En los corrillos políticos de Ciudad Juárez ya comenzó a mencionarse un nombre que podría dar de qué hablar en la próxima contienda municipal: Adriana Terrazas Porras. De acuerdo con información obtenida por Tal Cual a través de una fuente cercana al proyecto, la ex diputada local y ex dirigente estatal del PRI habría comenzado a dar los primeros pasos de lo que sería su ruta rumbo a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal.

Según lo revelado, Terrazas ya estaría sosteniendo reuniones con distintos actores del sector empresarial de la ciudad para fortalecer una eventual plataforma política. Entre quienes han manifestado interés en respaldar el proyecto se menciona a varios empresarios locales, entre ellos el propietario de una conocida distribuidora de mariscos ubicada sobre la avenida Francisco Villarreal Torres.

Las versiones apuntan a que el apoyo no sería únicamente político, sino también financiero. Incluso, se comenta que parte de los honorarios del publicista que estaría a cargo de diseñar la estrategia de comunicación de la campaña ya habría sido cubierta, lo que indicaría que el proyecto se encuentra en una fase temprana, pero con organización previa.

Aunque todavía no hay un anuncio oficial ni posicionamiento público por parte de la propia Terrazas, dentro de Movimiento Ciudadano comienzan a observar con interés los movimientos que se están gestando alrededor de su figura.

Por ahora, todo se mantiene en el terreno de las versiones y los movimientos discretos, pero en la política juarense —como bien se sabe— cuando empiezan a alinearse los apoyos y a contratarse estrategas, difícilmente se trata solo de una casualidad.

Revocación de Mandato : El Camino Largo

Jesús Salais en el IEE

Solo para que el tema no quede en el aire, el Instituto Estatal Electoral decidió revivir el recurso que busca la revocación de mandato del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

No significa que el alcalde esté en riesgo inmediato de perder el cargo, ni mucho menos que la consulta vaya a ocurrir mañana. Pero sí implica que el asunto sigue vivo y que, al menos en el papel, comenzará a recorrer el largo y sinuoso camino institucional que exige la ley.

La solicitud fue presentada por la agrupación denominada Revocación de Mandato, encabezada por Jesús Saláis, quien desde hace meses ha insistido en la necesidad de someter a consulta la continuidad del alcalde juarense.

Si el procedimiento logra superar los primeros filtros legales, el proceso apenas estaría comenzando.

La ley es clara: el siguiente paso sería la recolección de aproximadamente 157 mil firmas ciudadanas, una cifra nada menor que representa un desafío logístico y político considerable. Reunir ese número de respaldos no es tarea sencilla ni para partidos políticos con estructura territorial, mucho menos para un movimiento ciudadano que apenas comienza a organizarse bien.

Pero suponiendo que la hazaña se logre, todavía quedaría otro tramo del camino: el análisis jurídico del Tribunal Estatal Electoral, instancia que tendría que validar la legalidad de todo el procedimiento antes de que cualquier consulta pudiera concretarse.

Es decir, la ruta es larga.

La demanda presentada por la agrupación señala presuntos actos de corrupción relacionados con la adquisición de patrullas para la policía municipal. De acuerdo con el argumento central, los vehículos que originalmente fueron rentados durante la administración del ex alcalde Armando Cabada habrían sido posteriormente adquiridos por el municipio ya usados y, además, a un costo superior al que correspondería.

A ello se suman otros señalamientos relacionados con obras de infraestructura urbana y con el deterioro de distintos sectores de la ciudad.

Son acusaciones que, desde luego, deberán probarse en las instancias correspondientes si el procedimiento continúa avanzando.

Por ahora, la verdadera prueba de ácido será el propio Instituto Estatal Electoral. No es sencillo que una solicitud de revocación supere todos los filtros técnicos y legales que exige la normatividad.

Pero tampoco es imposible.

En el Tribunal Estatal Electoral el escenario parece todavía más cuesta arriba para los promotores del recurso. Desde hace tiempo el llamado “vino tinto” domina esa instancia jurisdiccional, lo que en términos políticos suele interpretarse como una clara afinidad con los gobiernos emanados de Morena.

No sería la primera vez que algo así ocurre.

Ahí está el antecedente reciente de Oaxaca, donde el tribunal terminó resolviendo en favor del gobernador en un proceso que también estuvo rodeado de polémica política.

Así que, por ahora, el intento de revocación contra el alcalde juarense se encuentra apenas en su etapa embrionaria.

Falta la recolección de firmas, faltan las revisiones legales, faltan las resoluciones judiciales… y, sobre todo, falta ver si el impulso político que hoy existe logra sostenerse durante todo ese trayecto.

Porque en política, como en el derecho electoral, muchas batallas comienzan con estruendo… y terminan diluyéndose en los pasillos de las instituciones.

Morena: prohibidos los pleitos… excepto si son entre los de casa

En Morena alguien tuvo la brillante idea de prohibir los ataques internos. Así, sin más. El fin de semana pasado, el Consejo Político Nacional del partido acordó que ya no se vale eso de estarse dando con todo entre compañeros, sobre todo si tienen aspiraciones políticas.

La decisión, sin duda, debió haber generado un momento de profundo silencio reflexivo entre varios morenistas… particularmente entre la delegada de Bienestar, Mayra Chávez, y el senador Juan Carlos Loera, quienes desde hace semanas mantienen una confrontación política —y por momentos hasta personal— que no parece tener freno.

Porque mientras el partido pide calma, en Chihuahua el pleito sigue subiendo de tono.

La explicación —que desde luego no es justificación— es bastante simple: la política, como siempre, gira alrededor de las candidaturas. En este caso, el senador Loera mantiene la aspiración de buscar por segunda ocasión la candidatura de Morena a la gubernatura del estado. Y si esa puerta se cierra, siempre queda la alternativa de competir por la alcaldía de Ciudad Juárez.

Nada fuera de lo común en política… salvo el pequeño detalle de que en ese mismo tablero ha comenzado a aparecer el nombre de Mayra Chávez.

Y ahí empezó el problema.

Desde su llegada a la delegación de Bienestar —la misma oficina que anteriormente ocupó el propio Loera— el senador no ha perdido oportunidad de lanzar críticas. Pero conforme la delegada comenzó a ser mencionada entre los perfiles con posibilidades de competir por la presidencia municipal de Juárez, los señalamientos se intensificaron.

El senador ha insistido en que se trata de una “arribista”, ha cuestionado su capacidad como funcionaria, la ha acusado de intervenir en asuntos internos del partido e incluso ha deslizado insinuaciones de nepotismo.

Un menú bastante completo de descalificaciones para alguien que, en teoría, es compañera de partido.

Por su parte, la delegada ha optado por una estrategia distinta: mantener un tono institucional… aunque no necesariamente silencioso. En más de una ocasión le ha recordado al senador que cuando él estuvo al frente de la delegación de Bienestar simplemente nunca pudo con el cargo.

Traducción política: si no pudiste con la oficina, menos con la crítica.

Pero ahora que los ataques del senador regresaron —y con renovado entusiasmo— la paciencia institucional parece estar llegando a su límite. Según versiones cercanas, la delegada analiza seriamente presentar una denuncia por violencia política de género contra el propio Loera, con la intención de poner un freno legal a las expresiones en su contra.

Es decir, el pleito podría pasar del terreno mediático al jurídico.

Mientras tanto, en Morena parece imperar una serenidad digna de monasterio.

Pese a que los ataques han sido constantes y bastante visibles, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del partido no ha intervenido. Nadie ha llamado al orden, nadie ha pedido explicaciones y, por lo visto, nadie tiene prisa por hacerlo.

Habrá que ver si en los próximos días la instrucción del Consejo Nacional —esa que prohíbe los ataques internos— se traduce en acciones concretas.

O si, como ocurre con varios de los decálogos éticos del partido, termina archivada en la elegante categoría de las buenas intenciones.

Porque si algo ha quedado claro en Morena es que las reglas internas funcionan de maravilla… siempre y cuando nadie tenga aspiraciones.

Y aspirantes, por cierto, sobran.

No hay que olvidar que el senador también ha tenido palabras poco amables para la diputada local Brenda Francisco Ríos, otra de las figuras de reciente incorporación al partido.

Ni tampoco su ya larga y conocida confrontación con el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, cuya trayectoria partidista —PAN, luego Movimiento Ciudadano y hoy Morena— demuestra que en política los caminos del pragmatismo suelen ser bastante flexibles.

Así que mientras Morena predica unidad desde la dirigencia nacional, en Chihuahua el espectáculo continúa.

Porque si algo distingue a la llamada “cuarta transformación”, al menos en su versión local, es que la lucha interna nunca descansa.

Aunque esté oficialmente prohibida.