El diputado y dirigente Alejandro Domínguez se encamina a la reelección sin sobresaltos visibles. Hasta ayer no se había registrado ningún otro aspirante, lo que en política no es casualidad, sino síntoma: control interno aceitado, operación territorial alineada y una estructura que, al menos hacia afuera, luce cohesionada. Quienes amagaron con levantar la mano terminaron bajándola o, simplemente, entendieron el mensaje.
Salvo sorpresa de último minuto —que en el PRI casi nunca ocurre sin aviso previo— el camino está despejado. Más que competencia, lo que habrá será ceremonia.
La cita está marcada: sábado a las 12:30 horas en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional. Se anticipa la llegada de camiones con militantes de distintos municipios, en una postal clásica del priismo: estructura movilizada, liderazgos territoriales presentes y el mensaje de unidad cuidadosamente escenificado. En estos eventos no sólo se registran candidaturas; se mide músculo.
La apuesta de Domínguez es clara: continuidad. En tiempos en que el PRI navega en aguas turbulentas a nivel nacional, la estabilidad interna en lo local se vende como activo. No es menor que en su nueva fórmula aparezca Janet Montes como candidata a la Secretaría General. Con ello, el dirigente busca consolidar una planilla que combine disciplina partidista y equilibrio en los grupos internos.
El mensaje hacia adentro es contundente: no hay fisuras. El mensaje hacia afuera es más complejo. Porque si bien la ausencia de contendientes refleja control, también abre la pregunta sobre la vitalidad democrática interna. ¿Es síntoma de fortaleza o de falta de alternativas reales? En un partido que históricamente fue sinónimo de competencia interna regulada desde el centro, las candidaturas de unidad siempre han tenido un doble filo: proyectan cohesión, pero reducen la deliberación pública.
Para Domínguez, la reelección significaría tiempo adicional para intentar reposicionar al PRI en un escenario dominado por otras fuerzas políticas. La tarea no es sencilla: reconstruir estructura, reconectar con el electorado y evitar que la militancia se diluya entre la nostalgia y la resignación.
Por ahora, el libreto marca aplausos, porras y discurso de unidad. La verdadera prueba vendrá después de la foto oficial, cuando la dirigencia reelecta tenga que demostrar que el control interno no sólo sirve para ganar asambleas, sino para recuperar terreno en las urnas.
Porque en política, la unanimidad es cómoda… pero las elecciones constitucionales son otra historia.
El expediente no está cerrado. Apenas comienza otro capítulo.
Las protestas irán en aumento
La Fiscalía de Distrito Zona Norte de Chihuahua decidió no quedarse cruzada de brazos tras la liberación de José Luis A. C., propietario del crematorio “Plenitud”, en Ciudad Juárez, donde fueron localizados 386 cuerpos apilados, algunos con hasta cuatro años de antigüedad y que, presuntamente, habían sido reportados como cremados.
La escena fue descrita como una de las más perturbadoras en la historia reciente de la frontera: cadáveres acumulados, familias engañadas y una cadena de omisiones que hoy se litiga en tribunales. Pero el caso dio un giro cuando un juez federal concedió el amparo al imputado, echando abajo el auto de vinculación a proceso que previamente había dictado un juez de control.
La autoridad ministerial reaccionó. El agente del Ministerio Público responsable de la Causa Penal 3448/2025 interpuso un recurso de revisión, con fundamento en la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, contra la resolución emitida por el Juez Séptimo de Distrito en el estado. El objetivo es claro: que un tribunal colegiado revise el amparo y determine si fue correcta la decisión de dejar sin efectos la vinculación.
Pero la ofensiva institucional no quedó ahí. También fue presentada una queja electrónica ante el Tribunal de Disciplina contra el juez Luis Eduardo Rivas Martínez, por actuaciones relacionadas con el Juicio de Amparo Indirecto 746/2025-III. Es decir, no sólo se busca revertir el beneficio otorgado al imputado, sino que se revise la actuación judicial que lo hizo posible.
El punto de quiebre está en la valoración del caso. El juez habría considerado que los hechos encuadraban en una falla administrativa, minimizando la posibilidad de que se tratara de conductas delictivas, pese a la magnitud del hallazgo y a la existencia de decenas de denuncias en la Fiscalía Zona Norte. Entre ellas, señalamientos de que el propietario habría entregado arena y cemento en lugar de cenizas a las familias, un agravio que trasciende cualquier error burocrático.
Aquí no se trata únicamente de un debate técnico sobre la legalidad de una vinculación a proceso. Está en juego la credibilidad institucional. Cuando se habla de 386 cuerpos sin cremar, de años de acumulación y de posibles engaños sistemáticos, el mensaje judicial no puede reducirse a un trámite mal llenado o a un permiso mal gestionado. La línea entre negligencia administrativa y delito penal exige un análisis profundo y, sobre todo, sensibilidad frente a las víctimas.
A la ecuación se suma un elemento inquietante: según la versión oficial, José Luis A. C. ya no reside en Ciudad Juárez y habría cambiado su domicilio a El Paso. Si bien eso no implica automáticamente evasión, sí añade incertidumbre sobre su localización y eventual comparecencia ante autoridades mexicanas en caso de que el recurso prospere.
La revisión judicial dirá si el amparo se sostiene o se revoca. Pero más allá del desenlace procesal, el caso del llamado “Crematorio del Terror” deja una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la responsabilidad penal cuando la dignidad de los muertos y el dolor de los vivos parecen haber sido tratados como un simple trámite administrativo?
La justicia federal tendrá la última palabra. Lo que está en juego no es sólo un expediente, sino la confianza pública en que, frente a hechos de esta magnitud, el Estado actúa con firmeza y sin ambigüedades.
La tijera presidencial ya está en el aire. Y no es una amenaza simbólica: va directo a las nóminas.
La presidenta de México
La presidenta Claudia Sheinbaum decidió que el principio de austeridad no puede seguir siendo discurso de campaña, sino regla pareja. Su planteamiento es claro: nadie en el país debería ganar más que la titular del Ejecutivo federal. Ni diputados federales, ni legisladores locales, ni funcionarios que, al amparo de presupuestos estatales generosos, se han acostumbrado a cobrar por encima de quien encabeza el gobierno de la República.
La medida no llega sola. También incluye la reducción del número de regidores en ayuntamientos donde los cabildos parecen más bien asambleas multitudinarias. La intención es adelgazar estructuras sobredimensionadas que, en muchos municipios, se han convertido en cuotas políticas más que en engranajes eficientes de gobierno. Menos sillas, menos dietas, menos asesores y menos carga para el erario.
En el fondo, el mensaje es político y simbólico: el dinero público debe administrarse con mesura. Si el argumento central de la Cuarta Transformación ha sido que primero los pobres y que se acabaron los privilegios, mantener sueldos que superan al del Ejecutivo federal resulta contradictorio. Sobre todo cuando hay legisladores locales que, sin rubor, se despachan con la cuchara grande y se embolsan más que la propia Presidencia.
Pero como toda cirugía presupuestal, esta también despierta resistencias. Algunos advierten que no todo gasto es despilfarro y que, antes de aplicar la tijera de manera uniforme, habría que revisar el costo-beneficio. Reducir salarios o estructuras sin un análisis técnico podría debilitar instituciones que cumplen funciones clave para la vida democrática, como el Instituto Nacional Electoral o los tribunales electorales. La austeridad mal calibrada puede salir cara.
Desde el norte ya se escuchan voces críticas. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, no ve con entusiasmo la movida. Advierte que no basta con recortar por recortar: hay que hacer cuentas finas. Porque si en el afán ahorrador se debilitan capacidades institucionales o se generan conflictos legales, el remedio podría resultar peor que la enfermedad.
La discusión apenas comienza y, como suele suceder cuando se toca el bolsillo, la temperatura política sube varios grados. Más de uno anda temblando por el golpe a la quincena. La pregunta de fondo no es si debe haber austeridad —eso parece consenso social— sino cómo aplicarla sin erosionar la representación ni comprometer la operación del Estado.
La tijera ya fue anunciada. Ahora falta ver si corta parejo… o si en el jaloneo político termina mellándose.
