La resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito no es un asunto menor ni un simple tecnicismo jurídico. Al determinar que corresponde al fuero federal conocer las investigaciones seguidas en Chihuahua contra el exgobernador Javier C. J., se abre un nuevo y delicado frente de confrontación entre el Estado y la Federación, con un evidente trasfondo político.
En los hechos, la intervención de la Fiscalía General de la República, ahora bajo la conducción de Ernestina Godoy, amigota de Javier, apunta a atraer un expediente que, desde su origen, se integra por hechos presuntamente cometidos en territorio chihuahuense y con recursos estatales. El hoy senador de Morena pasa así del banquillo local al paraguas federal, en una jugada que no pocos interpretan como un salvavidas institucional.
La reacción de la Fiscalía Anticorrupción del Estado no se hizo esperar. El organismo manifestó su abierto desacuerdo con la determinación del Tribunal Colegiado, que resolvió a favor del juez federal el conflicto de competencia promovido por la defensa del exmandatario. Para la autoridad local, la resolución no solo invade atribuciones, sino que sienta un precedente preocupante para el combate a la corrupción en las entidades federativas.
Y es que, como suelen precisar los abogados, la litis no está en el delito mismo. El presunto desvío de 98.6 millones de pesos —correspondientes a un pago realizado a una empresa para la reestructura de la deuda estatal que nunca se ejecutó— ya fue suficientemente documentado. El verdadero pleito está en quién tiene la facultad de investigar, procesar y sancionar.
La Fiscalía Anticorrupción ha dejado claro que la carpeta de investigación sigue vigente. Amparada en la suspensión definitiva concedida dentro del juicio de amparo 2288/2025-I-1, promovido por la Secretaría de Hacienda del Estado, sostiene que continúan vigentes los efectos legales para la protección de la sociedad chihuahuense, reconocida como víctima directa del presunto daño patrimonial.
En este contexto, el organismo autónomo advierte que mantendrá la defensa de la competencia estatal. No es un dato menor que el exgobernador cuente con una orden de aprehensión vigente que no ha podido ejecutarse. Para la autoridad local, la explicación es clara: la cobertura del régimen federal ha pesado más que la lógica jurídica.
Así, el caso Javier C. J. deja de ser únicamente un expediente judicial para convertirse en un símbolo de la disputa entre poderes, de la politización de la justicia y de los límites reales del combate a la corrupción cuando los intereses partidistas entran en juego. Una historia que, lejos de cerrarse, apenas comienza.
Desde luego, el exmandatario se mostró satisfecho con la resolución inicial y reiteró —como lo ha hecho durante los últimos años— que es víctima de una persecución política. Un argumento predecible, aunque resulta difícil esperar una narrativa distinta cuando se cuenta con la protección política de Morena.
El fondo del asunto, sin embargo, trasciende a un solo personaje. Lo que está en juego es el respeto al federalismo, la autonomía de las fiscalías estatales y la credibilidad de un sistema de justicia que, cada vez más, parece moldearse según el color del partido en el poder.
Salud y responsabilidad pública
La gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, informó a través de sus redes sociales que dio positivo a influenza AH1N1, conocida también como influenza estacional, motivo por el cual deberá guardar reposo y ausentarse de manera presencial de su despacho en Palacio de Gobierno.
En su mensaje, la mandataria aprovechó para recomendar a los chihuahuenses extremar precauciones y evitar situaciones de vulnerabilidad ante los cambios bruscos de temperatura que se han registrado en la entidad. Un gesto oportuno que, más allá del parte médico, busca enviar un mensaje de prevención a la población.
Ni ella ni su equipo de comunicación precisaron cuántos días permanecerá fuera de actividades presenciales, aunque el cálculo médico apunta a un periodo de cuatro a cinco días, siempre y cuando no se presenten complicaciones. Durante este tiempo, se espera que la gobernadora continúe atendiendo asuntos prioritarios de manera remota, como ya es costumbre en la era digital.
La influenza AH1N1, aunque hoy se percibe como un padecimiento controlable, fue responsable de una pandemia mundial hace alrededor de 15 años. Aquella experiencia dejó lecciones importantes sobre la necesidad de atención médica oportuna, prevención y responsabilidad social. Actualmente, su letalidad es mínima si se diagnostica y trata adecuadamente.
El episodio sirve también como recordatorio para la ciudadanía: la vacuna contra la influenza debe aplicarse cada año. Este padecimiento suele confundirse con una gripe común, pero puede derivar en complicaciones graves, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.
Más allá de la coyuntura política, el mensaje es claro: la salud no distingue cargos ni jerarquías. La prevención sigue siendo la mejor herramienta, incluso para quienes toman las decisiones desde el poder.
Estudiantes entre el frío y la inercia
Llegó el frío
Finalmente, este día quedó marcado como fecha inamovible para el regreso a clases en el nivel básico, pese a que los pronósticos climatológicos advierten temperaturas de hasta dos grados bajo cero y la posibilidad de lluvias gélidas en la capital del estado. El calendario escolar se impone, aun cuando el termómetro parece empeñado en desafiar la lógica administrativa.
Desde la Secretaría de Educación y Deporte se insiste en que, al menos hasta el fin de semana, no habrá modificaciones a los horarios ni a las actividades escolares. La postura oficial es clara: el sistema educativo está listo para operar bajo cualquier condición climática y, según reportes institucionales, escuelas y docentes se encuentran preparados.
Sin embargo, la realidad siempre introduce matices que los comunicados no alcanzan a cubrir. La propia autoridad reconoce que habrá excepciones, particularmente en el caso de alumnos con algún malestar de salud. En esos escenarios, como ocurre cada invierno, la última palabra la tendrán los padres de familia, quienes deberán valorar el riesgo y decidir si envían o no a sus hijos a clases.
Este “criterio flexible” deja en evidencia una contradicción: el regreso es obligatorio, pero la responsabilidad recae finalmente en las familias. Una fórmula ya conocida que transfiere al ciudadano el peso de decisiones que, en teoría, corresponden a la autoridad educativa.
Para anticiparse a cualquier eventualidad, la Secretaría anunció que mantendrá personal de guardia durante el retorno a las aulas, atento a las recomendaciones de Protección Civil. Una medida preventiva que, en los hechos, deja abierta la puerta a ajustes de último momento si el clima se convierte en un factor de riesgo mayor.
El problema no es el regreso a clases, sino la falta de sensibilidad ante contextos extremos. No todos los planteles cuentan con calefacción adecuada, ni todos los estudiantes tienen las mismas condiciones para enfrentar temperaturas bajo cero. La política pública debería partir de esa desigualdad.
Mientras tanto, el calendario escolar sigue su curso, como si el invierno fuera un detalle menor. Y en medio del frío, una vez más, la educación camina entre la rigidez institucional y la realidad que se cuela por las ventanas de los salones.
