Por mayoría de votos, la 68 Legislatura de Chihuahua se pronunció en contra del dictamen a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, que se encuentra en análisis y discusión en el Senado de la República.
El pronunciamiento nace al considerar como preocupantes los siguientes puntos de la reforma planteada: la legitimidad y calidad de la justicia; el proceso de elección de personas juzgadoras; la integración y funcionamiento de un nuevo órgano de administración judicial; la integración y facultades del Tribunal de Disciplina Judicial y, los problemas asociados con los cambios para garantizar una justicia pronta y expedita.
Según el diputado José Luis Villalobos García (PRI), iniciador de la proposición, se suma a lo anterior, la nueva forma de nombramiento que se propone, pues tendría un impacto en las entidades federativas ya que esta plantea que adopten los mismos métodos a nivel federal y estatal.
En este contexto, dijo, cualquier intento de reforma o política judicial debe necesariamente considerar sus posibles impactos en la operación cotidiana de los órganos jurisdiccionales y en el acceso a la justicia de las personas. Una modificación que no sea debidamente planeada y ejecutada puede agravar y comprometer los miles de casos que están sujetos a la jurisdicción de jueces y juezas mexicanos.
Cabe mencionar que, el proceso de selección de personas juzgadoras en el Poder Judicial federal, se regula por la Ley de Carrera Judicial del PJF, publicada en 2021, donde se plantearon nuevas reglas, consistentes con un esquema meritocrático y de igualdad de oportunidades, para que las personas sean elegidas por sus conocimientos, competencias y capacidades, y no mediante criterios subjetivos de selección.
Si bien no hubo mayor modificación en cuanto a los requisitos para ocupar los puestos de magistradas o magistrados, jueces o juezas, se establecieron concursos y cursos obligatorios para ingresar y ascender en todos los distintos escalafones de la carrera judicial (oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal, juez de distrito y magistrado de circuito).
Conforme a la Ley de Carrera Judicial, los concursos de oposición se llevan a cabo mediante tres fases: aplicación de cuestionarios; admisión de los mejores promedios para el curso de formación de personas juzgadoras y, la evaluación que realizará un jurado mediante exámenes orales, resolución de casos prácticos, audiencias simuladas o cualquier otro mecanismo de evaluación que establezca la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ).
