El auditor superior del Estado, Héctor Acosta, alertó que la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, de atraer el caso del exgobernador Javier Corral Jurado, podría interferir directamente con las facultades constitucionales de la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar el uso de recursos federales en Chihuahua.**
Durante su intervención, Acosta detalló que esta medida coloca en riesgo la capacidad de la ASE para supervisar las participaciones federales que recibe la entidad. En términos prácticos, advirtió, esto significaría que cerca del 75 por ciento del presupuesto estatal quedaría fuera del alcance de la fiscalización local.
El auditor también subrayó que el impacto no se limita a Chihuahua. En varios estados del país, donde más del 90 por ciento de los ingresos provienen de recursos federales, las auditorías estatales podrían quedar en un limbo jurídico respecto a si tienen o no la facultad de revisar esos fondos, generando un escenario de incertidumbre nacional.
Acosta enfatizó que, aunque a primera vista el tema parecería ajeno a los trabajos de la Comisión de Fiscalización, en realidad se trata de un asunto central para el funcionamiento del sistema de control público.
Además, cuestionó el fundamento jurídico utilizado para justificar la atracción del caso, señalando que se recurre de manera incorrecta al artículo 49, último párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo contenido —dijo— no respalda la interpretación que se pretende.
