La diputada de morena, Elizabeth Guzmán Argueta, exhortó a la titular del Poder Ejecutivo del Estado para que suscriba de manera inmediata el convenio de coordinación con el Gobierno Federal, a efecto de garantizar la implementación universal de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, así como para que revise las reglas de operación de su programa de apoyos.
Dicho exhorto presentado por la legisladora morenista fue aprobado en el pleno del Congreso, luego de una intensa discusión parlamentaria en la que el apoyo de las organizaciones en pro de los derechos de las personas con discapacidad fue patente para la propuesta de la morenista, quien a su vez dejó claro que se seguirá de cerca que haya certeza presupuestal para los programas que tienen como fin el mejorar la vida de este sector de la población.
Fue mediante una proposición con carácter de punto de acuerdo, en donde la legisladora expuso que hace apenas unos días, la Secretaría de Bienestar del Gobierno de México, anunció el proceso de registro para la incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, mismo que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo de 2026, reafirmando el carácter prioritario de este derecho social y su implementación a nivel nacional.
“Con este programa se otorga un apoyo económico de 3 mil 300 pesos bimestrales y está diseñado para personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años, los cuales se entregan de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de personas con discapacidad permanente”, explicó Elizabeth Guzmán.
La diputada morenista sentenció que, si bien este programa tiene cobertura universal en los 24 estados que sí han firmado convenio con el gobierno federal, en aquellas entidades que no han suscrito dicho convenio, como es el caso de Chihuahua, el acceso a este derecho se encuentra restringido, limitándose en los hechos a personas de 0 a 29 años, salvo excepciones en zonas de alta marginación.
“La omisión administrativa del gobierno estatal, genera un esquema de cobertura desigual y fragmentada”, enfatizó.
Elizabeth Guzmán, añadió que ya previamente se han realizado exhortos en el Congreso Local en el mismo sentido, sin que a la fecha exista cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Estatal, lo que configura una persistente omisión administrativa con impacto directo en el goce de derechos humanos.
En este tenor la legisladora morenista también abundó en la necesidad de que se revise y adecue 1S047A1, a fin de que se ajuste a los principios de universalidad, igualdad y no discriminación, progresividad, seguridad jurídica, y continuidad en el acceso a los derechos sociales.
Entre los puntos observados en las reglas de operación de dicho programa, Elizabeth Guzmán subrayó la falta de certeza y suficiencia, ya que monto del apoyo económico no es uniforme ni garantizado, al depender de un estudio socioeconómico, lo que introduce un margen de discrecionalidad administrativa contrario al principio de seguridad jurídica.
Finalmente hizo hincapié en que, desde una perspectiva constitucional, la existencia de programas locales de carácter discrecional no exime al Estado de su obligación de garantizar derechos reconocidos a nivel constitucional y convencional.
