CON INF. DE HBMNOTICIAS
El Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial Morelos Humberto Chávez Allende libró una orden de aprehensión, dentro de la causa penal número 3050/2024, en contra de José Pedro López Elías, titular de la persona moral «López Elías Finanzas Públicas, Sociedad Civil».
Lo anterior por la probable comisión del delito de peculado agravado, revelaron fuentes de alto nivel del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
La orden de aprehensión a la que tuvo acceso este medio de comunicación, indica que el presunto responsable y su despacho financiero, están sujetos a una investigación penal en el estado de Chihuahua, por haber cobrado en el gobierno de Javier Corral Jurado (2016-2021), la cantidad de 98.6 millones de pesos de recursos públicos, en un contrato donde se simuló la reestructuración de la deuda pública estatal.
El año pasado (2024) José Pedro López Elías promovió un amparo bajo el número de expediente 2098/2024, donde según archivos periodísticos, el juez federal le admitió el mismo contra alguna posible orden de aprehensión girada por jueces de control del Distrito Judicial Morelos.
Es decir, ya temía ser aprehendido por la probable comisión del delito penal.
Empero el juzgador federal no le concedió mayores alcances a la suspensión provisional, situación que fue impugnada sin éxito a través de un escrito el 3 de octubre de 2024, y cuyo documento publicó HBMNoticias.com.
A la fecha se cumplen casi cuatro meses de que el Juez Penal de Primera Instancia declaro en «rebeldía» a José Pedro López Elías (22 de enero de 2025) por no haberse presentado a declarar voluntariamente ante el Ministeri0 Público entorno a la investigación por el presunto desvío millonario.
Según archivos periodísticos, la orden de aprehensión que se intentó ejecutar el 14 de agosto de 2024 al senador morenista Javier Corral Jurado en conocido restaurante de la Ciudad de México, derivó precisamente de la denuncia que interpuso la Auditoría Superior del Estado (ASE), tras la revisión forense al estado de la deuda pública estatal, hacia el final de su gestión como gobernador en 2021.
En la referida auditoría, se detectaron graves y diversas irregularidades, entre ellas que no había evidencia del trabajo supuestamente realizado por el despacho contratado para apoyar en la reestructura de los pasivos, denominado «López Elías Finanzas Públicas S.C».
La única evidencia del supuesto apoyo a los trabajos de refinanciamiento, estaba fechada antes de la firma del contrato; sin embargo, de acuerdo con la denuncia, éste también fue irregular porque el despacho no estaba inscrito en el Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado y no emitieron el correspondiente acuerdo de suficiencia presupuestal, que debe hacerse ante cualquier erogación de recursos públicos.
Además, la auditoría encontró que la Ley de Adquisiciones del Estado había sido burlada por la Secretaría de Hacienda (liderada en ese entonces por el actual prófugo de la Justicia Arturo Fuentes Vélez), dado que fue constituido un fideicomiso expresamente prohibido en la norma, para evitar ciertas disposiciones legales orientadas a manejar de forma discrecional los recursos públicos.
Javier Corral en diversas entrevistas a medios de comunicación, tanto locales como naciones, ha negado tales acusaciones empero hay contradicciones en todas las pruebas localizadas y documentadas por las autoridades fiscalizadoras e investigadoras.
Sobre el paradero de José Pedro López Elías, ha trascendió extraoficialmente en las fiscalías general del estado y anticorrupción, respectivamente que se han efectuado diversas diligencias en territorio nacional.
De igual manera circulan versiones de que el presunto responsable pudo haber escapado desde el año pasado hacía la Unión Americana, específicamente el estado de California y donde ya se han girado oficios diplomáticos para su localización.
De igual manera ha sido situado más recientemente en la ciudad de México en donde tramitó un amparo para evitar ser detenido.
Los casi cien millones de pesos que se pagaron indebidamente al referido despacho, no han sido devueltos a la arcas públicas estatales.
La orden de aprehensión emitida por el Juez Penal de Primera Instancia en Chihuahua.
