Dicen que en política no hay secretos eternos, sólo verdades que se administran según la conveniencia. Y en Ciudad Juárez, el tiempo de guardar silencios parece haberse agotado.
Resulta que Armando Cabada Alvídrez, hoy diputado de Morena, salió más irresponsable que el compadre que llega a la fiesta sin regalo… pero con discurso. Durante su gestión municipal, no tuvo ni la capacidad ni —más grave aún— la voluntad para cumplir con una obligación básica: reportar al Servicio de Administración Tributaria las retenciones del ISR, ese impuesto que se descuenta puntualmente a cada trabajador, pero que el gobierno debe entregar sin excusas.
El resultado no es menor ni anecdótico: una deuda de 118 millones de pesos correspondiente al ejercicio fiscal 2021. Dinero que no es del municipio, sino de las y los trabajadores juarenses, retenido, pero no entregado. Así de simple. Así de grave.
Lo más interesante es que este problema no explotó en su momento. Permaneció oculto, como tantos otros pendientes incómodos. Ya no se pudo más.
Desgraciadamente este problemón estalla sospechosamente con los calendarios electorales.
La gobernadora María Eugenia Campos Galván —Maru para los cercanos— decidió romper el silencio. En una de esas entrevistas improvisadas en los pasillos del poder, soltó la bomba: el desastre financiero estaba ahí, latente, y alguien tenía que decirlo en voz alta.
Según adelantó, su gobierno intervendrá para evitar que el Servicio de Administración Tributaria mantenga sanciones que podrían estrangular las finanzas municipales. Se alista un convenio para rescatar a Juárez y garantizar que el municipio siga recibiendo recursos.
El rescate llegará, sí. Pero el costo político ya está en curso y los antagónicos a Cruz brincan de contentos, a pesar que el problema fue heredado por el diputado Armando Cabada.
Al final, como siempre, los ciudadanos terminan pagando la cuenta… aunque nunca hayan sido invitados a la fiesta.
El deslinde urgente y la herencia incómoda
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CRUZ PÉREZ CUÉLLAR
Apenas se hizo pública la declaración de la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre el rescate financiero de Ciudad Juárez, la reacción no se hizo esperar desde el corazón del gobierno municipal.
El principal inquilino de la Unidad Administrativa Benito Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, activó el modo emergencia. Convocatoria exprés, medios alineados en primera fila y una conferencia de prensa con un objetivo claro: deslindarse… y señalar.
Porque en política, el que se quema no sólo busca agua, busca a quién pasarle la manguera. Y en esta ocasión, Pérez Cuéllar no dudó en ponerle nombre y apellido al responsable: su antecesor y viejo conocido, Armando Cabada Alvídrez.
El edil salió armado con gráficas, cifras y hasta copias impresas —para que no quedara duda— a explicar el enredo fiscal que arrastra el municipio. El mensaje central fue claro: los pagos millonarios no son culpa de su administración, sino facturas heredadas de un pasado mal administrado.
Según detalló, en 2024 se pagaron 136 millones de pesos correspondientes a adeudos de 2017 y 2019. Para 2025, otros 101 millones por deudas de 2020. Y en el horizonte de 2026 aparece la bomba más reciente: 114 millones de pesos originados en 2021, justo en los tiempos de Cabada.
La narrativa es precisa: nosotros pagamos, otros se endeudaron.
Pero la historia no termina ahí. Pérez Cuéllar también reveló que, al detectar la voluntad del municipio por ponerse al corriente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público abrió la puerta a un convenio que podría cambiar el panorama: pagar sólo el 25% del adeudo más reciente.
Traducido a números: de 114 millones, el municipio desembolsaría apenas 28 millones, con la posibilidad de recuperar el resto. Un ahorro cercano a los 80 millones de pesos que, en cualquier administración, suena más a oxígeno puro que a simple ajuste contable.
El alcalde celebró la posibilidad como quien encuentra una salida de emergencia en medio del incendio financiero. Asegura que este acuerdo evitará que las finanzas municipales repitan los tropiezos de administraciones pasadas.
Y, por si quedaba duda, remató el mensaje: esta deuda no la generó su gobierno. Es producto de errores, omisiones y —según dejó entrever— malas prácticas como el deficiente timbrado de nómina y el incumplimiento en el pago de impuestos retenidos.
Al final, más que una explicación técnica, lo que vimos fue un ejercicio político de control de daños. Porque en tiempos donde cada cifra pesa y cada declaración cuenta, nadie quiere cargar con una deuda que no le pertenece… aunque le toque pagarla.
En Juárez, la historia no es sólo de números, sino de responsabilidades que, como la pelota, nadie quiere tener demasiado tiempo en su cancha.
Gilberto Loya “El Cachorro”… y su Campaña Política en Juárez
EL SSPE GILBERTO LOYA
En política, hay eventos que se anuncian como participación ciudadana… y otros que, aunque no lo digan, huelen a campaña desde la primera fila de sillas acomodadas.
Y en Ciudad Juárez, el que ya empezó —literalmente— a recorrer ese camino es Gilberto Loya Chávez.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal organizó un evento el pasado sábado, en el papel, forma parte de los ejercicios de participación ciudadana impulsados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua. Una estrategia que ya ha pasado por municipios como Delicias, Camargo, Chihuahua, Parral, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Meoqui y Saucillo.
El objetivo oficial suena impecable: fomentar la cultura de la legalidad, fortalecer la cohesión social y construir entornos más seguros de la mano con la ciudadanía. Nada que objetar… en teoría.
Pero en la práctica, el evento en Juárez tuvo otro tono. Uno más cercano al arranque de posicionamiento político que a un simple ejercicio institucional.
Con líderes de colonias como Morelos de Zaragoza, Rancho Anapra, Riberas del Bravo o Portal del Roble como audiencia, Loya tomó el micrófono y lanzó un mensaje que, más allá del contenido, tuvo el ritmo de quien sabe que lo están midiendo:
“La prevención social y la participación ciudadana son nuestras mejores herramientas para enfrentar la violencia y la delincuencia…”.
Discurso correcto, mensaje necesario… pero también perfectamente alineado con un perfil que busca conectar más allá de la función pública.
Porque en política, recorrer colonias, hablar de cercanía, reconocer a la gente “trabajadora y comprometida” y colocar a la ciudadanía en el centro del discurso no sólo construye comunidad… también construye candidatura.
El acompañamiento tampoco fue menor. Ahí estuvieron Rosa Isela Gaytán Díaz, subsecretaria de Participación Ciudadana; Luis Ángel Aguirre, subsecretario de Estado Mayor; y Ricardo Fernández Acosta, responsable del sistema penitenciario. Todos reforzando el mensaje institucional… y, de paso, arropando la figura del secretario.
Nadie dirá abiertamente que es campaña. No todavía.
Pero cuando los eventos se multiplican, el discurso se afina y la presencia territorial se vuelve constante, el lenguaje político cambia. Ya no es sólo prevención del delito: es posicionamiento.
En Chihuahua, la seguridad siempre ha sido una bandera poderosa. Y quien la porta con visibilidad, inevitablemente entra al radar electoral.
Así que sí, el evento fue de participación ciudadana.
Pero también fue algo más.
Porque en estos tiempos, hasta la prevención… puede prevenir quedarse fuera de la boleta.
