El Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Morelos ha emitido un acuerdo de cumplimiento de amparo que revoca decisiones previas y ordena la reapertura inmediata de la investigación en el caso relacionado con el cuadernillo penal 2475/2021, por el delito de extorsión, reportó el licenciado Irving Anchondo.
Esta resolución surge tras la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito (recurso de revisión 2055/2024), la cual otorgó la protección de la Justicia de la Unión al quejoso, del cual se reservan los datos por el debido proceso y por su protección por las amenazas que ha recibido.
Invalidación de Audiencia Previa: Se deja sin efectos la resolución del 14 de abril de 2023, en la cual se había determinado el no ejercicio de la acción penal.
En la reapertura de investigación se ordena al Ministerio Público retomar las indagatorias y el desahogo de pruebas fundamentales, incluyendo declaraciones de familiares de la víctima y evidencia tecnológica (capturas de pantalla de WhatsApp) los cuales acreditan la asociación delictuosa entre Carlos Emanuel A. Alias El Meño y Maclovio M. Ch.
El tribunal aclaró que el Ministerio Público no debe limitarse únicamente a las pruebas señaladas, sino que mantiene sus facultades para recabar cualquier dato de prueba pertinente para el esclarecimiento de los hechos y solicitar la vinculación a proceso.
En cumplimiento con el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ha convocado a las partes involucradas a una audiencia de control judicial para este martes a las 13:30 horas en el Centro de Justicia.
A dicha audiencia han sido citados los imputados Maclovio M. Ch. y Carlos Emmanuel A., así como sus defensas técnicas y los asesores jurídicos de la víctima.
El juez Miguel Alejandro Balderrama Aguilar advirtió que la inasistencia injustificada de los defensores derivará en multas y, en el caso de la defensa particular, se declarará el abandono de la misma, designando defensores públicos para garantizar el debido proceso.
Este procedimiento forma parte del juicio de amparo 1053/2023-III-1, promovido por el Denunciante contra actos de la autoridad judicial local, logrando que el tribunal federal ordenara una revisión profunda de las omisiones en la investigación de delitos relacionados con la extorsión, los cuales podrían alcanzar una pena de prisión de 15 a 40 años.
