No cabe duda de que la elección de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez (APCJ), programada para el próximo 5 de abril, está generando controversia y obstáculos para la reelección de Eduardo “El Walo” Borunda.
La APCJ está viviendo momentos de gran intensidad, y ha trascendido que la planilla opositora, encabezada por Gaby Téllez y operada por el guindista Manuel del Castillo, busca entregar el control de la asociación a Morena, lo que generaría un cambio significativo en la dirección de la entidad.
Manuel del Castillo
De acuerdo con diversas fuentes, si Gaby Téllez resulta electa, su papel dentro de la APCJ será meramente decorativo, mientras que el grupo liderado por Manuel del Castillo se encargará de la toma de decisiones. En este escenario, Téllez sería solo la cara visible, mientras que el verdadero poder recaería en las sombras, manejado por un reducido círculo de influencia.
Por otro lado, la campaña de Eduardo Borunda sigue su curso, con el respaldo de Rosendo Gaytán y Héctor Javier Mendoza Zubiate.
La contienda por la dirigencia de la APCJ se perfila como una lucha de poder que podría definir el rumbo de la asociación en los próximos años, con intereses políticos y estratégicos en juego.
Javier Corral: Entre el Pasado y la Controversia
Foto de Omnia
El exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, volvió a ser protagonista de un altercado público, esta vez en el Aeropuerto Internacional General Roberto Fierro Villalobos. En un hecho que refleja la persistente polarización política en el estado, Corral fue confrontado y agredido verbalmente por el empresario local Lalo Almeida, quien intentó golpearlo. La rápida intervención de la Guardia Nacional y del equipo de seguridad del exmandatario evitó que el incidente pasara a mayores.
Este episodio es el tercero en una serie de agresiones que ha sufrido el exgobernador en espacios públicos en los últimos años. En enero de 2023, el empresario Enrique Valles Zavala lo confrontó en el restaurante Las Faenas, llegando a los manotazos y amenazas. Meses después, en diciembre de 2023, Corral fue increpado en el restaurante La Garufa por Raymundo Romero Maldonado, exsecretario General de Gobierno durante la administración de César Duarte, y por el exdiputado local Fernando Mariano Reyes Ramírez, quienes lo acusaron de haber cometido abusos durante su gestión.
El trasfondo de estas agresiones parece radicar en las decisiones que tomó Corral durante su mandato, especialmente en la lucha anticorrupción que emprendió contra exfuncionarios y empresarios vinculados al exgobernador César Duarte. En el caso específico de Lalo Almeida, su nombre apareció en los llamados Expedientes X, donde se le imputó un crédito fiscal de 500 millones de pesos debido a presuntas irregularidades en contratos durante la administración de Duarte. Este antecedente explicaría el nivel de animadversión que ha generado Corral en ciertos sectores.
Estos incidentes plantean preguntas importantes sobre el clima político en Chihuahua. ¿Se trata de un ajuste de cuentas entre la vieja y la nueva clase política? ¿O es un síntoma del encono social que persiste en la entidad? Lo cierto es que la figura de Javier Corral sigue despertando pasiones encontradas, lo que lo convierte en un personaje central en la política local, ya sea como símbolo de la lucha contra la corrupción o como un actor polarizante que divide opiniones.
Lo que queda claro es que la historia aún no ha terminado para Corral. Sus detractores siguen al acecho y su futuro político parece estar marcado por la controversia. Queda por ver si estos ataques en su contra fortalecen su imagen o, por el contrario, lo aíslan aún más en el panorama político de Chihuahua.
Cada vez se hunde más Andrea Chávez
Andrea Chávez y Adán Augusto
Luego de que se reveló el origen y el costo millonario mensual de las unidades médicas móviles que promocionan su imagen, la senadora de Morena Andrea Chávez Treviño ha optado por respuestas ambiguas, sin detallar ni el origen ni el porqué de estos recursos; el para qué ya se conoce.
Pese a su habilidad discursiva y destreza para responder en entrevistas, la senadora se ha limitado a argumentar que los fondos provienen de la iniciativa privada y de asociaciones civiles. Sin embargo, hasta el momento no ha dado nombres de empresas o agrupaciones que respalden esta afirmación, lo que genera dudas sobre la verdadera procedencia del financiamiento.
Latinus documentó que los recursos provienen de la empresa F. Médica, propiedad de Fernando Padilla Farfán, un empresario cercano al senador y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández. Este empresario ha sido señalado como uno de los contratistas favoritos de Morena y de la autodenominada Cuarta Transformación.
Las preguntas que surgen son evidentes: ¿Bajo qué condiciones se prestan, rentan o donan estas unidades médicas? Eso es lo que debería aclarar la senadora, quien actualmente se encuentra en plena campaña rumbo a la gubernatura de Chihuahua.
El cuestionamiento central es ¡a cambio de qué! Es decir, ¿qué se comprometió o qué acuerdos se establecieron para que una empresa originaria de Chiapas destine una cantidad tan elevada de recursos a lo que parece una precampaña disfrazada?
El presidente del Consejo Estatal de Morena, Hugo González Muñiz, ha exigido que la senadora transparente el origen de los recursos, calculados en aproximadamente 30 millones de pesos mensuales, y que muestre un compromiso real con la austeridad que promueve su partido. Además, ha solicitado que garantice la equidad entre los aspirantes dentro de Morena.
Si bien hay quienes aplauden que la senadora lleve atención médica a las colonias, también hay quienes consideran que debería retirar su imagen, logotipos y colores de Morena de estas unidades para demostrar que su iniciativa responde a un verdadero espíritu de servicio y no a una estrategia electoral encubierta.
Si el empresario Fernando Padilla Farfán es tan filántropo, podría destinar esos 30 millones de pesos mensuales al IMSS o al ISSSTE en Ciudad Juárez o Chihuahua. Esto sí sería una gran aportación a la salud pública, beneficiando a miles de derechohabientes.
Pero pedir eso es demasiado. No es redituable ni en lo económico ni en lo político. Porque, salvo honrosas excepciones, los empresarios no dan paso sin huarache.
