Los abogados Héctor Villasana y Luis Villegas Montes rechazaron que el caso del rancho El Pinal configure traición a la patria y señalaron posibles dificultades para garantizar el derecho de defensa del exfiscal de Chihuahua.
Los abogados Héctor Villasana y Luis Villegas Montes cuestionaron los elementos presentados contra el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, en la que expusieron sus argumentos sobre la acusación federal, la detención y los procesos penales que enfrenta el exfuncionario. Ambos defensores sostuvieron que, desde su perspectiva, no existen pruebas suficientes para acreditar que Jáuregui tuviera conocimiento de la participación de ciudadanos estadounidenses en el operativo realizado en el rancho El Pinal, donde fue localizado un presunto narcolaboratorio. También rechazaron que los hechos puedan clasificarse como traición a la patria.
Estos fueron los principales argumentos expuestos por los abogados durante la entrevista.
1. Rechazan que el caso constituya traición a la patria
Luis Villegas Montes consideró que el operativo relacionado con el presunto narcolaboratorio no puede equipararse, por sí mismo, con una acción destinada a vulnerar la soberanía nacional.
El abogado señaló que, aunque las autoridades podrían investigar otras posibles responsabilidades, calificar los hechos como traición a la patria resulta excesivo desde su perspectiva. Por su parte, Héctor Villasana afirmó que el Ministerio Público debe demostrar que el exfiscal conocía la participación de los agentes estadounidenses y acreditar de qué manera los hechos habrían afectado la soberanía o las instituciones mexicanas.
2. Afirman que no hay pruebas de que conociera la presencia de extranjeros
Villasana aseguró que durante una audiencia en Chihuahua se revisaron más de 60 declaraciones de agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que participaron en el operativo.
Según su exposición, ninguno de los testimonios mencionó que Jáuregui tuviera conocimiento de la participación de los ciudadanos estadounidenses.
Añadió que algunas declaraciones ubicaron la coordinación de esos agentes con Pedro Román Oseguera, quien se desempeñaba como director de la Agencia Estatal de Investigación y falleció en un accidente relacionado con el caso.
El defensor sostuvo que, hasta donde ha podido revisar, no existen elementos que demuestren que el entonces fiscal autorizó, ordenó o intervino directamente en la participación de personal extranjero.
3. Cuestionan que se responsabilice al exfiscal por la actuación de sus subordinados
Los abogados argumentaron que ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado no significa necesariamente tener conocimiento de cada detalle de los operativos realizados por sus subordinados.
Villasana explicó que Jáuregui mantenía reuniones con los mandos de la corporación y recibía información sobre las actividades de seguridad, pero eso no implicaba que conociera la identidad de todos los participantes ni las particularidades de cada despliegue.
De acuerdo con el defensor, la instrucción habría consistido en atender la presencia de un presunto narcolaboratorio y proceder a su desarticulación, sin que ello significara que el exfiscal estuviera informado sobre todos los aspectos operativos.
Villegas respaldó esta postura y cuestionó que se pretenda atribuir al titular de una institución toda acción realizada por sus integrantes.
4. Advierten dificultades por los dos procesos penales
Otro de los puntos abordados fue la situación procesal del exfiscal, quien enfrenta una causa en Chihuahua por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, además de un procedimiento federal relacionado con la acusación de traición a la patria.
Villasana señaló que la defensa se preparaba para la continuación de la audiencia inicial del proceso local, prevista para el jueves, cuando se informó sobre la presentación de Jáuregui ante una jueza de control en el penal del Altiplano.
El abogado consideró que la coincidencia de actuaciones en dos jurisdicciones podría dificultar la preparación de la defensa. “Materialmente se estaría poniendo en un estado de indefensión”, advirtió, al referirse a las complicaciones que, según dijo, implica atender simultáneamente ambos procedimientos.
Ante esta situación, indicó que buscarían exponer sus argumentos ante la autoridad judicial federal.
5. Piden revisar la prisión preventiva
Villegas Montes sostuvo que Jáuregui debería tener la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad, siempre que se cumplan las condiciones legales correspondientes.
Como parte de sus argumentos, señaló que el exfiscal entregó su visa y pasaporte, cuenta con domicilio en Chihuahua y, según la defensa, no ha mostrado intención de evadir a las autoridades.
El abogado cuestionó que estas circunstancias no se hayan valorado de manera suficiente y planteó la necesidad de examinar las medidas cautelares a partir de las condiciones particulares del acusado.
También hizo referencia a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, al considerar que deben tomarse en cuenta al determinar si corresponde mantener una medida privativa de la libertad.
6. Cuestionan el cambio de testigo a imputado
Villasana recordó que Jáuregui acudió en mayo ante la Fiscalía General de la República para rendir una declaración en calidad de testigo sobre los hechos relacionados con el operativo.
El defensor manifestó que desconoce las razones por las que posteriormente cambió su situación jurídica hasta convertirse en imputado y derivar en una orden de aprehensión.
Asimismo, afirmó que, de acuerdo con la documentación revisada por la defensa, no ha encontrado elementos suficientes para acreditar la responsabilidad del exfiscal, ni en el ámbito estatal ni en el federal.
7. Villegas plantea posibles motivaciones políticas
Durante la entrevista, Luis Villegas cuestionó la coincidencia temporal de las actuaciones de las fiscalías estatal y federal, pese a que se trata de investigaciones por delitos distintos y bajo jurisdicciones diferentes.
El abogado sostuvo que, desde su perspectiva, la gobernadora Maru Campos habría facilitado la actuación federal contra Jáuregui, a quien describió como uno de sus colaboradores políticos cercanos.
Villasana, por su parte, aclaró que su participación se concentra en el análisis jurídico de los expedientes y que no cuenta con elementos para concluir que las actuaciones de las autoridades respondan a una motivación política.
Defensa espera conocer los alcances de la acusación federal
Los abogados indicaron que esperan conocer con precisión los términos de la imputación federal para definir los siguientes pasos de su estrategia jurídica.
Mientras tanto, mantienen sus cuestionamientos sobre la suficiencia de las pruebas, la posible atribución de responsabilidades dentro de la cadena de mando y las condiciones en las que el exfiscal deberá enfrentar los procedimientos.
Las declaraciones sobre la falta de pruebas y una posible intervención política corresponden a los argumentos de la defensa y no constituyen determinaciones judiciales. Será responsabilidad de las autoridades competentes resolver sobre la acreditación de los delitos y la eventual responsabilidad de César Jáuregui Moreno.
7
