El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores así como el Foro de Periodistas de Chihuahua, hicieron esta mañana de miércoles 31 de diciembre un pronunciamiento conjunto de condena en relación a la detención y vinculación a proceso del periodista veracruzano Rafael «Lafita» León Segovia.
El documento está dirigido a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, la titular de la Segob Rosa Icela Rodríguez así como la fiscal general de la República Ernestina Godoy y la gobernadora de Veracruz, la morenista Rocío Nahle actualmente centro de la polémica y señalada por comunicadores de todo el país como «represora» de periodistas. Textualmente refiere el pronunciamiento que a continuación se trascribe:
Sobre el proceso contra del periodista Rafael León Segovia en el estado de Veracruz:
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Mtra. Rosa Icela Rodríguez Velázquez
Secretaria de Gobernación
Dra. Ernestina Godoy Ramos
Fiscal General de la República
Ing. Rocío Nahle García
Gobernadora de Veracruz
Poder Judicial del Estado de Veracruz
El Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores, y el Foro de Periodistas de Chihuahua condenamos de manera enérgica la detención y vinculación a proceso del periodista Rafael León Segovia, ocurrida el pasado 30 de diciembre de 2025 en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, y manifiesta su profunda preocupación por la criminalización de su labor informativa mediante el uso del sistema penal.
Rafael León Segovia, conocido públicamente como “Lafita León”, es un periodista con una trayectoria reconocida en la cobertura de nota roja y temas de seguridad, ejercida durante años en un contexto marcado por violencia estructural y presencia de redes de macrocriminalidad en el sur del estado de Veracruz.
Consideramos sumamente alarmante que se recurra a figuras penales de extrema gravedad, aunque de último momento se retiró el delito de terrorismo, para imputar a un periodista, sin que hasta el momento se haya informado públicamente cuál es la prueba concreta que sustenta dichas acusaciones.
Esta falta de información vulnera los principios de legalidad, certeza jurídica y presunción de inocencia, y genera un
contexto de opacidad incompatible con un Estado democrático de derecho.
Diversos testimonios indican que la imputación estaría directamente relacionada con el ejercicio de su labor periodística, específicamente con la recepción de información, avisos y reportes de hechos violentos, prácticas habituales y legítimas en la cobertura informativa, más aún cuando el número telefónico del periodista es de carácter público y accesible para la ciudadanía.
El Foro Nacional de Periodistas y el Foro de Periodistas de Chihuahua observamos con extrema preocupación que esta vinculación a proceso y permanecer bajo resguardo domiciliario, no solo restringe de manera desproporcionada la libertad personal del periodista, sino que inhibe la continuidad de su labor informativa y envía un mensaje intimidatorio al gremio periodístico en su conjunto.
Este caso resulta particularmente grave porque criminaliza el contacto entre periodistas y sus fuentes, desconociendo que la protección de las fuentes informativas es un derecho fundamental reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Penalizar estas prácticas constituye una forma indirecta de censura.
Asimismo, advertimos un patrón previo de hostigamiento contra el periodista, consistente en la apertura reiterada de carpetas de investigación, de las cuales ha sido absuelto en el pasado por falta de sustento legal, así como denuncias públicas sobre irregularidades durante su detención, lo que refuerza la hipótesis de una persecución
sistemática.
Casos como el de Rafael León Segovia generan un efecto inhibidor en el ejercicio periodístico, fomentan la autocensura y colocan en riesgo el derecho de la sociedad a estar informada, particularmente en regiones donde informar implica ya de por sí un alto riesgo.
Por lo anterior, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C. y el Foro de Periodistas de Chihuahua exigimos:
Al Poder Judicial del Estado de Veracruz:
Garantizar un control judicial estricto sobre la legalidad de la detención, la imputación y las medidas cautelares impuestas.
Cesar cualquier práctica que contribuya a la criminalización del ejercicio periodístico.
Resolver el caso con estricto apego a la ley, a los derechos humanos y a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
A la Fiscalía General de la República, a través de la FEADLE:
Ejercer la facultad de atracción del caso, al tratarse de hechos que podrían constituir
delitos contra la libertad de expresión.
Investigar de manera diligente si la imputación penal constituye un acto de represalia o criminalización por la labor informativa del periodista.
Garantizar que no se utilicen tipos penales graves como mecanismos de censura o intimidación.
A la Presidencia de la República y a la Secretaría de Gobernación:
Dar seguimiento institucional al caso, en el ámbito de sus atribuciones, para garantizar el respeto a los derechos humanos del periodista.
Reafirmar el compromiso del Estado mexicano con la protección del ejercicio periodístico libre, crítico y sin represalias.
Reiteramos que informar no es un delito, y que la utilización del aparato penal para silenciar voces críticas constituye un abuso de poder incompatible con una democracia.
Nos mantendremos atentos al desarrollo de este caso, y no cesaremos en la defensa del derecho de las y los periodistas a ejercer su labor en libertad, con seguridad y sin criminalización.
Atentamente
Rafael Cano Franco
Presidente del Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C.
Carlos González Sierra
Presidente del Foro de Periodistas de Chihuahua.
