CUANDO EL RÍO SUENA… Y en la política mexicana, cuando aparecen señalamientos sobre una presunta relación entre actores políticos y grupos del crimen organizado, el asunto deja de ser una simple grilla partidista para convertirse en una cuestión que exige explicaciones, pruebas y, sobre todo, investigaciones serias.

Esta vez, el nombre que quedó en el centro de la polémica es el de Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, luego de que el periodista Héctor de Mauleón publicara en El Universal una columna en la que le atribuye una presunta reunión con Aureliano Guzmán Loera, alias El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán.

¡Y agárrense, porque el escenario señalado no es cualquier rincón del país! La versión publicada apunta hacia Guadalupe y Calvo, en plena Sierra Tarahumara, donde supuestamente habría ocurrido un encuentro a principios de 2024. Según el periodista, en aquella reunión se habría negociado la intervención de Los Salgueiro para movilizar votos a favor de candidatos de Morena durante el proceso electoral.

¡Vaya acusación! Porque, de ser cierta, ya no estaríamos hablando de los tradicionales amarres de campaña, de las negociaciones entre tribus partidistas ni de los consabidos acuerdos debajo de la mesa. Estaríamos frente a un señalamiento de enorme gravedad: la presunta participación de una organización criminal en la operación electoral de un partido político.

Y todavía hay más. De acuerdo con lo publicado por De Mauleón, el supuesto acuerdo habría contemplado entregar a la organización delictiva control territorial e institucional en la Sierra Tarahumara a cambio de su respaldo electoral.

Dicho de otra manera, la acusación pone sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿hasta dónde pueden llegar los intereses políticos cuando se cruzan con el poder del crimen organizado?

Por supuesto, una cosa es lo que se publica y otra muy distinta lo que puede demostrarse. Hasta ahora, los señalamientos deben tratarse como tales, no como hechos judicialmente acreditados. Sin embargo, por la gravedad de lo expuesto y por tratarse de una región de Chihuahua donde la presencia de grupos criminales constituye una preocupación de seguridad pública, el tema merece algo más que un intercambio de descalificaciones.

ARIADNA RESPONDE Y RECHAZA LAS ACUSACIONES.

La dirigente morenista salió al paso mediante un comunicado difundido en redes sociales. Negó categóricamente haberse reunido con criminales o haber pactado con ellos, defendió su trayectoria y aseguró que sus bienes y actividades financieras están transparentados. Además, exigió que se presenten pruebas ante las autoridades.

Por su parte, De Mauleón ratificó su investigación.

Y aquí es donde la política suele entrar en su terreno favorito: mientras unos exigen pruebas, otros hablan de ataques; mientras unos defienden la libertad de expresión, otros denuncian intereses detrás de las publicaciones. Al final, el debate corre el riesgo de convertirse en una competencia de declaraciones en la que cada bando intenta imponer su propia versión.

Pero ni la militancia morenista tiene por qué dar por cierta una acusación sin pruebas, ni el rechazo de Ariadna Montiel basta, por sí solo, para despejar todas las dudas que pudiera generar una investigación periodística de esta naturaleza.

EN CHIHUAHUA, EL ASUNTO NO ES MENOR.

La Sierra Tarahumara no puede convertirse en un simple escenario para el intercambio de acusaciones entre políticos y periodistas. En esa región viven comunidades que enfrentan problemas de seguridad y que necesitan instituciones capaces de garantizar su tranquilidad, sin importar los colores partidistas.

Si existen bitácoras, informes de inteligencia u otros documentos oficiales que respalden los señalamientos, corresponde a las autoridades competentes verificar su autenticidad, investigar su contenido y determinar si hay elementos para proceder legalmente. Y si las acusaciones no tienen sustento, también debe existir claridad para evitar que una imputación de semejante magnitud quede flotando indefinidamente en el debate público. Porque una cosa es la disputa por el poder y otra, muy distinta, la posible intervención del crimen organizado en las urnas.

¡DESDE EL ALTIPLANO, JÁUREGUI MANDA CARTA A LOS PANISTAS

¡VAYA MENSAJITO EL QUE SALIÓ DEL PENAL DEL ALTIPLANO! El exfiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, decidió romper el silencio y mandar una señal directa a la dirigencia nacional del PAN: quiere que los azules cierren filas en su defensa, pero no solamente con palmaditas en la espalda y discursos de solidaridad, sino pronunciándose sobre el debido proceso y la presunción de inocencia en los procedimientos judiciales que enfrenta.

En una carta difundida este lunes 26 de octubre, Jáuregui convocó a senadores, diputados federales, dirigentes y militantes panistas a levantar la voz. Y aunque asegura que no busca impunidad ni privilegios, lo cierto es que su petición coloca a Acción Nacional frente a un asunto bastante incómodo: ¿hasta dónde llegará el partido para respaldar a uno de sus cuadros más importantes en Chihuahua?

Porque una cosa es defender los derechos de un militante y otra muy distinta convertir un proceso judicial en una batalla de lealtades partidistas. El debido proceso debe respetarse para todos, tengan credencial azul, guinda, tricolor o ninguna.

Y EN EL PAN NACIONAL YA TIENEN TAREA.

La dirigencia encabezada por Jorge Romero tendrá que encontrar la manera de responder a una petición que toca dos asuntos delicados: la defensa de los derechos procesales de un militante y la obligación de no interferir indebidamente en los procedimientos judiciales.

Si los panistas deciden pronunciarse, deberán hacerlo con argumentos y sin convertir la exigencia de legalidad en una declaración anticipada sobre la culpabilidad o inocencia de nadie.

Porque la presunción de inocencia no se negocia en las mesas de partido, y el debido proceso tampoco depende de quién tenga más amigos en el poder.

MIENTRAS TANTO, EN CHIHUAHUA LA GRILLA SIGUE.

La carta de Jáuregui abre un nuevo capítulo en una relación política que ahora queda bajo los reflectores. Y aquí la pregunta queda flotando: ¿la dirigencia nacional del PAN responderá al llamado de Jáuregui o preferirá mantener distancia para evitar que el asunto se convierta en otro frente político?

Por lo pronto, el exfiscal ya puso las cartas sobre la mesa. Desde el Altiplano reclama respeto a sus derechos, pide respaldo a los suyos y recuerda quién estuvo cuando la gobernadora necesitó apoyo. Porque en política, las facturas no siempre se cobran en una elección; algunas llegan por carta, desde prisión y justo cuando más incómodo resulta recibirlas.

¡ALTO TOTAL A LAS EXTORSIONES! LOS TRANSPORTISTAS YA SE CANSARON

¡Y TUVIERON QUE SALIR A LAS CARRETERAS PARA QUE ALGUIEN LOS ESCUCHE! Un número importante de transportistas estranguló parcialmente varias vías de comunicación en Chihuahua, como parte de una movilización nacional que se extendió a 24 estados del país. El reclamo es tan claro como preocupante: quieren seguridad, carreteras en mejores condiciones y, sobre todo, dejar de pagar cuotas ilegales para poder trabajar.

¡Vaya paradoja! Los hombres y mujeres que mantienen en movimiento buena parte de la economía mexicana tienen que detener sus unidades para exigir algo que debería estar garantizado: transitar sin miedo a que los asalten, los extorsionen o, en el peor de los casos, no regresen a casa. Porque transportar mercancías no debería convertirse en una ruleta rusa sobre el asfalto.

EL PROBLEMA VA MUCHO MÁS ALLÁ DE UN BLOQUEO.

Los propietarios de camiones y los operadores denuncian presuntas extorsiones tanto de grupos criminales como de elementos de corporaciones encargadas de brindar seguridad, entre ellas la Guardia Nacional. Particularmente, señalan rutas que conectan Zacatecas con el centro del país.

Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga: si quienes deberían proteger a los ciudadanos son señalados de participar en prácticas ilegales, la desconfianza crece y las autoridades tienen la obligación de investigar, deslindar responsabilidades y actuar contra quien resulte responsable.

A esto hay que agregarle los robos de mercancías, el despojo de unidades y los asesinatos de operadores. No se trata solamente de pérdidas económicas para las empresas transportistas; detrás de cada camión hay trabajadores, familias y una cadena de distribución que termina afectando a todos.

Porque cuando roban un tráiler, no solamente se pierde una carga. También se pone en riesgo la vida de un conductor, se encarecen las operaciones y se compromete el traslado de productos que terminan en los comercios y en los hogares mexicanos.

Y ENTONCES VIENEN LOS BLOQUEOS.

Claro, las afectaciones a terceros nunca son cosa menor. Miles de automovilistas, comerciantes y viajeros pueden quedar atrapados en medio de una protesta que trastoca sus actividades. Sin embargo, también habría que preguntarse qué tan desesperada debe estar una actividad económica para llegar al punto de detener las carreteras con tal de hacerse escuchar.

En Chihuahua, los inconformes optaron por reducir parcialmente la circulación y permitir el paso de los automovilistas, una medida que evitó convertir la protesta en un cierre absoluto, aunque no eliminó las molestias para quienes transitaban por las zonas afectadas.

Las incidencias se reportaron en la carretera Panamericana, particularmente en los tramos Sacramento-Sueco y Villa Ahumada-Juárez, además de la vía Jiménez-Durango.

Los transportistas señalaron que las situaciones denunciadas no se presentan con la misma frecuencia en la entidad, pero eso no significa que Chihuahua pueda darse por librado de un problema que amenaza las rutas comerciales de todo el país.

¿Y LAS AUTORIDADES FEDERALES?

Ahí está precisamente el meollo del asunto. Los operativos, los anuncios y los compromisos de seguridad tienen que traducirse en resultados verificables. No basta con prometer vigilancia si los operadores siguen denunciando que trabajar en determinadas rutas significa exponerse a robos, amenazas y cobros ilegales.

La respuesta no puede limitarse a retirar a los manifestantes y reabrir la circulación. Eso resolvería temporalmente el problema vial, pero dejaría intactas las causas que llevaron a los transportistas a protestar.

Se necesitan investigaciones sobre las denuncias de extorsión, sanciones cuando se acrediten abusos de servidores públicos, presencia efectiva en los corredores de mayor riesgo y mejores condiciones de infraestructura carretera.

PORQUE LAS CARRETERAS NO PUEDEN SEGUIR SIENDO TIERRA DE NADIE.

Ni los grupos criminales pueden imponer sus cuotas, ni los servidores públicos tienen derecho a utilizar su cargo para obtener beneficios ilegales. Y mucho menos puede normalizarse que los operadores salgan a trabajar sin saber si volverán con vida. Al final, los transportistas no están pidiendo privilegios ni trato especial. Exigen condiciones mínimas para realizar una actividad indispensable para el país.

Y si para conseguir que las autoridades volteen a verlos tienen que reducir la circulación en las carreteras, el verdadero problema no es solamente el bloqueo: es todo lo que lleva años acumulándose detrás de él.

¡Porque un país que no puede garantizar la seguridad de quienes transportan sus mercancías tiene mucho más que un problema de tráfico: tiene una deuda pendiente con quienes mantienen su economía en movimiento!