La filtración de un audio de 19 minutos difundido por Aristegui Noticias volvió a colocar bajo la lupa a la Secretaría de Marina (Semar) y a su entonces titular, José Rafael Ojeda Durán.
En la grabación, atribuida al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, se escucha una denuncia directa sobre presuntas redes de corrupción vinculadas al manejo de aduanas marítimas y al llamado huachicol fiscal. Meses después, Guerrero Alcántar fue asesinado en Manzanillo, un hecho que, lejos de cerrar el capítulo, lo convirtió en un caso de interés nacional.
El contralmirante expone a Ojeda Durán en la reunión una estructura que, según su testimonio, operaba desde dentro de la propia Marina: reacomodos de personal, presiones, transferencias de dinero disfrazadas de apoyos administrativos y un sistema que permitía la entrada de combustibles declarados como aceites o aditivos para evadir impuestos.
La denuncia, dirigida al secretario Ojeda Durán, incluía nombres de mandos navales y advertencias sobre la profundidad del problema.
Los propios sobrinos del titular de la Semar estaban involucrados e hijos del expresidente AMLO.
La respuesta del alto mando, captada en el audio, oscila entre la contención administrativa y la posibilidad de “destapar” el caso, aunque sin una instrucción clara de investigación penal.
En el audio, Ojeda Durán responde con dos posibles rutas: “O destapamos todo esto… o tratamos de cerrarlo aquí con el cambio de toda esta bola de cabrones”, lo que ha sido interpretado como una reacción administrativa en lugar de una orden de investigación penal.
Para especialistas en seguridad consultados por diversos medios, esa ambigüedad refleja una tensión histórica dentro de las Fuerzas Armadas: la resistencia a ventilar públicamente conflictos internos y la preferencia por resolverlos en circuitos cerrados.
Los actos de corrupción en el gobierno federal de Morena no dejan de aparecer cada semana.
