La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua detuvo al juez penal Manuel Jurado Torres, adscrito al Distrito Judicial Hidalgo con sede en Parral, acusado del delito de prevaricación agravada por presuntamente realizar actos ilegales para favorecer a una de las partes dentro de un proceso penal.
La orden de aprehensión fue ejecutada por agentes de investigación en el cruce de las calles Niños Héroes y Venustiano Carranza, en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo con la información proporcionada por el fiscal anticorrupción Abelardo Valenzuela Holguín.
Jurado se encontraba suspendido por el Tribunal de Disciplina Judicial y deberá comparecer ante la autoridad judicial para que se formule la imputación en su contra y posteriormente se determine su situación jurídica.
Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, el caso se originó a partir de denuncias ciudadanas por presuntas irregularidades cometidas dentro de un proceso judicial.
La dependencia sostiene que el juzgador habría realizado dolosamente actos ilegales con la finalidad de otorgar una ventaja procesal indebida a una de las partes.
El asunto investigado está relacionado con una audiencia de revisión de medidas cautelares solicitada por un abogado defensor durante el periodo vacacional del Poder Judicial.
Previamente, otra juzgadora había vinculado a proceso al imputado de aquel caso e impuesto prisión preventiva justificada. La Fiscalía presume que Manuel Jurado posteriormente modificó esa determinación y favoreció procesalmente a la defensa.
La Fiscalía Anticorrupción aseguró además haber comprobado una relación de amistad entre el juez investigado y el abogado defensor involucrado en ese proceso.
De acuerdo con la acusación, Jurado habría rebasado las facultades correspondientes a la audiencia al revisar y cuestionar los razonamientos utilizados por otra juzgadora para imponer la prisión preventiva.
La Fiscalía argumentó que en una audiencia de modificación de medidas cautelares corresponde a las partes presentar y controvertir sus argumentos y que el juez no puede sustituir esa función para introducir una nueva controversia.
El delito que se le atribuye es prevaricación agravada, figura que, según explicó la Fiscalía, contempla conductas como dictar resoluciones contrarias a la ley, basadas en hechos falsos o emitidas con conocimiento de su carácter injusto o ilegal para otorgar una ventaja procesal indebida.
Valenzuela Holguín señaló además que Manuel Jurado acumula al menos cuatro denuncias relacionadas con conductas similares, las cuales continúan bajo investigación.
El fiscal informó también que existen 11 carpetas de investigación relacionadas con juzgadores del Tribunal Superior de Justicia, y que algunos jueces acumulan dos o tres investigaciones. También señaló que las indagatorias alcanzan a por lo menos dos magistrados.
De acuerdo con Valenzuela, el caso representa un hecho inédito para la entidad, al tratarse de la primera ocasión en que un juez penal es llevado ante tribunales penales para responder por actos presuntamente cometidos durante el ejercicio de su función.
El fiscal no descartó que posteriormente puedan solicitarse ante el Congreso del Estado procesos de desafuero contra otros involucrados, en caso de que las investigaciones reúnan los elementos necesarios.
La Fiscalía Anticorrupción sostuvo que las investigaciones no buscan revisar el sentido de las resoluciones judiciales ni interferir con la independencia de los juzgadores, sino determinar si existieron conductas dirigidas a favorecer intereses particulares o indebidos.
CON INF. DE HBMNOTICIAS
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