El Poder Judicial del Estado de Chihuahua anunció hoy un incremento salarial del 33% para alrededor de 1,200 trabajadores operativos y administrativos.
La medida, presentada como un esfuerzo de “dignificación laboral”, ha despertado cuestionamientos por el contraste con la situación económica que enfrenta la mayoría de los ciudadanos, cuyos ingresos apenas se ajustan a la inflación.
El anuncio fue encabezado por la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, junto con Karla Reyes Orozco, presidenta del Órgano de Administración Judicial, y Francisco Acosta Molina, presidente del Tribunal de Disciplina.
Según el comunicado oficial, el ajuste beneficiará a personal de áreas administrativas, de servicios y operación, así como de soporte técnico, específicamente en la compensación que reciben.
Entre los puestos incluidos se encuentran auxiliares, archivistas, secretarias, conserjes, vigilantes, choferes, operadores de computadora y escribientes. “Dignificar su labor es fundamental para garantizar un servicio de calidad y calidez en favor de las y los chihuahuenses”, señaló Herrera Sandoval.
Sin embargo, el aumento del 33% supera ampliamente los índices inflacionarios y los ajustes salariales que reciben otros sectores públicos y privados. Para muchos analistas, esta decisión evidencia una brecha entre los privilegios institucionales y la realidad económica de la población, que enfrenta incrementos en alimentos, vivienda y servicios sin un respaldo proporcional en sus ingresos.
La medida abre un debate sobre la equidad en el gasto público y la responsabilidad de las instituciones de actuar con sensibilidad social. Mientras el Poder Judicial defiende la acción como un reconocimiento al esfuerzo de su personal, críticos advierten que este tipo de incrementos refuerzan la percepción de desigualdad y privilegio dentro del aparato judicial estatal.
