Por los hechos, se puede especular que una parte importante del poder político de este país todavía sigue concentrada en un rancho de Chiapas, en Palenque para ser exactos. Desde ahí, la política nacional parece mover piezas que terminan impactando directamente en Palacio Nacional.
La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa representó una nueva estocada política para la presidenta Claudia Sheinbaum. Todo indica que la mandataria estaba enterada de que el gobernador con licencia intentaría regresar al cargo, pero llamó la atención que lo hiciera aparentemente con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador y sin un respaldo público de la Presidenta ni de Morena.
La ausencia de Sheinbaum en la mañanera, justificada oficialmente por motivos de salud, alimentó todavía más las especulaciones. En política, las coincidencias suelen convertirse rápidamente en señales.
Rocha Moya había permanecido poco más de cien días alejado del Palacio de Gobierno, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad y bajo una presión política cada vez mayor. En ese contexto, diversos acontecimientos relacionados con personajes cercanos al círculo del expresidente López Obrador y las investigaciones que involucran a funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa incrementaron la atención sobre el mandatario.
Quizá Rocha Moya calculó que regresar al cargo le permitiría recuperar un blindaje político e institucional. Como gobernador, tendría mayores dificultades para ser sometido a determinadas acciones y, al mismo tiempo, conservaría la protección de un régimen que durante meses ha sostenido que no existen pruebas suficientes para responsabilizarlo. Pero el blindaje comenzó a mostrar grietas.
El gobernador sinaloense apenas permaneció 24 horas nuevamente en el poder antes de solicitar otra licencia, ahora por tiempo indefinido. Y esta vez el escenario fue completamente distinto.
Ya no apareció el coro legislativo de “no estás solo”. La presidenta Sheinbaum no salió públicamente a defenderlo. Morena calificó la decisión como un asunto personal y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, mantuvo una postura similar.
Como si fuera poco, los gobernadores emanados de Morena hicieron público un llamado para que Rocha Moya mantuviera la licencia mientras continúan las investigaciones. El mensaje político fue contundente: esta vez, Rocha Moya parece estar solo.
La situación se complicó todavía más luego de que autoridades estadounidenses volvieron a señalarlo por presuntos actos de corrupción y vínculos con el Cártel de Sinaloa. Más allá de las acusaciones y de lo que eventualmente determinen las investigaciones, el costo político para Morena y para el propio gobierno federal resulta cada vez mayor. La pregunta ya no es solamente qué tan fuerte es el blindaje de Rocha Moya, sino quién está dispuesto a seguir pagando el costo político de protegerlo.
Porque una cosa es respaldar políticamente a un gobernador cuestionado y otra muy distinta es hacerlo cuando la presión internacional aumenta, las investigaciones avanzan y dentro del propio partido comienzan a aparecer señales de distanciamiento. Por ahora, el gobernador sinaloense regresó al cargo, comprobó que el respaldo político no era el mismo de antes y terminó solicitando nuevamente una licencia. Demasiado movimiento para apenas 24 horas.
Y mientras Rocha Moya enfrenta un escenario cada vez más complicado, en Palenque seguramente siguen observando cómo se acomodan las piezas del tablero. La gran incógnita es cuánto tiempo más podrá sostenerse ese respaldo y qué ocurrirá si la presión estadounidense aumenta. Porque los blindajes políticos pueden ser muy poderosos, pero también tienen fecha de caducidad. Y el de Rocha Moya acaba de mostrar su primera gran grieta.
El PAN pide piso parejo y palacio quiere a Santiago y a Daniela
La fotografía polémica
La inconformidad comenzó a crecer dentro de las filas del Partido Acción Nacional y, esta vez, el mensaje no parece venir de un pequeño grupo de militantes inconformes. Panistas de los municipios de Chihuahua y Ciudad Juárez están levantando la voz para exigir a la dirigencia estatal que encabeza Daniela Álvarez que aplique los propios lineamientos internos del partido y garantice lo que en política suele ser más difícil de conseguir: piso parejo para todos. Los reclamos tienen un destinatario evidente.
Militantes activos cuestionan que, a estas alturas del proceso rumbo a 2027, comiencen a aparecer señales de que algunas candidaturas podrían estar prácticamente decididas desde antes de que exista un procedimiento formal, una convocatoria o la participación de los órganos partidistas correspondientes. Y ahí es donde el asunto comienza a ponerse interesante.
Particular molestia generó el hecho de que la gobernadora María Eugenia Campos levantara públicamente la mano a Santiago de la Peña durante un evento, en un gesto que políticamente fue interpretado como una señal de respaldo, aunque formalmente todavía no exista una candidatura.
En el PAN saben perfectamente que una fotografía, un gesto o una frase pronunciada por la gobernadora puede tener mucho más peso que cualquier discurso sobre democracia interna. Por eso los inconformes preguntan: ¿dónde queda el piso parejo?
Porque mientras algunos aspirantes realizan reuniones, recorren colonias y construyen estructura, otros parecieran contar con el respaldo anticipado de quienes tienen mayor peso político dentro del partido.
El problema no es que Santiago de la Peña aspire a competir. El problema, según los panistas inconformes, es que parezca que la decisión ya está tomada antes de que comience formalmente la competencia interna. Y el mismo reclamo aparece en Ciudad Juárez.
Ahí, algunos militantes cuestionan las versiones de que desde Palacio de Gobierno se estaría impulsando a Daniela Álvarez como candidata a la Presidencia Municipal, sin que hasta el momento exista un procedimiento aprobado por los órganos partidistas ni una definición formal de los consejeros blanquiazules.
La pregunta que empieza a circular entre los panistas es muy sencilla: ¿para qué existen los órganos internos del PAN si las candidaturas pueden definirse antes de que éstos sean convocados? Porque una cosa es la operación política y otra muy distinta es pasar por encima de la militancia.
Daniela Álvarez enfrenta así una primera prueba importante como dirigente estatal. Si realmente quiere reconstruir la confianza de la militancia, tendrá que demostrar que la dirigencia no funciona como ventanilla de Palacio, sino como una institución partidista con reglas propias.
Y eso implica escuchar a los consejeros, respetar los procedimientos y, sobre todo, evitar que el PAN llegue al proceso electoral dividido entre quienes tienen padrino y quienes solamente tienen trabajo territorial. Elreclamo de los panistas de Chihuahua y Juárez podría convertirse en algo más serio si la dirigencia decide ignorarlo.
Porque en política, cuando los inconformes comienzan a hablar públicamente, normalmente significa que las inconformidades llevan mucho tiempo acumulándose en privado.
Pero si el PAN quiere competir con posibilidades reales en 2027, tendrá que convencer primero a los suyos de que la cancha está pareja. De lo contrario, el verdadero rival no estará enfrente, sino dentro de casa.
Los operadores de Cruz que restan en lugar de sumar
Evento de Cruz en Ojinaga
Por cierto, entre los asistentes al evento proselitista de Cruz Pérez Cuéllar en Ojinaga comenzó a circular un borregazo que, por la insistencia con la que fue repetido, terminó llamando la atención de más de uno.
No fueron uno ni dos. Se habla de por lo menos 20 personas que comentaron la versión de que un personaje que habría asumido un papel relevante en la organización del evento prácticamente tomó el control de las decisiones y, entre otras cosas, habría contratado a una empresa del municipio de Jiménez para hacerse cargo de diversos aspectos del convivio realizado en el Salón Los Arcos.
El comentario que quedó en el aire fue inevitable: ¿acaso en Ojinaga no existen personas y empresas con capacidad para organizar un evento de esta naturaleza?
Desde luego, hasta ahora se trata de una versión que circula entre los asistentes y que deberá ser aclarada por quienes tuvieron responsabilidad en la organización. Pero en política, a veces el problema no es solamente lo que ocurre, sino la percepción que dejan determinadas decisiones. Y parece que el asunto ya llegó a oídos de Cruz Pérez Cuéllar.
Dicen que el juarense no habría recibido con mucho entusiasmo los comentarios, particularmente porque este tipo de acciones, lejos de fortalecer un proyecto político, pueden terminar generando molestias entre quienes deberían ser aliados.
Y es que, si alguien pretende convertirse en operador político en una región, lo primero que debe entender es que no se puede llegar a una tierra ajena sintiendo que todos deben acatar sus instrucciones. La política se construye con acuerdos, no con imposiciones. Y aquí aparece una paradoja interesante.
Mientras los desaciertos del novel operador son aprovechados por otros, el doctor Ubaldo Elías Páez y Jorge Cordero parecen estar jugando una carta diferente: escuchar a los ojinaguenses, involucrarlos y procurar que los compromisos políticos sean abiertos y con participación local.
Esa diferencia puede terminar siendo importante.
Porque cuando un proyecto busca crecer territorialmente, necesita operadores que sumen, no personajes que terminen convirtiéndose en protagonistas del evento o generando inconformidades entre los anfitriones.
A final de cuentas, Cruz Pérez Cuéllar tendrá que decidir quiénes realmente le ayudan a construir en Ojinaga y quiénes, con sus propias acciones, terminan haciendo exactamente lo contrario. Porque en política hay operadores que acercan votos y otros que espantan aliados.
Y cuando apenas se está construyendo un proyecto, esos últimos pueden resultar mucho más peligrosos que cualquier adversario.
