El profe Martín Chaparro, veterano de Morena y exdirigente estatal del partido, ya encontró dónde seguir dando la pelea después de quedarse fuera de la contienda por la coordinación estatal. Ahora se registró como aspirante a la Defensoría Municipal de la Cuatroté en Chihuahua capital. Porque en política, cuando se cierra una puerta, siempre queda la esperanza de que alguien olvide ponerle llave a la siguiente.
Chaparro dice que quiere jugar con las bases y no con las cuotas de las cúpulas. ¡Qué ocurrencia! Pedir democracia interna en Morena es casi como llegar a una taquería y exigir que los clientes decidan quién se queda con la caja. El profe quiere que los militantes y simpatizantes voten, que se escuche a los fundadores y que los recién llegados a la franquicia no se lleven todas las rebanadas del pastel. Nada más le faltó pedir que las reglas se conozcan antes de empezar el juego.
Y es que los morenistas de la primera hora ya comenzaron a descubrir que haber puesto los ladrillos de la casa no garantiza que les den las llaves. Mientras unos presumen años de lucha, otros parecen haber encontrado la ruta exprés: cambiar de camiseta, aprenderse el discurso de la transformación y esperar turno en la ventanilla de las candidaturas. En Morena, al parecer, la antigüedad cuenta… siempre y cuando no estorbe a los planes de la dirigencia.
Por eso el profe quiere una consulta. Una de verdad, no de esas que se invocan con solemnidad y luego terminan convertidas en un misterio estadístico, con encuestas cuyos resultados parecen tener la curiosa virtud de coincidir con lo que ya habían decidido los de arriba. Porque si algo distingue a la democracia de partido es que todos pueden participar, aunque algunos aparentemente participen más que otros.
El antecedente de Andrea Chávez en Ciudad Juárez tampoco ayuda a calmar los ánimos. Su designación para encabezar la defensa de la Cuatroté encendió las críticas de quienes cuestionan la falta de una convocatoria pública y de una encuesta conocida que permitiera seguir el procedimiento. Y ahora Chaparro quiere saber si en Chihuahua capital habrá competencia abierta o si el nombramiento ya viene cocinado y solo falta encontrar quién ponga la mesa.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿para qué presume Morena que el pueblo manda si, a la hora de repartir posiciones, las bases tienen que conformarse con mirar desde la puerta? Porque una cosa es invocar al pueblo en cada discurso y otra muy distinta darle la oportunidad de contradecir a la dirigencia. Lo primero produce aplausos; lo segundo puede provocar una reunión urgente.
El profe, mientras tanto, quiere hacer valer a los fundadores frente a los llamados arribistas. Y ahí está el detalle: en un partido que nació prometiendo acabar con las viejas prácticas, ahora sus propias tribus se disputan el derecho de decidir quién es auténticamente morenista y quién llegó cuando la mesa ya estaba servida. Todos hablan de principios, todos reclaman méritos y todos aseguran representar al movimiento. Curiosamente, casi siempre hay una candidatura de por medio.
Por ahora, ni siquiera existe una convocatoria formal ni una metodología definida para las defensorías municipales. Es decir, Chaparro ya levantó la mano para competir en un proceso cuyas reglas todavía están por escribirse. Una modalidad muy conveniente de la democracia: primero aparecen los aspirantes y después, si las circunstancias lo permiten, se averigua cómo van a elegirlos.
La verdadera prueba para Morena no será cuánto presume su democracia participativa, sino si se atreve a ponerla en práctica cuando el resultado no esté garantizado de antemano. Porque si al profe le permiten competir solo para cumplir con el trámite, la consulta será una bonita escenografía; y si las bases terminan hablando sin que nadie las escuche, la transformación habrá avanzado mucho, aunque sea en dirección contraria.
Al final, Martín Chaparro quiere que las bases decidan. Falta saber si la dirigencia quiere escuchar. Porque en Morena todos son pueblo hasta que el pueblo empieza a escoger candidatos. Ahí, por lo visto, la democracia ya necesita autorización de la oficina central.
Periodismo bajo sospecha: esposas para quien hace preguntas
La Plaza del Ángel estaba de fiesta con la presentación de Alejandro Fernández, pero la noche terminó con una escena que nada tiene que ver con el espectáculo: el periodista Ricardo Perea en el suelo, esposado y sometido por tres agentes municipales. Su delito, de acuerdo con los hechos denunciados, habría sido hacer lo que hacen los reporteros: documentar lo que ocurre en la vía pública.
El Foro de Periodistas de Chihuahua salió a defender la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información tras la agresión y detención de Perea, quien realizaba la cobertura del concierto cuando una mujer se desvaneció. Según la denuncia, un policía le pidió que dejara de tomar fotografías o video de la emergencia. El reportero se identificó como periodista y explicó el motivo de su trabajo, pero eso no evitó que terminara esposado y en el suelo.
De la plaza pasó al centro de mando instalado a un costado del lugar y después a la Comandancia Sur, donde permaneció alrededor de cuatro horas, hasta que una jueza cívica ordenó su liberación.
Cuatro horas. El tiempo suficiente para que terminara buena parte del concierto, pero no para que quedara resuelta la pregunta fundamental: ¿qué justificó el uso de la fuerza contra un periodista que realizaba una cobertura informativa?
Porque una cosa es que los policías intervengan ante una emergencia y otra muy distinta que pretendan decidir qué imágenes pueden registrarse y cuáles deben desaparecer de la vista pública. Atender a una persona desvanecida exige coordinación, rapidez y sensibilidad; convertir al reportero en detenido requiere, además, una justificación legal que la autoridad tendrá que explicar.
Si Perea obstruía alguna labor policial, corresponde a las autoridades demostrarlo con hechos y no con versiones improvisadas. Si la detención fue arbitraria o existió un uso excesivo de la fuerza, también debe investigarse y determinarse la responsabilidad de quienes participaron. Ni el uniforme convierte cualquier orden en legítima ni la identificación periodística coloca a alguien por encima de la ley. Lo que sí exige la ley es que toda intervención tenga fundamento y se realice con respeto a los derechos humanos.
El pronunciamiento del Foro de Periodistas pone sobre la mesa un asunto que va mucho más allá de un reportero y una noche de espectáculo: las condiciones en que se ejerce el periodismo en Chihuahua y la relación entre los cuerpos de seguridad y quienes documentan sus actuaciones.
Grabar una emergencia puede generar tensiones, sobre todo cuando los agentes intentan controlar el área o proteger la privacidad de una persona. Pero esas circunstancias deben resolverse mediante protocolos claros y órdenes legalmente justificadas, no mediante la intimidación o el sometimiento físico como primera respuesta.
Además, el asunto no se limita al derecho de Ricardo Perea a realizar su trabajo. La ciudadanía también tiene interés en conocer lo que sucede en los espacios públicos, particularmente cuando intervienen autoridades. El periodismo cumple precisamente esa función: registrar, preguntar y ofrecer información para que los hechos no dependan exclusivamente de la versión oficial.
Por eso, la exigencia del Foro de Periodistas de garantizar la libertad de expresión no debería interpretarse como una petición de privilegios para la prensa. Se trata de que las reglas sean claras para todos, incluidos quienes tienen la responsabilidad de hacerlas cumplir.
Ahora corresponde a las autoridades esclarecer lo sucedido, revisar las actuaciones de los agentes involucrados, determinar si existió una justificación legal para la detención y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes. La investigación debe ofrecer respuestas verificables, no limitarse a cerrar el expediente porque el reportero ya recuperó su libertad.
La detención terminó por orden de una jueza cívica, pero el episodio no debería terminar ahí. Liberar a un periodista no sustituye la obligación de investigar por qué fue detenido ni de establecer si se vulneraron sus derechos.
En una democracia, los policías tienen la tarea de proteger a las personas y preservar el orden; los periodistas, la de informar sobre lo que sucede. Cuando ambas funciones entran en conflicto, la solución no puede consistir en apagar la cámara y poner las esposas.
Porque un concierto puede terminar, las luces pueden apagarse y la multitud puede regresar a casa. Lo que no debería quedarse en la oscuridad es la explicación de por qué un reportero terminó en el suelo mientras hacía su trabajo.
La libertad de expresión no se garantiza con discursos ni con comunicados: se demuestra cuando una cámara registra un hecho incómodo y la autoridad, en lugar de silenciarla, responde por sus actos.
El PAN y sus encuestas: que no salga el ganador antes de abrir las urnas
En el PAN de Chihuahua ya comenzaron a calentar motores rumbo a la selección de sus candidatos o, para ponerlo en el lenguaje de moda, de sus defensores municipales. La dirigencia estatal se prepara para publicar, durante la última semana de octubre, la convocatoria que establecerá las reglas y los tiempos de un proceso que promete mediciones, competencia interna y, seguramente, más de un aspirante haciendo cuentas.
Por ahora, el método que lleva mano es el de las encuestas. Y ahí comienza lo interesante, porque una encuesta puede servir para conocer el ánimo ciudadano, pero también puede convertirse en esa herramienta tan socorrida de la política mexicana: la que llega después de que alguien ya hizo las cuentas y necesita explicar por qué eligió a uno y dejó fuera a los demás.
La pregunta es sencilla: ¿qué va a medir el PAN? Porque no es lo mismo preguntar quién es el más conocido que averiguar quién tiene respaldo ciudadano, estructura territorial y posibilidades reales de competir. La popularidad ayuda, desde luego, pero no siempre se traduce en votos; y tener años recorriendo colonias tampoco garantiza que las simpatías aparezcan cuando llega la hora de responder una encuesta.
Por eso, si Acción Nacional quiere presentar su proceso como un ejercicio democrático, tendrá que poner las cartas sobre la mesa antes de que empiecen las mediciones. Que explique la metodología, los criterios de evaluación, la ponderación de cada factor y la forma en que se resolverán las diferencias entre aspirantes. Lo demás es pedirle a la militancia que confíe en resultados cuyas reglas quizá conozca hasta después de perder.
En Ciudad Juárez, el panorama parece menos enredado. Entre los perfiles mencionados para la contienda municipal aparece Daniela Álvarez, dirigente estatal del partido. Su posición le da visibilidad política, pero también coloca sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cómo garantizar que todos los aspirantes compitan bajo las mismas condiciones cuando una de las figuras mencionadas ocupa la dirigencia que conduce el proceso?
No se trata de dar por hecho que habrá ventajas indebidas, sino de evitar suspicacias. En política, la transparencia no consiste solamente en asegurar que todo se hizo bien; también implica establecer mecanismos que permitan comprobarlo.
Pero si en Juárez el tablero parece tener menos piezas, en Chihuahua capital la partida está más movida. De los ocho aspirantes que se mencionaban inicialmente, dos ya declinaron, por lo que quedan seis perfiles en competencia. Y con seis nombres sobre la mesa, la dirigencia tendrá que decidir si organiza una primera ronda para reducir la lista a tres y después aplica una segunda medición, o si prefiere resolver directamente con los resultados de una sola encuesta.
Cada alternativa tiene sus ventajas y sus riesgos. Un primer filtro podría concentrar la competencia y permitir una evaluación más detallada de quienes permanezcan; una medición directa evitaría prolongar la disputa. El problema no está en el método que se elija, sino en que las reglas no cambien conforme se conozcan los nombres que encabezan las preferencias.
Porque ahí es donde suelen aparecer las dudas: si el aspirante favorito resulta ser el más conocido, la encuesta será presentada como una fotografía del ánimo ciudadano; si otro perfil sorprende y toma la delantera, seguramente comenzarán las discusiones sobre la estructura, la trayectoria y los demás factores que deberían considerarse. Y si los números no coinciden con las expectativas de la dirigencia, siempre habrá alguien tentado a descubrir que la metodología necesita una segunda revisión.
El PAN tiene la oportunidad de evitar ese escenario si establece desde el principio qué se va a medir y cómo se tomarán las decisiones. También debe aclarar si el resultado de las encuestas será vinculante o si funcionará como un elemento más dentro de una evaluación política que terminará en manos de la dirigencia. Son dos modelos distintos y la militancia tiene derecho a saber cuál está jugando.
Al final, las encuestas no son el problema. Bien diseñadas, con criterios transparentes y resultados verificables, pueden aportar información útil para seleccionar perfiles competitivos. Lo que genera desconfianza es utilizarlas como una especie de sello de aprobación para decisiones que nunca se sometieron realmente a competencia.
En Acción Nacional todavía falta conocer la convocatoria y los detalles del procedimiento. Hasta entonces, los seis aspirantes de Chihuahua capital y los perfiles que se mencionan para Juárez tendrán que esperar para saber si competirán bajo reglas claras o si primero conocerán el terreno y después les explicarán cómo se juega.
La dirigencia tiene la palabra. Y convendría que no confunda el orden de los factores: primero se publican las reglas, luego se hacen las encuestas y finalmente se anuncian los resultados. Porque si el ganador ya está decidido antes de preguntar, la encuesta no será un método de selección, sino una ceremonia para legitimar la decisión.
En política, la encuesta puede medir las preferencias; lo que no debería medir es la disposición de los aspirantes a aceptar un resultado cuyas reglas nadie les explicó a tiempo.
