El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Chihuahua emitió este lunes un posicionamiento conjunto urgente en el que advierte que la reciente resolución dictada en el conflicto competencial 20/2025 -en el cual está involucrado el ex gobernador Javier Corral- podría generar afectaciones de alto impacto para los sistemas anticorrupción y de fiscalización del país, al redefinir quién puede auditar y sancionar el manejo de las participaciones federales.
Lo anterior por la reciente resolución de un tribunal colegiado, que ordenó atraer a la federación una investigación estatal por desvíos millonarios en el quinquenio de Javier Corral.
En la sesión participaron el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix; el fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela; el secretario de la Función Pública, Roberto Fierro, el titular del TEJA Alejandro Tavares, Francisco Javier Acosta magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial y el comisionado presidente del Ichitaip, Sergio Facio, quienes coincidieron en que el criterio judicial abre la puerta a un debilitamiento de las capacidades locales de control y sanción.
El Comité Coordinador del SEA advirtió que, si este criterio se generaliza en otros tribunales federales o locales, podría asumirse que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única autoridad competente para fiscalizar las participaciones federales, aun cuando no cuenta con la capacidad operativa para revisar el uso de estos recursos en las 32 entidades.
Esto implicaría que:
Las auditorías superiores estatales quedarían impedidas para revisar recursos que históricamente han fiscalizado.
Los tribunales de justicia administrativa y fiscalías anticorrupción locales no podrían sancionar faltas graves ni delitos derivados del manejo irregular de participaciones.
Los órganos internos de control municipales perderían atribuciones para auditar recursos que constituyen la mayor parte de sus presupuestos.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tendría que absorber prácticamente todos los casos relacionados con irregularidades en participaciones federales.
El SEA subrayó que el impacto sería especialmente grave en entidades con alta dependencia del gasto federalizado, donde las participaciones representan hasta el 90% del presupuesto estatal o municipal.
Sin cuestionar la validez formal de la resolución, el Comité Coordinador pidió a los órganos jurisdiccionales profundizar en el análisis del marco normativo aplicable, pues una interpretación errónea podría debilitar indirectamente los sistemas anticorrupción y de fiscalización construidos en los últimos años.
“El combate efectivo a la corrupción requiere claridad en las competencias, coordinación entre autoridades y un federalismo funcional”, señala el posicionamiento.
Se notificará al Sistema Nacional Anticorrupción.
Finalmente, el SEA instruyó a su Secretaría Técnica a comunicar este posicionamiento al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, al Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y a los Sistemas Estatales Anticorrupción del país, con el fin de advertir sobre los posibles efectos nacionales del criterio adoptado en el conflicto competencial 20/2025.
