El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) informó esta mañana que inhabilitó, por un periodo de un año, a dos servidores públicos denunciados por la Auditoría Superior del Estado (ASE), debido que adjudicaron ilegalmente tres contratos en el año 2018 del Fideicomiso Fondo de Atención a Niños y Niñas hijos de las Víctimas de la Lucha contra el Crimen (FANVI).
En la revisión del ejercicio financiero de ese año, la ASE determinó que un monto de 3 millones 193 mil 479 pesos de dicho fideicomiso, fueron utilizados de forma indebida en la adquisición del servicio para la elaboración de exámenes de agudeza visual y compra de lentes para beneficiarios del fondo, familiares de las víctimas de la lucha contra el crimen organizado, principalmente hijos e hijas de policías caídos en el ejercicio de su deber.
Mediante este programa se dio apoyo para la revisión de la vista y, en su caso, dotación de lentes; sin embargo, fueron detectadas irregularidades tanto en la adjudicación de contratos, como en costos con sobreprecio, que dieron origen a denuncias por parte de la ASE tanto en el TEJA como en la Fiscalía Anticorrupción.
En lo que a la materia administrativa respecta, el Tribunal determinó que los sancionados, de iniciales H.E.C.P. y B.R.P., incurrieron en abuso de funciones al intervenir en la elaboración de los dictámenes de excepción para evitar la licitación pública que, debido al monto, debía hacerse para la contratación del servicio.
Por la cantidad de compra, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua obligaba al ente realizar una licitación pública que garantizara las mejores condiciones del mercado, sin embargo, se fraccionó la operación en tres contratos para encuadrarlos en una adquisición directa.
Lo anterior permitió la contratación de Ricardo Humberto Márquez Jasso, GRUPO RULAND, S.A. DE C.V. y BARI NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. por las cantidades de 1 millón 073 mil pesos; 1 millón 057 mil 919 pesos y 1 millón 062 mil 560 pesos, respectivamente.
Aunque dichos proveedores se encuentran registrados en el padrón de Gobierno del Estado, no tienen en su giro la especialización en Optometría; por ello, fue considerada una contratación irregular a terceros para dar cumplimiento al objeto de los contratos, resultando un sobreprecio, pues según cálculos de la ASE, el costo de los anteojos ascendió a 6 mil pesos por unidad.
La responsabilidad fue dictada a los ahora sancionados al participar en la excepción del procedimiento de licitación ya que la persona de iniciales H.E.C.P. actuó en calidad de jefe del Departamento de Servicios y Adquisiciones de la Dirección de Adquisiciones y Recursos Materiales de la Fiscalía General del Estado; mientras que B.R.P. era asesor técnico de la Dirección de Administración y Enajenamiento de Bienes y Fideicomisos de la misma dependencia. Ambos actuaron también como integrantes del Comité Calificador de Propuestas del FANVI.
Con todo lo anterior, la Cuarta Sala Unitaria Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA, a cargo del magistrado Luis Eduardo Naranjo Espinoza, determinó la sanción que impide a los inculpados desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de un año.
Esta resolución con responsabilidad logra la imposición de sanciones administrativas a los involucrados, sin embargo, la investigación continúa en el ramo penal a cargo de la Fiscalía Anticorrupción por lo que dicha autoridad podría acreditar la comisión de algún delito.
