Marco Bonilla ha consolidado su posición como figura dominante en la capital del estado, donde su gestión y visibilidad le han otorgado reconocimiento y respaldo político. Sin embargo, esa fuerza no ha sido suficiente para cruzar el desierto político que representa Ciudad Juárez, la plaza más difícil —y a la vez más decisiva— en la carrera por el poder estatal.
La ausencia de una estrategia efectiva en Juárez no es un tema menor. En términos electorales, es como intentar ganar una final sin disputar la mitad del campo. Mientras Bonilla apuesta por la moderación y la gestión desde la seguridad que le da Chihuahua capital, su contraparte en Morena, Cruz Pérez Cuéllar, actúa con audacia y ha logrado resultados visibles: presencia territorial, estructura activa y un mensaje más combativo que resuena en distintas regiones del estado.
El contraste es claro. Mientras Bonilla se mantiene un poco fuerte, pero estático, Pérez Cuéllar ha sabido aprovechar su plataforma como alcalde de Juárez para expandirse más allá de sus fronteras naturales. Lo ha hecho colocando cuadros operativos en puntos clave del estado. Apuesta al desgaste del PAN, a la polarización, y a que en política el que no se mueve… se queda fuera del encuadre.
Cruz Pérez Cuéllar con mayor presencia estatal
Para los azules, este escenario representa un problema estructural. Sin una base firme en Juárez —ni con un eventual respaldo de Movimiento Ciudadano— las probabilidades de competir con fuerza rumbo a 2027 disminuyen dramáticamente. Hoy, si las elecciones se celebraran mañana, la ventaja territorial, narrativa y organizativa estaría del lado de Morena.
Bonilla tiene tiempo, pero no tanto. El reto es claro: dejar de ser solo el líder de la capital y convertirse en un aspirante estatal con presencia real y competitiva en todo el territorio, especialmente en la frontera. De lo contrario, su proyecto podría quedarse encerrado entre el cerro Coronel y el olvido electoral.
Broncas desde el inicio: la tormenta de Iván Antonio Pérez Ruiz
Iván Pérez
Apenas se estaba acomodando la nueva dirigencia de Canaco y ya se encendieron las alarmas. Iván Antonio Pérez Ruiz, actual presidente de la cámara en cuestión, enfrenta un procedimiento disciplinario por parte de la Comisión de Honor y Justicia de Concanaco Servytur. ¿La razón? Su respaldo público al Consejo Coordinador Empresarial Nacional, un gesto que, según la Confederación, atenta contra sus principios de unidad y representación institucional.
La respuesta fue inmediata y contundente. Como medidas cautelares, a Pérez Ruiz se le suspendieron sus derechos dentro de la Confederación, se le negó el acceso a instalaciones y se invalidó cualquier acto oficial que intente realizar. En otras palabras, lo pusieron en pausa, mientras enfrenta un proceso en el que tiene quince días hábiles para defenderse.
Pero eso no es todo. Las denuncias que detonaron este proceso disciplinario también acusan al dirigente de encabezar una campaña de desprestigio y desinformación, algo que estaría debilitando seriamente la cohesión interna de Concanaco Servytur. Incluso hay señalamientos por agresiones verbales, amenazas y ataques públicos. Nada menor.
Pérez Ruiz, por su parte, ha intentado justificar su suspensión con una narrativa centrada en supuestas irregularidades en la elección de consejerías del IMSS. Sin embargo, los documentos internos de la Confederación relatan una historia muy distinta.
Es importante destacar que este conflicto no mancha ni compromete a la cámara ni a sus afiliados. Las sanciones son individuales y recaen directamente sobre su presidente por, presuntamente, transgredir los principios éticos e institucionales que rigen a la Concanaco.
Este episodio deja claro que los liderazgos empresariales también están bajo el escrutinio de normas y valores que no se deben tomar a la ligera. A veces, el poder no alcanza para evitar las consecuencias.
Conagua, Duarte y la justicia selectiva
La destrucción por Conagua de la presita de Duarte
Desde ayer, un grupo del equipo jurídico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) está en la ciudad de Chihuahua. El motivo no es menor: vienen con el expediente bajo el brazo, y van, en términos claros, por los presones del exgobernador César Duarte Jáquez… y por todo lo que pueda sumarse en el camino.
El foco está en el rancho El Saucito, en Balleza, propiedad del exmandatario. Hace tres semanas, maquinaria pesada de la Conagua irrumpió en el lugar y destruyó uno de los presones. Hoy, el desmantelamiento continúa. Sin embargo, lo que llama la atención no es solo la acción, sino la forma.
Legalmente, el rancho está asegurado por la Fiscalía General del Estado. Eso implica que, mientras el proceso penal contra Duarte siga abierto, nadie —ni siquiera una dependencia federal— puede intervenir sin una orden judicial y sin notificación formal a la Fiscalía estatal. Pero eso no ha pasado. Ni orden, ni notificación. Solo acciones unilaterales que cruzan líneas grises del Estado de derecho.
Por si fuera poco, hay un amparo federal promovido por usuarios del agua vinculados a los presones. También fue ignorado. ¿Y qué decir de la concesión vigente para uso y retención de agua que originalmente se otorgó al padre de Duarte? Ni eso detuvo la maquinaria federal.
En este contexto, no queda más que leer entre líneas: el equipo jurídico de Conagua está actuando, sí, en consecuencia, pero con una narrativa que parece construida más en Palacio Nacional que en tribunales. Supuestamente están aportando pruebas de delitos de orden federal tras una denuncia del propio Gobierno federal. Lo técnico se mezcla con lo político.
Dicho en términos coloquiales: si la consigna es llevarse a Duarte, lo van a conseguir. Porque ya sabemos cómo se mueve el régimen cuando alguien se convierte en objetivo político. Salvo, claro, que el exgobernador decida seguir el mismo camino de redención que transitó Javier Corral Jurado: abandonar la trinchera y acabar en los brazos protectores de Morena.
La justicia debe ser ciega, pero en México sigue viendo de reojo a quién le sirve y a quién le estorba.
