tenía el informe, pero no los detalles de lo que realmente ocurría en la frontera y en el Estado de Chihuahua. La venta de gasolina ‘huachicoleada’ alcanzó niveles inimaginables pues la totalidad de las poderosas familias juarenses y las filiales franquicitarias, dueñas de servicios despachadores de combustible estaban metidos en el negocio fiscal.
En esa época se hablaba más de los combustibles extraídos de las redes distribuidoras de Pemex, pero no existía la sospecha de la trampa fiscal ahora popular entre los empresarios afines a Morena.
En el empresariado de Chihuahua existe una regla no escrita: para entrarle al ‘juego sucio’ todos o la mayoría de los ‘importantes’ dueños del dinero tienen que estar dentro de la jugada. Es algo muy parecido a lo ocurrido en el Fobaproa: al estar los poderosos dentro del acuerdo protector del gobierno, era muy flaca y pobre la crítica que podría provenir de los pequeños líderes que participan en las cámaras empresariales… y así ocurrió. Solo la oposición de ese tiempo recuerda el saqueo infame en el gobierno de Ernesto Zedillo.
Los acuerdos entre los dueños del dinero casi siempre fructifican cuando se trata de aumentar los precios de los bienes y servicios, no se diga de las gasolinas.
Todos los poderosos se ponen de acuerdo al momento de especular con los precios del mercado inmobiliario; sin mayor recato acuerdan subir el precio a la leche y los otros productos de la canasta básica como la carne, las frutas, verduras, granos y el huevo; se encarece el costo de las medicinas y muchos otros artículos y servicios.
Los supermercados sólo compiten en el papel, debajo de la mesa acuerdan encarecer los productos básicos. Lo mismo sucede con los que representan la industria de la masa y la tortilla.
Así ocurrió con las gasolinas en Ciudad Juárez. No era combustible robado sino ingresado ‘legalmente’ al país bajo el concepto de huachicol fiscal y descaradamente fue ofertado (al precio oficial, obviamente) en las gasolineras de Juárez y otras localidades de la entidad chihuahuense.
Para esas argucias, los llorones y siempre dolientes empresarios le entraron al juego del huachicol. Todo estaba en perfecto acuerdo con los funcionarios de Profeco. Las ganancias eran redondas. Para todos había.
En el caso de Profeco, es un secreto a voces que tienen años recibiendo las dádivas de los empresarios gaseros. Las poderosas familias están libres de acusaciones de los consumidores porque pagan cuotas mensuales a los funcionarios que encabezan las dependencias que regulan el precio y la distribución del hidrocarburo.
Antes, los apoyos a políticos por parte de los empresarios, se traducían en dinero en efectivo y, otra parte, en especie; a través de apoyos publicitarios y otros acuerdos se quedaba bien con los futuros gobernantes y próximos legisladores.
En la actualidad se opera bajo el sofisticado juego fiscal, igual de corrupto que cualquier acto ilícito cometido en la administración pública.
Aquí es donde aparecen las poderosas familias Fuentes, Zaragoza, Diaz, Bermúdez, De la Vega
En este quebranto económico no se puede dejar de lado a los administradores de las aduanas fronterizas, esencialmente la de Ciudad Juárez, Ojinaga y Puerto Palomas que son importantes entidades de poder económico, político y ejemplo de corruptelas históricas.
Conocer el entramado aduanal da una idea clara de lo sencillo que fue y ha sido el tráfico de hidrocarburos. Además de infinidad de productos, artículos y material delictivo como armas, municiones, precursores químicos y dinero del narcotráfico.
Hasta este día no existe un solo exadministrador de la Aduana que sea pobres o que no haya sido acusado de corrupción. Uno de esos funcionarios, Omar Fayad declaró en una ocasión que su paso por la Aduana de Juárez era para tener fondos ya que su intención era ser candidato a gobernador por el Estado de Hidalgo, cargo que finalmente ocupó.
Llegó a Juárez con un ojo parchado, como un pirata. Decía que había tenido un accidente mientras toreaba. Su aspecto piratesco se fundió con su estilo de administrar: fue, un saqueador, no de los mares, sino del dinero ilícito que entraba a raudales en forma ‘legal’ e ilegal durante su administración.
El ahora exgobernador Fayad, enriquecido en el tiempo del PRI goza de la protección política de Morena. López Obrador lo nombró embajador de Noruega, cargo que ostenta hasta el día de hoy.
Fue uno de los políticos purificados por Morena después de una historia de corrupción.
Lo mismo sucedió con un ex vendedor de seguros que obtuvo el cargo de administrador de la Aduana. Después de dejar el cargo aduanal, el ingeniero zootecnista Luis Manuel Terrazas no volvió a trabajar en toda su vida.
En Puerto Palomas de Villa operó otro singular panista, Sergio Madero que ha deambulado en diversos cargos públicos después de la ruinosa y dudosa carrera dentro de la Aduana Fronteriza.
Desde el primero de julio del 2025, la dirección general de Aduanas nombró al coronel en retiro Octavio Othón López Pérez. Su primera acción en Ciudad Juárez fue iniciar la depuración del personal de la dependencia que tenía antecedentes de corrupción.
En abril de este año, se decomisaron más de 620 mil 400 litros de hidrocarburo, del llamado huachicol fiscal. El combustible ingresó por el Puente Zaragoza.
En ese entonces, un grupo de empresarios solicitó que se investigara al entonces administrador de la Aduana Fronteriza, Benito Cegueda Hernández.
La Organización Nacional de Vendedores de Hidrocarburos Petróleo (Onavhi) solicitaron el desmantelamiento del tráfico ilegal de combustible y denunciaron que desde la Aduana Fronteriza se facilita, ya sea por favoritismo dentro de la administración aduanal local o por otros factores, ese ilegal tráfico.
Fue evidente que los conductores de las pipas ingresaron a Juárez por el Puente Internacional Zaragoza, la cual era manejada por el subadministrador, Joel Jiménez, gente directa del coronel retirado Benito Cegueda Hernández.
En abril se dio una lista de personas que pueden estar involucradas en favorecer el huachicol, como Federico Anaya, Elizabeth Calzada, Carlos Muñoz, y Cynthia Soto, todas ellas señaladas como conocidas del titular de la Aduana.
Los nombres de panistas, priistas y morenistas fluyen en la historia de Juárez. La mayoría, incluyendo a los militares, tienen anécdotas oscuras y de corrupción, de saqueo y permisividad hacia el crimen organizado.
Un caso excepcional fue el de la catedrática de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Norma Deirdre Bazán Mayagoitia quien fuera una recomendada por actual senador de la República, Juan Carlos Loera de la Rosa.
Se trata de una catedrática investigadora, experta en temas de Derecho. Por su perfil se creía que la Aduana tendría una nueva versión del saneamiento y moralización. No fue así, las quejas y sospechas de corrupción estuvieron a la orden del día, igual que siempre.
Su salida fue una necesidad urgente del gobierno morenista dadas las circunstancias que se presentaron que colocaban a la eximia catedrática al filo de la sospecha.
En el periodo de Felipe Calderón un empresario restaurantero de Juárez invitó a reporteros a su casa para que observaran el momento en que empleados aduanales sacaban de la vivienda de enfrente las valijas que transportaban a la ciudad de México en vuelos privados. El dinero -en dólares- era recaudado en la Aduana de Juárez.
Quizá la excepción a la regla fue el panista y expresidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, José Mateos Torres que tuvo un paso fugaz y en alguna ocasión refirió que la Aduana se gobierna sola, el administrador es solo una figura decorativa que sortea los problemas difíciles.
El huachicol fiscal aplicado a los combustibles embarra a la totalidad de los gasolineros de Ciudad Juárez. Basta ir a la Corte de Distrito de El Paso, Texas para conocer los detalles del descaro que mantiene sucio a un gran sector de morenistas y que hizo más ricos a los empresarios juarenses.
