Hasta el cierre de esta columna, la incertidumbre se mantenía sobre quién será designado como Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Chihuahua; dicho de manera más directa, el perfil que Morena perfilará para encabezar su ruta rumbo a la gubernatura en 2027.
Desde temprana hora, las especulaciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales. Cada versión, cada mensaje y cada movimiento fue leído bajo el prisma de una definición que durante semanas ha mantenido atentos a los distintos grupos y corrientes de Morena en Chihuahua. La espera, sin embargo, tiene hora y lugar para terminar.
La dirigencia nacional de Morena programó para este lunes 28 de septiembre la presentación de las personas designadas en siete entidades que permanecían pendientes. El encuentro está previsto a las 10:00 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México, con acceso para medios de comunicación a partir de las 9:30.
El acto estará encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones. Además de Chihuahua, en esta jornada serán abordadas las definiciones correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Sonora y Baja California Sur.
En Chihuahua, dos nombres han concentrado buena parte de la atención pública: Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez Treviño. Pero la baraja no se ha limitado a ellos. También han aparecido en el proceso perfiles como Martín Chaparro Payán y Luis Carlos Arrieta Lavenant.
De ahí que, mientras no exista un anuncio formal de la dirigencia nacional, cualquier versión deberá tomarse como eso: una versión. Lo que ocurra este lunes permitirá conocer finalmente quién recibe la responsabilidad política de encabezar esta etapa del proceso interno de Morena en Chihuahua. Y aunque la designación tendrá una evidente lectura rumbo a 2027, conviene hacer una precisión: la figura de Coordinador Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación corresponde a una etapa interna del partido y no equivale, jurídicamente, al registro de una candidatura ante la autoridad electoral. La diferencia no es menor.
Pero políticamente, el mensaje sí lo será. Después de semanas de versiones, mediciones, reuniones y especulaciones, Morena está por colocar una pieza central en el tablero sucesorio de Chihuahua. A partir de este lunes comenzará, para propios y extraños, una nueva etapa de la carrera hacia 2027.
Una visita, dos escenarios y muchas lecturas
FOTOGRAFÍA DE LA OPCION
Quien estuvo en la capital fue el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien sostuvo un encuentro con el alcalde de Chihuahua y perfilado por el PAN para buscar la gubernatura, Marco Bonilla Mendoza.
En el papel, la reunión tuvo un propósito perfectamente institucional: intercambiar visiones sobre la renovación generacional de la política, compartir proyectos y conversar sobre el futuro del país. Hasta ahí, todo en orden.
Pero en política, particularmente cuando se sientan a la misma mesa personajes con proyección nacional y aspiraciones locales, pocas reuniones pueden leerse únicamente como actos de cortesía.
Colosio Riojas mantiene una presencia nacional y su nombre ha aparecido recurrentemente en las conversaciones sobre el futuro político de Movimiento Ciudadano. A ello se suma el peso simbólico de Sonora en su historia familiar, tierra de origen de su padre, Luis Donaldo Colosio Murrieta, cuyo legado continúa formando parte de la conversación política nacional. Por eso, su encuentro con Bonilla inevitablemente genera lecturas adicionales.
La pregunta es sencilla: ¿hablaron solamente de política generacional, proyectos de gobierno y futuro del país, o también hubo espacio para explorar escenarios electorales? Porque una eventual construcción política entre Movimiento Ciudadano y el PAN en Chihuahua sería, cuando menos, un asunto que llamaría la atención. Y si se incorpora Sonora a la ecuación, la conversación adquiere todavía más aristas.
¿Se habló de una posible alianza para Chihuahua?, ¿Hubo alguna conversación sobre reciprocidades políticas rumbo a Sonora?, Oficialmente, no hay elementos para afirmar que ese haya sido el tema de la reunión. Cualquier versión en ese sentido, por ahora, pertenece al terreno de la especulación.
Pero tampoco sería extraño que dos políticos de una generación que busca ocupar mayores espacios en la vida pública nacional intercambiaran algo más que fotografías, buenos deseos y discursos sobre el futuro. Después de todo, las alianzas políticas no siempre comienzan con un convenio, una conferencia de prensa o una fotografía de dirigentes levantando las manos. A veces comienzan con una llamada. O con una reunión.
Y algunas veces, simplemente, con una conversación a puerta cerrada. Lo demás lo termina contando el tiempo.
Y ahora también quieren ponerle mordaza al meme?
Pareciera una broma, y precisamente por tratarse de un asunto relacionado con memes hasta podría parecerlo. Pero detrás de la llamada “ley antimemes” hay un debate que merece tomarse muy en serio: hasta dónde puede llegar el Estado cuando pretende proteger su identidad institucional sin terminar afectando la libertad de expresión.
La polémica surgió después de que se conociera una propuesta de reforma que originalmente contemplaba penas de entre tres y siete años de prisión y multas que podían superar el millón de pesos por determinadas conductas relacionadas con el uso de la identidad gráfica institucional del gobierno
La noticia encendió las redes sociales y provocó una lluvia de memes sobre una reforma que, paradójicamente, terminó convirtiéndose en materia prima para los propios memes.
Pero aquí está el detalle que no conviene perder de vista: no se trata, al menos en el texto discutido, de crear un delito por el simple hecho de hacer un meme o una parodia política. La disposición se enfoca en utilizar, reproducir, imitar o incorporar, a escala comercial, elementos de identidad gráfica institucional, dominios o signos oficiales con la finalidad de inducir a error o engaño. Y esa diferencia es fundamental.
El problema comienza cuando una legislación diseñada para combatir la falsificación, la piratería o la suplantación puede redactarse de tal manera que genere dudas sobre sus alcances frente a la crítica política, la caricatura, la sátira y el humor.
Eso fue precisamente lo que cuestionaron legisladores de oposición durante la discusión. Ricardo Anaya, coordinador de los senadores del PAN, advirtió que la redacción podía tener efectos sobre parodias y pidió que se establecieran salvaguardas expresas para el periodismo y la libertad de expresión.
Del otro lado, desde Morena se ha sostenido que la intención de la reforma no es perseguir memes ni la sátira política, sino combatir el uso indebido de elementos oficiales para cometer fraudes o inducir a engaño. El propio proceso legislativo ha registrado modificaciones al planteamiento original. pueden meter a la cárcel por hacer memes de políticos? |
Entonces, más que dar por hecho que alguien terminará en prisión por publicar un meme contra el gobierno, la discusión de fondo debería ser otra:
Porque en una democracia el gobierno debe poder proteger sus marcas, documentos e identidades oficiales. Pero también debe existir espacio para que los ciudadanos se burlen de los políticos, los critiquen, los caricaturicen y los conviertan en protagonistas de memes. Y vaya que los políticos mexicanos han dado material de sobra para ello.
Además, sería una ironía monumental que un país acostumbrado a que la política se discuta con carteles, caricaturas, canciones, ocurrencias y memes terminara teniendo una legislación tan ambigua que provocara miedo entre quienes ejercen la crítica. El debate, por lo tanto, no debería reducirse a una guerra de consignas entre quienes gritan “censura” y quienes responden “combate a la piratería”.
La verdadera pregunta es si la legislación logra proteger la identidad institucional sin poner en riesgo la libertad de expresión. Porque una cosa es perseguir a quien utiliza deliberadamente símbolos oficiales para engañar o cometer un ilícito. Y otra muy distinta sería pretender que el poder público tenga derecho a decidir qué tan lejos puede llegar la burla que recibe. Los gobiernos cambian. Los funcionarios pasan. Los partidos también. Pero la libertad para criticarlos debería permanecer. Y si algún político no soporta un meme, quizá el problema no sea el meme.
