Pues ya salió humo blanco de Morena, aunque después de una jornada tan larga y con tanto jaloneo interno, más de uno debe estar preguntándose si realmente salió humo… o fue puro incendio.
La definición finalmente favoreció a Cruz Pérez Cuéllar, quien será el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua rumbo a 2027. La decisión dejó fuera a Andrea Chávez Treviño, después de una disputa interna que mantuvo en vilo a los grupos guindas durante semanas.
Pero la pregunta interesante no es solamente quién ganó la coordinación. La pregunta es: ¿quiénes perdieron con Andrea? Y ahí aparece, en primera fila, el senador Adán Augusto López Hernández.
El tabasqueño ha mantenido una relación política cercana con Andrea Chávez desde hace varios años y fue uno de los respaldos nacionales más visibles de su proyecto. Por eso, aunque formalmente la decisión corresponde a Morena y el proceso se definió mediante encuestas, el desenlace representa también un golpe político para el grupo que acompañó a la juarense en su proyecto rumbo a la gubernatura. Adán Augusto apostó fuerte. Y esta vez, la ficha no cayó en su casilla.
La decisión de Morena terminó favoreciendo a Cruz Pérez Cuéllar, en medio de una disputa donde también pesaron los equilibrios entre Morena y sus aliados. El Partido Verde había expresado su respaldo al juarense, mientras que Andrea recibió el acompañamiento del PT. El asunto dejó claro que la definición de Chihuahua no era solamente un pleito entre dos aspirantes: había grupos nacionales, aliados partidistas y estructuras locales moviendo fichas en el tablero. Y ahora viene lo bueno.
Porque sería bastante ingenuo pensar que con el anuncio de Cruz se acabó la película. Apenas terminó el primer capítulo.
Andrea Chávez quedó fuera de la coordinación, pero no desapareció del escenario. Después de conocer la decisión, aseguró que continuará recorriendo Chihuahua y mantuvo públicamente su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación. La gran incógnita será entonces qué hará el grupo que construyó alrededor de Andrea durante los últimos años. Porque en política, cuando se cierra una puerta, casi siempre aparece alguien buscando una ventana. Y vaya que hay ventanas.
Otro de los damnificados políticos del desenlace es Javier Corral, quien públicamente cuestionó la designación de Pérez Cuéllar y se colocó del lado de la senadora con licencia durante la disputa interna. También aparece Juan Carlos Loera, quien ha mantenido posiciones cercanas al proyecto de Andrea y cuyo grupo tendrá que decidir ahora cómo acomodarse frente a la nueva realidad guinda. Y aquí es donde comienza la verdadera operación cicatriz.
Porque Cruz Pérez Cuéllar ya hizo el llamado a la unidad y convocó a quienes participaron en el proceso a sumarse al trabajo rumbo a 2027. Muy bonito en el discurso. Pero otra cosa será convencer a todos los que durante meses estuvieron trabajando para que el coordinador fuera otro. Sobre todo porque entre los dos proyectos quedaron demasiadas diferencias expuestas.
El propio Javier Corral ya dejó claro que no piensa guardar silencio respecto de Pérez Cuéllar. Y en el entorno de Andrea también se han formulado cuestionamientos contra el alcalde con licencia, particularmente sobre su trayectoria política y asuntos relacionados con su administración. Así que la unidad será la palabra de moda. Unidad por aquí, unidad por allá y unidad hasta en las fotografías. Pero debajo de la mesa, seguramente comenzará el reparto de fichas.
Y tampoco puede perderse de vista que Pérez Cuéllar llega a esta nueva etapa después de meses en los que su administración y su entorno político han estado bajo cuestionamientos y referencias públicas a investigaciones federales. Esos antecedentes forman parte del expediente político que sus adversarios seguramente mantendrán vivo durante el proceso electoral. Porque si alguien pensaba que la designación de Morena cerraba la disputa, probablemente todavía no conoce la política chihuahuense.
La candidatura formal vendrá después. Y antes de eso habrá que construir una operación política capaz de juntar a los grupos que hoy terminaron en esquinas distintas. Ahí estará la verdadera prueba para Cruz. Porque ganar una definición interna es una cosa. Conseguir que todos los que perdieron sonrían en la misma fotografía… esa ya es otra historia. Y mientras tanto, en el grupo Tabasco seguramente también estarán haciendo cuentas.
Adán Augusto perdió la apuesta en Chihuahua, Andrea quedó fuera de la coordinación y sus aliados tendrán que decidir si se suman al nuevo proyecto, negocian posiciones o mantienen distancia. En política, pocas derrotas son definitivas y pocas victorias son gratuitas. La noche del lunes Morena eligió a Cruz. Ahora comienza el verdadero jaloneo. Y ese, apenas empieza.
LOERA MUEVE OTRA FICHA EN EL TABLERO JUARENSE
Por cierto, Juan Carlos Loera decidió mover sus piezas y solicitó licencia indefinida al Senado. Y como en política no existen las casualidades —o al menos eso dicen los que viven de la grilla—, la decisión inmediatamente encendió los focos en Ciudad Juárez. Porque, ¿para qué dejar el Senado justo cuando comienza a calentarse el proceso electoral de 2027?
La licencia abre de par en par la especulación sobre una eventual búsqueda de la candidatura de Morena a la alcaldía de Juárez. Y vaya que la frontera comienza a ponerse interesante. Loera, además, ha sido identificado políticamente con el grupo que respaldó a Andrea Chávez, de manera que su movimiento adquiere todavía mayor significado después de que la senadora con licencia quedó fuera de la coordinación estatal de la Defensa de la Transformación, posición que finalmente terminó en manos de Cruz Pérez Cuéllar.
Es decir, mientras unos apenas están tratando de digerir el resultado de la definición estatal, otros ya están acomodando las fichas para la batalla municipal. Y ahí es donde el tablero juarense empieza a parecer más una partida de ajedrez que un proceso electoral.
Hasta hace poco, una de las posibilidades que se manejaban era que Andrea Chávez pudiera buscar la alcaldía de Ciudad Juárez. Pero ahora aparece Loera en la ecuación.
Y por si faltara algo, Cruz Pérez Cuéllar dejó la Presidencia Municipal para concentrarse en su proyecto estatal, abriendo también un enorme signo de interrogación sobre quién se quedará con la candidatura guinda a la alcaldía. Porque tampoco hay que olvidar a Mayra Chávez, quien había sido mencionada desde el entorno político de Pérez Cuéllar como una de las cartas para sucederlo.
Así que, hagan sus apuestas… aunque todavía nadie sabe cuáles serán las reglas definitivas del juego. Lo cierto es que la salida de Loera del Senado modifica todavía más el escenario fronterizo. Y aquí viene la pregunta del millón: ¿Qué va a pasar con Andrea Chávez?
Porque una cosa es que no haya obtenido la coordinación estatal y otra muy distinta que su proyecto político haya desaparecido. El Partido del Trabajo ha dejado abierta la posibilidad de respaldarla para la gubernatura, aunque cualquier movimiento dependerá de las negociaciones que se realicen entre Morena, PT y Verde. Y ahí está precisamente el detalle.
Porque si algo ha quedado demostrado en este proceso es que las alianzas de la llamada Cuarta Transformación no son precisamente una familia feliz alrededor de la misma mesa. Cada quien trae su candidato, su grupo, sus intereses y, seguramente, su libreta de cuentas pendientes. Ahora el PT tiene una carta. El Verde tiene la suya. Morena ya puso a Cruz. Loera ya movió ficha. Andrea sigue en el tablero.
Y la alcaldía de Juárez se convirtió, de pronto, en uno de los premios más codiciados de la elección de 2027. La pregunta ya no es solamente quién quiere ser alcalde. La verdadera pregunta es quién tiene los acuerdos, la estructura y los respaldos necesarios para quedarse con la candidatura.
Porque en Morena, después de lo ocurrido con la definición estatal, ya nadie debería confiarse de las encuestas, de los pronósticos ni mucho menos de los “amarres” que presuntamente ya están hechos. Hoy puede haber candidato. Mañana puede aparecer otro. Y pasado mañana… puede llegar una encuesta y mandar todo al carajo.
Por lo pronto, Juan Carlos Loera ya hizo su movimiento. Ahora habrá que ver quién responde. Porque el tablero fronterizo está completamente abierto y, con tantas piezas moviéndose al mismo tiempo, más de uno podría terminar jugando una partida que ni siquiera sabía que estaba jugando.
LA CORTE Y EL BLINDAJE ELECTORAL DE CHIHUAHUA
Era de esperarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación terminara metiendo mano a la reforma electoral de Chihuahua, particularmente en uno de los apartados más delicados: el que pretendía establecer consecuencias electorales cuando se acreditara la intervención del crimen organizado en una candidatura. Y vaya que el tema levantó polvo.
La intención de la reforma era clara: evitar que el dinero, la presión o la intervención de grupos criminales terminaran decidiendo quién aparece en la boleta y, eventualmente, quién llega al poder. El problema fue otro: cómo convertir esa intención en una norma constitucionalmente válida.
La Corte terminó invalidando las disposiciones cuestionadas. El asunto, por supuesto, provocó reacciones políticas inmediatas en Chihuahua, donde desde el ámbito estatal se había defendido la reforma como un mecanismo para blindar las elecciones frente a la delincuencia organizada. Y aquí es donde comienza el verdadero debate. Porque nadie puede discutir seriamente que el crimen organizado representa un riesgo para los procesos democráticos.
Pero tampoco puede establecerse una causal de nulidad electoral con una redacción que deje espacio a interpretaciones amplias o que permita afectar derechos políticos sin que exista una acreditación jurídica suficiente.
La propia lógica constitucional de las nulidades electorales exige que las irregularidades sean graves, dolosas y determinantes, y la legislación electoral ya contempla determinados supuestos bajo los cuales puede anularse una elección. Entonces aparece la pregunta incómoda:
¿Cómo se combate al crimen organizado cuando pretende meterse a una elección sin convertir la ley electoral en una especie de sentencia anticipada?
Porque una cosa es investigar, acreditar y sancionar una relación con organizaciones criminales y otra muy diferente es presumir que esa relación existe y, con base en ella, echar abajo una elección. Y ahí está precisamente el meollo del asunto.
Desde Chihuahua se ha sostenido que el propósito de la reforma era proteger la voluntad ciudadana. El senador panista Mario Vázquez, por ejemplo, cuestionó públicamente la decisión de la Corte y defendió el llamado blindaje electoral aprobado en el estado. Del otro lado está el argumento jurídico: una consecuencia tan grave como la nulidad de una elección necesita reglas claras, pruebas suficientes y un procedimiento que garantice certeza jurídica. No se trata de escoger entre democracia y seguridad. Se trata de encontrar la fórmula jurídica que permita tener ambas. Y Chihuahua no está precisamente para experimentar con asuntos menores.
Aquí la discusión sobre seguridad, crimen organizado y política lleva años ocupando los primeros lugares de la agenda pública. Por eso, cualquier intento de blindar los procesos electorales contra la delincuencia tendrá necesariamente una enorme carga política. Lo que ocurrió ahora deja una lección importante: no basta con decir que se quiere sacar al crimen organizado de las elecciones; hay que construir el mecanismo jurídico que permita hacerlo sin que la norma termine siendo vulnerable constitucionalmente.
Porque si las reglas son débiles, los criminales pueden encontrar la puerta. Pero si las reglas son demasiado amplias, también pueden convertirse en un instrumento de incertidumbre electoral. Y vaya que eso sería otro problema.
Además, el debate llega justo cuando Chihuahua se encamina hacia el proceso electoral de 2027. La discusión sobre quiénes competirán, qué partidos irán juntos y cómo se garantizará que las campañas estén libres de presiones externas apenas comienza. Por eso, sería un error político conformarse con la sentencia de la Corte y pasar página. El fallo no desaparece el problema. Lo vuelve todavía más urgente.
Ahora corresponde a los legisladores, autoridades electorales y partidos encontrar una vía jurídicamente sólida para impedir que dinero ilícito, amenazas, presiones o intereses criminales tengan capacidad de decidir candidaturas o resultados. Porque una elección no solamente debe ser libre el día de la votación. Debe ser libre desde que comienzan a construirse las candidaturas. Y esa batalla, en Chihuahua, apenas comienza.
