La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, definirá en los próximos días si acude o no ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez.
El citatorio para que comparezca como “testigo del caso que se investiga”, según establece la notificación, parece más un movimiento de presión política que una acción con consecuencias judiciales inmediatas. Difícilmente el escenario apunta a otra cosa. Incluso, la mandataria tendría la posibilidad de no presentarse físicamente y solicitar que se le remita un cuestionario por escrito respecto al tema que indaga la FGR, presumiblemente relacionado con el desmantelamiento del narcolaboratorio y la presunta participación de agentes de la CIA.
No debe perderse de vista que la investidura constitucional y el fuero de la gobernadora la colocan, al menos por ahora, exclusivamente en calidad de testigo. No existe señal pública de que figure como indiciada o imputada dentro de la carpeta.
Por ello, la notificación parece tener un peso mucho mayor en el terreno político que en el legal. Desde esa óptica, el Gobierno Federal estaría lanzando un misil mediático, aunque de carga limitada, para intentar despresurizar el escándalo de los presuntos narcopolíticos señalados desde Estados Unidos.
La jugada, además, tendría una lectura adicional: utilizar la eventual comparecencia de Campos Galván como mecanismo para diluir el costo político que enfrentan diversos actores vinculados a Morena.
El apretón federal también llega después de la fallida movilización morenista y de las recientes declaraciones de la gobernadora, quien pidió públicamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actuar contra el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y su círculo político.
En esa misma exigencia, Maru Campos incluyó señalamientos directos contra la secretaria federal Ariadna Montiel y la senadora con licencia Andrea Chávez, a quienes acusó de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado, elevando todavía más el nivel de confrontación entre Chihuahua y el centro del país.
Todos con Maru Campos

Todos con maru!
El próximo sábado el Partido Acción Nacional realizará una movilización —todo indica que de alcance estatal— en respaldo a la gobernadora.
La dirigente estatal panista, Daniela Álvarez, anunció la activación de estructuras, militancia y organizaciones civiles, con el acompañamiento de liderazgos nacionales y operadores políticos del partido.
Ayer, la presidenta del Comité Directivo Estatal viajó a la Ciudad de México para reunirse con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional y afinar la estrategia de la concentración.
Sin embargo, hasta anoche todavía no se conocían detalles básicos de la convocatoria: hora, recorrido, formato de la movilización y el tamaño real de la capacidad de convocatoria que pretende mostrar el panismo chihuahuense en medio del nuevo choque con la Federación.
A la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le urge enviar señales de fortaleza política en un momento donde su administración comienza a resentir desgaste por los crecientes señalamientos de corrupción y por la narrativa de protección hacia presuntos narcopolíticos ligados al oficialismo.
Por eso no resulta casual el anuncio realizado esta semana: el próximo domingo 31 de mayo encabezará un informe político nacional para conmemorar los dos años del triunfo electoral de la llamada “segunda etapa” de la Cuarta Transformación.
La estrategia no sólo busca celebrar una fecha simbólica para Morena; también pretende reconstruir músculo político y recuperar control del discurso público, luego de semanas marcadas por acusaciones, confrontaciones y daños mediáticos que han comenzado a erosionar la narrativa de honestidad del movimiento.
La mandataria explicó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en las 32 entidades del país mediante una conexión nacional, evitando así movilizaciones masivas hacia la Ciudad de México y permitiendo concentraciones regionales en plazas públicas estatales.
Sin embargo, detrás del formato logístico también aparece una lectura política evidente: el oficialismo necesita mostrar capacidad de organización territorial sin exponer riesgos de baja convocatoria en la capital del país, donde recientemente Morena no logró el impacto esperado en algunas movilizaciones.
El informe presidencial tendrá, según explicó Sheinbaum, un carácter de rendición de cuentas y servirá para explicar el origen, rumbo y continuidad del proyecto político que encabeza.
Pero más allá del mensaje institucional, el acto funcionará como una demostración de control interno hacia gobernadores, legisladores, estructuras partidistas y liderazgos regionales, especialmente en momentos donde empiezan a aparecer fisuras, disputas sucesorias y tensiones derivadas de las investigaciones internacionales sobre personajes vinculados al crimen organizado.
En otras palabras, la presidenta necesita reafirmar liderazgo, cohesionar a Morena y recordarle al país que el movimiento sigue vivo, disciplinado y con capacidad de movilización nacional. Porque en política, cuando un gobierno decide salir simultáneamente a las plazas públicas de todo el país, rara vez lo hace sólo para informar.



