Por: Rafael Navarro Barrón
A veces, da pena ajena. Su cara delgada, afilada, muestra el tedio, la molestia…la angustia de los últimos días. Es notorio su gesto adusto cuando se molesta. Luce más delgada que hace algunos meses, desmejorada. Cuando ríe su dentadura muestra una parte de la encía superior y se sus dientes se ven voluminosos, porque no es una risa de alegría, sino de sorna…de sarcasmo.
Es la presidenta de la república mexicana, Claudia Sheinbaum que ha emprendido una guerra frontal, no contra el narcotráfico, no contra la pobreza, no contra la falta de infraestructura hospitalaria, ni en busca de un mejor servicio médico…la lucha es contra todo lo que huela a conservadores, a personajes de la derecha y Maru está en su lista.
Chihuahua es el ejemplo más claro de cómo el poder central puede castigar a un estado por pensar distinto en el quehacer político-administrativo y estar representado por un partido de derecha, algo que causa escozor a la presidente Claudia Sheinbaum.
Por eso la presidenta está descompuesta. Enferma de sus emociones por el exceso de problemas y porque descubrió que no es lo mismo ser oposición que gobierno.
La lucha no es contra Maru Campos, sino contra la diabólica derecha -según la visión de Sheinbaum. El odio aparece en su rostro cuando recuerda a los gobiernos del PRIAN, a los conservadores.
La lista del castigo a la entidad del norte es extensa: en una zona semidesértica como es la chihuahuense, el campo está en el abandono por falta de programas federales; la inseguridad en prácticamente todo el Estado hace imposible el desarrollo. Los militares y la Guardia Nacional ingresan a zonas minadas por el narco a corromperse y a ser parte del problema delictivo que frena el crecimiento, el turismo y la inversión.
La incesante violencia en las carreteras, sobre todo en la zona serrana y en el noroeste de la entidad, en la zona limítrofe entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa generan un subdesarrollo regional agravado por el pésimo estado de las vías terrestres.
El gobierno federal ha desmantelado programas esenciales, como las guarderías por puros rumores y datos falsos del expresidente López Obrador que acusó a sus dueños de corrupción y nunca probó su dicho ni metió a un solo propietario a la cárcel. Fue un ardid melodramático para retener, para otros fines, los recursos asignados para las estancias infantiles. Ahora se sufren las consecuencias.
No hay duda: el gobierno federal ha convertido la indiferencia en política pública. El castigo es más que evidente, al igual que el rechazo. Se nota hasta en la ausencia presidencial a zonas gobernadas ampliamente por el PAN como la capital del Estado donde la presidenta no ha pisado una sola vez esa tierra.
Los productores agrícolas y ganaderos denuncian la desaparición de apoyos que durante décadas sostuvieron la economía rural: seguros catastróficos, financiamiento, tecnificación y subsidios. Los transportistas enfrentan asaltos, extorsiones y carreteras olvidadas, mientras la respuesta oficial se reduce a discursos vacíos. En ambos casos, el mensaje es el mismo: quien no se alinea, se margina.
En su visión de un gobierno casi celestial quiere ser tratada como una diosa, no como una servidora pública. Y Maru Campos tiene lo suyo, ni a Javier Corral le brindó ese cometido cuando el exgobernador intentaba que la entonces alcaldesa lo tratara con delicadeza.
-Está pendejo, dijo Maru en aquella ocasión. “Quiere que lo trate como una señorita. Que le traiga un pastelito y le hable bonito”.
La tragedia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron en una estación federal, reveló la negligencia institucional y la falta de humanidad en la frontera. Al principal protagonista, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) la Fiscalía General de la República lo acusó de omisiones en garantizar la seguridad de los migrantes recluidos en la estación migratoria de Ciudad Juárez, pero nunca pisó la cárcel y solo fue obligado a cumplir medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública y compensaciones a las víctimas.
En la lista de los agravios a Chihuahua, también está el tema del agua. La presa La Boquilla se convirtió en el epicentro de un enfrentamiento militarizado que terminó con la muerte de Jessica Silva, símbolo del abuso de poder y del desprecio hacia quienes defienden el campo. Los asesinos fueron agentes de la Guardia Nacional que nunca recibieron una sentencia que los condenara.
Pero el abandono no se limita a la economía o la infraestructura. En Chihuahua, el crimen organizado ha crecido bajo la sombra de la inacción federal. Mientras los cárteles se disputan territorios y rutas, el gobierno de Morena ha optado por mirar hacia otro lado, dejando que la violencia se normalice y que las comunidades rurales vivan entre el miedo y la impunidad. La estrategia de “abrazos, no balazos” se ha traducido en silencio ante el narcotráfico, debilitando la autoridad y fortaleciendo a quienes lucran con el dolor ajeno.
A ello se suman los recortes en salud, la crisis del IMSS, la desaparición de estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Cada decisión parece diseñada para debilitar la estructura social de un estado que ha decidido gobernarse con independencia y dignidad.
Chihuahua no pide privilegios, pide respeto. Pide que las decisiones sobre agua, seguridad, energía e infraestructura se tomen escuchando al territorio, no desde escritorios lejanos. Porque cuando se gobierna sin entender la realidad del norte, las consecuencias las pagan las familias, los trabajadores y los productores que sostienen la economía del país.
El abandono, la violencia y el crecimiento del crimen no son casualidad: son el resultado de una política que castiga la diferencia y premia la sumisión. Y en esa política, Chihuahua ha sido el blanco más claro de un gobierno que confunde el poder con el control y la justicia con el silencio.
