El juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó este martes el cargo de terrorismo contra Rafael León Segovia, aunque decidió vincularlo a proceso por otros dos delitos (encubrimiento por favorecimiento y en contra de las instituciones de seguridad pública), imponiendo prisión domiciliaria por un año.
Información recabada por ARTICLE 19 indica que la audiencia transcurrió con múltiples inconsistencias, falta de argumentos e irregularidades por parte de la Fiscalía en su intento por atribuir responsabilidad penal a Rafael.
Pese a esto, la defensa del periodista logró evidenciar que no se comprobó ninguna relación real del periodista con estructuras delictivas y que la imputación de terrorismo era completamente arbitraria por parte del gobierno morenista de Rocío Nahle.
La gobernadora Nahle ha sido evidenciada como se hizo multimillonaria de la noche a la mañana en Veracruz y la vida de lujos que la rodea, contrario a los discursos públicos de una austeridad republicana que no existe en su forma de vivir.
Por el contrario, la audiencia sí evidenció la manera en que la Fiscalía está criminalizando la labor periodística. Inculpando a Rafael por la información que le llega, a través de distintas fuentes de información, y sobre la cual reporta oportunamente. Para la autoridad, dar a conocer a la sociedad información sobre un acontecimiento constituye un indicio de conocimiento previo del hecho delictivo. Es decir, bajo el argumento de que Rafael “llegaba antes” a cubrir la nota, la Fiscalía está buscando criminalizar su trabajo.
La acusación de la Fiscalía se sustenta, principalmente, en un “testigo protegido”, cuyas declaraciones fueron recabadas con múltiples irregularidades y son contradictorias. De forma inverosímil, las coberturas periodísticas de Rafael y la eficiencia con la cual hace su trabajo fueron argumentadas por la Fiscalía como supuestas “pruebas” de hechos ilícitos. Aún más absurdo, se le imputa no reportar o denunciar a las autoridades el conocimiento que tiene de supuestos hechos delictivos.
Bajo estos parámetros se impone un riesgoso precedente para el ejercicio del periodismo que puede dar pie a la criminalización de más personas comunicadoras.
ARTICLE 19 manifiesta su rechazo a la criminalización que Rafael enfrenta por parte de la Fiscalía, y por la falta de apego a derecho que el juez demostró en su determinación.
Llama la atención que en apenas veinte días los funcionarios de la FGE integraron y judicializaron una carpeta contra un periodista por terrorismo, encubrimiento y delitos contra las instituciones de seguridad, pero solicitaron cuatro meses para la investigación complementaria. También destaca la diligencia y rapidez para encauzar investigaciones contra la prensa, en contraste con la capacidad para resolver los asesinatos de personas comunicadoras en la entidad federativa más letal para la prensa, casos que se mantienen en completa impunidad.
Por otro lado, es preciso señalar que el juez fijó la medida cautelar de arraigo domiciliario hasta que concluya el juicio en contra de Rafael, lo que constituye una medida desproporcionada ya que impide que el periodista salga a las calles y continúe con su cobertura, afectando no solo la forma de vida y los derechos del periodista sino también el derecho a la información de la sociedad.
Con el arraigo domiciliario ordenado, exhortamos al Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que intervenga en el caso de Rafael, gestionando medidas de protección inmediatas para el periodista y su familia, quienes se encuentran en riesgo en un contexto de reiteradas amenazas y persecución.
Por otra parte, exigimos de nueva cuenta a la Fiscalía General del Estado a cesar la criminalización de la labor periodística y al Poder Judicial del Estado de Veracruz a garantizar condiciones mínimas de independencia e imparcialidad.
En todo el país el gremio periodístico señala a la gobernadora morenista de Veracruz Rocío Nahle como represora de periodistas.
