Después de lo visto el sábado pasado allá en la colonia La Montada. Hay que destacar que Cruz Pérez Cuéllar salió con algo más que una asamblea informativa.
Para algunos morenistas, el alcalde con licencia salió prácticamente con la candidatura en la bolsa. La presencia de Andrea Chávez, Juan Carlos Loera y Lilia Aguilar, además de la respuesta de la militancia, convirtió el encuentro en algo muy parecido a un destape político. Cruz habló de unidad, de lealtad al movimiento y de preparar a la estructura para las batallas electorales que vienen. Y ahí está justamente el detalle.
Una cosa es decir que se tiene estructura y otra muy distinta es enseñarla. Y Cruz la enseñó.
La movilización registrada en La Montada fue interpretada dentro de Morena como una demostración de fuerza y, para algunos, como un mensaje directo a quienes todavía consideran que la candidatura está abierta para cualquiera. Andrea Chávez sigue teniendo reflectores, discurso y una enorme presencia en redes sociales. Eso nadie se lo quita. Pero una cosa son los reflectores y otra el territorio.
En los pasillos de Morena comienzan a escucharse voces que aseguran que la senadora con licencia no atraviesa por su mejor momento dentro de la estructura partidista estatal y que tampoco tendría el respaldo territorial que necesita para enfrentar una elección de esta magnitud. Cruz, en cambio, lleva meses recorriendo Chihuahua, reuniéndose con liderazgos, construyendo acuerdos y tratando de demostrar que su proyecto no termina en Ciudad Juárez. Y eso comienza a pesar.
Porque si algo ha quedado claro en las últimas semanas es que la elección de 2027 no se va a ganar únicamente con publicaciones en redes sociales, entrevistas o discursos. Se va a ganar con estructura.
El relevo azul: Maru cierra fuerte y Bonilla toma posición
Falta un año y algunos días para que María Eugenia Campos Galván concluya su sexenio y, contra lo que pudiera suponerse en la recta final de cualquier administración, la gobernadora llega a esta etapa con un nivel de empoderamiento político que difícilmente mostraron sus antecesores inmediatos.
La confrontación con el Gobierno Federal, lejos de debilitarla, le ha permitido construir un discurso de oposición frontal, particularmente frente a Morena y a la administración de Claudia Sheinbaum.
Maru Campos encontró en esa disputa una narrativa política que le permitió trascender el ámbito estatal y colocarse como una de las voces más visibles del PAN frente al proyecto de la llamada Cuarta Transformación. Y eso no es poca cosa.
Por lo general, el último tramo de un gobierno suele estar marcado por el desgaste. A José Reyes Baeza le pegó el tema de la inseguridad; César Duarte terminó severamente cuestionado por los señalamientos de corrupción, mientras que Javier Corral concluyó su administración severamente confrontado con distintos sectores políticos y en medio de cuestionamientos sobre el manejo de las finanzas públicas.
El ejercicio del poder desgasta. Es una regla prácticamente inevitable, pero Campos llega a su último año con una circunstancia diferente: conserva presencia política, mantiene capacidad de interlocución y, sobre todo, ha construido un discurso opositor que le ha dado una dimensión nacional.
Sin embargo, después del Consejo Político Estatal del PAN celebrado el pasado sábado, el tablero político de Chihuahua comenzó a mostrar una modificación que habrá de hacerse cada vez más evidente conforme avance el proceso electoral de 2027. El poder político de la gobernadora seguirá intacto desde el punto de vista institucional, pero comenzará a compartir espacio con el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza.
La designación de Bonilla como coordinador político estatal del PAN no es un nombramiento menor. En los hechos, coloca en sus manos una parte importante de la operación partidista rumbo a la elección de 2027 y lo convierte en una pieza central para la estrategia con la que Acción Nacional buscará conservar la gubernatura.
Y si el escenario termina de concretarse como todo parece indicar, Bonilla será el candidato panista a la gubernatura.
La dirigencia nacional del PAN tomó una decisión y el Consejo Político Estatal la respaldó. Con ello, el partido parece haber definido no solamente quién tendrá una responsabilidad relevante en la operación política, sino también quién comienza a tomar posición para la sucesión.
No se trata, al menos por ahora, de una ruptura entre Campos y Bonilla. Se trata de una transición política lógica: Campos seguirá siendo la jefa del Ejecutivo y conservará el control institucional del Gobierno del Estado, mientras Bonilla comienza a asumir el liderazgo electoral del partido que pretende conservar la gubernatura. La gobernadora todavía tiene un año para cerrar su administración. El alcalde de Chihuahua, en cambio, ya comenzó a jugar para lo que viene.
Y en política, cuando el futuro empieza a tener nombre y apellido, el presente inevitablemente comienza a compartir el poder.
¿Premio para el “cachorro de La Cruz”?
Empezó a correr fuerte el rumor en los pasillos políticos de Chihuahua: la nueva Fiscalía Autónoma que se promueve desde Palacio de Gobierno podría terminar en manos de Gilberto Loya Chávez, actual secretario de Seguridad Pública del Estado. Y, como suele ocurrir en política, las versiones ya traen su propia explicación.
Según lo que se comenta, Loya podría recibir la Fiscalía como una especie de reconocimiento a su disciplina política y a la decisión de cerrar filas con Marco Bonilla, alcalde de Chihuahua y aspirante a suceder a María Eugenia Campos en la gubernatura.
De confirmarse, sería una jugada de largo alcance.
Porque no se estaría hablando solamente de un cambio en la estructura de seguridad y procuración de justicia, sino de colocar a uno de los hombres cercanos al proyecto panista rumbo a 2027 en una institución que, precisamente por su carácter autónomo, tendría que estar blindada de cualquier interés partidista.
Y ahí es donde empiezan las preguntas incómodas.
Gilberto Loya tiene formación como ingeniero electromecánico, además de estudios en Derecho y una maestría en Derecho Penal y de Amparo. Sin embargo, el dato que ya comienza a generar ruido en el ámbito político es que las cédulas correspondientes a sus estudios jurídicos aparecen expedidas en 2026.
Ese detalle, por sí solo, podría convertirse en uno de los puntos de discusión si finalmente su nombre aparece entre los considerados para encabezar la nueva Fiscalía.
Porque una cosa es el perfil político y otra muy distinta cumplir, sin margen de interpretación, con los requisitos legales que establezca la nueva legislación.
Y si la Fiscalía pretende ser realmente autónoma, el procedimiento para elegir a su titular tendrá que ser todavía más cuidadoso.
No bastará con tener experiencia en seguridad, cercanía con el poder o disciplina partidista. Tendrán que revisarse títulos, cédulas, experiencia profesional, requisitos constitucionales y, sobre todo, cualquier elemento que pueda convertirse posteriormente en argumento para una impugnación.
El asunto, por lo tanto, podría terminar en el Congreso del Estado. Y ahí la discusión seguramente se pondrá interesante.
Porque si desde Palacio de Gobierno existe la intención de impulsar una Fiscalía Autónoma, el nombramiento de su primer titular será prácticamente una declaración de principios: o se construye una institución con verdadera independencia, o desde el nacimiento quedará marcada por la sospecha de ser una extensión del poder político.
Y si el elegido termina siendo Loya, sus antecedentes profesionales y el tema de sus cédulas jurídicas seguramente estarán bajo la lupa.
Por lo pronto, hay rumor, versiones y mucho movimiento detrás de escena.
Todavía falta que el proyecto de Fiscalía Autónoma avance, que se conozcan las reglas definitivas y que aparezcan los nombres formales.
Pero si el nombre del “cachorro de La Cruz” llega a la boleta de aspirantes, seguramente no llegará solo. Llegará acompañado de preguntas.
Y en política, cuando un nombramiento nace con dudas, el debate apenas comienza. Al tiempo!.
