¡Vaya semanita la del Instituto Nacional Electoral! Entre contratos millonarios bajo sospecha, presuntas empresas hechas a la medida, adjudicaciones sin licitación y auditorías que ya tienen a la institución bajo la lupa, ahora también comenzó a circular la versión de que su consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, habría presentado su renuncia.

¡Párenle tantito, que todavía falta revisar las facturas!. La versión apareció en canales oficiales del propio organismo, pero después fue retirada, como para ponerle todavía más salsa a unos tacos que ya venían bastante cargados. Y, claro, cuando una información de esa naturaleza aparece y desaparece sin una explicación contundente, las especulaciones hacen su agosto, aunque estemos en octubre.

Por supuesto, una cosa es que la renuncia se haya difundido y otra que esté confirmada oficialmente. Mientras no exista una comunicación institucional clara, el supuesto adiós de Taddei debe mantenerse en el terreno de las versiones. Pero el simple episodio ya le agregó otro ingrediente a la crisis de credibilidad que amenaza con instalarse en el árbitro electoral.

Y es que el periódico Reforma publicó una serie de reportajes sobre presuntas irregularidades en contratos millonarios, empresas que habrían sido creadas a modo y adjudicaciones que, según esas publicaciones, se realizaron sin licitación. También se cuestionaron contrataciones de personal en puestos clave que presuntamente no habrían pasado por el Consejo General.

¡Qué cosas! Resulta que la institución encargada de vigilar que las elecciones se desarrollen conforme a las reglas ahora tiene que explicar si en su propia casa se respetaron los procedimientos administrativos.

¡Piso parejo para los partidos, pero también para los proveedores! Porque si hubo contratos asignados sin cumplir las reglas, la pregunta no es quién se enoja con las publicaciones, sino quién autorizó las operaciones, con qué justificación y bajo qué controles.

Y cuando parecía que el asunto no podía ponerse más incómodo, aparecieron las fotografías del hijo de la consejera presidenta en un hotel de París, acompañado, según las versiones difundidas, por una persona vinculada con uno de los proveedores favorecidos por el instituto. ¡París, la ciudad del amor, de la Torre Eiffel y ahora también de las preguntas incómodas!

Las imágenes y los señalamientos han provocado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el eventual uso de recursos. Sin embargo, conviene poner los pies sobre la tierra: una fotografía no demuestra por sí sola una conducta ilegal, ni la relación entre dos personas acredita automáticamente un conflicto de interés. Para eso están las investigaciones, los documentos y las pruebas.

Pero hay una pregunta que no se resuelve con una sonrisa para la cámara: ¿quién pagó la estancia y bajo qué circunstancias?

Porque, según las cifras que han circulado, la tarifa por noche del hotel rondaría los 200 mil pesos mexicanos. ¡Doscientos mil pesos por una noche! A ese precio, uno ya no pregunta si incluye desayuno; pregunta si también viene con auditoría, servicio de transparencia y explicación detallada de la factura.

Eso sí, antes de dar por buena esa cantidad como un gasto efectivamente realizado, habrá que confirmar la tarifa aplicable, las condiciones de la reservación y quién cubrió el costo. Una cosa es el precio que se menciona y otra demostrar cuánto se pagó realmente.

La autonomía electoral no significa patente de corso, y la independencia de una institución no la coloca por encima de las auditorías ni de la obligación de rendir cuentas. Al contrario: quien tiene en sus manos la organización de los procesos democráticos debe ser especialmente cuidadoso con cada peso del presupuesto.

Y aquí es donde la ironía se escribe sola. Durante años, el INE ha sido protagonista de debates sobre democracia, legalidad, transparencia y vigilancia de los procesos electorales. Ahora le toca demostrar que esos principios también se aplican puertas adentro, donde los contratos y las decisiones administrativas no deberían convertirse en secretos de Estado.

Si las irregularidades se confirman, no bastará con retirar publicaciones, emitir comunicados ambiguos o sacrificar a algún funcionario para dar por cerrado el capítulo. Tendrán que deslindarse responsabilidades y aplicarse las sanciones que correspondan. Y si las acusaciones no se sostienen, también deberá aclararse, con documentos y datos verificables, qué ocurrió realmente.

Porque la transparencia no consiste en publicar solamente lo que conviene ni en borrar lo que incomoda. Mucho menos cuando se trata de una institución cuya credibilidad es fundamental para la vida democrática del país.

Por lo pronto, entre auditorías, reportajes, fotografías parisinas y una renuncia que necesita confirmación oficial, el INE tiene bastante tarea pendiente.

Y QUE NADIE SE CONFUNDA: EL ESCÁNDALO NO SE RESUELVE CAMBIANDO AL ÁRBITRO, SINO ACLARANDO SI HUBO FALTAS Y QUIÉN LAS COMETIÓ.

Porque si el organismo encargado de vigilar que nadie haga trampa termina bajo sospecha por sus propias contrataciones, entonces la pregunta ya no es quién está pitando el partido, sino quién está revisando las jugadas en los vestidores.

JÁUREGUI: ENTRE LA JUSTICIA Y LA POLÍTICA

CÉSAR JÁUREGUI

La vinculación a proceso de César Jáuregui Moreno por el presunto delito de traición a la patria era un escenario que muchos anticipaban. Sin embargo, más allá de la resolución judicial, el fondo del asunto sigue generando interrogantes: ¿existen elementos suficientes para sostener una acusación de esa magnitud o estamos ante un caso que amenaza con convertirse en otro capítulo de la confrontación entre Morena y el PAN?

Para el morenismo, el expediente llega en un momento en el que la defensa de la soberanía nacional ocupa un lugar central en el discurso político. En ese contexto, la acusación contra el exfiscal de Chihuahua adquiere una dimensión que rebasa los tribunales y abre la puerta a una disputa sobre el significado de la traición a la patria y el uso político de ese calificativo.

A la Cuarta Transformación se le ha cuestionado por recurrir a etiquetas contundentes contra quienes considera adversarios. Ahora, Jáuregui Moreno se encuentra en el centro de una acusación que, por su propia naturaleza, exige pruebas sólidas y argumentos jurídicos que vayan más allá de las diferencias partidistas.

Porque una cosa es cometer una posible irregularidad y otra muy distinta es traicionar a la patria. La diferencia no es menor y tendrá que establecerse con pruebas, no con discursos ni descalificaciones.

Los abogados del exfiscal impugnarán la resolución y buscarán llevar la defensa hasta las últimas instancias. El camino, sin embargo, no será sencillo, pues mientras avanza el procedimiento judicial, el caso seguirá bajo una intensa presión política y mediática.

Si el argumento central de la acusación está relacionado con el presunto conocimiento o autorización de la participación de agentes de la CIA en el operativo para desmantelar el narcolaboratorio de El Pinal, la investigación deberá esclarecer qué ocurrió, quién tomó las decisiones, bajo qué condiciones se permitió esa intervención y si hubo violaciones concretas a la legislación mexicana.

De acreditarse alguna irregularidad en materia de seguridad nacional, corresponderá a las autoridades determinar sus consecuencias jurídicas. Pero la gravedad de una acusación no sustituye la obligación de demostrarla, ni permite dar por probado un delito antes de que se desahoguen las pruebas y se dicte una sentencia.

Por lo pronto, la vinculación a proceso mantiene abierto un escenario complicado para Jáuregui, quien podría permanecer privado de la libertad mientras continúa el procedimiento, conforme a las medidas cautelares que le hayan sido impuestas.

Y como si el expediente no tuviera suficientes ingredientes políticos, desde la mañanera llegó otro señalamiento. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó presuntas operaciones de casinos vinculadas con el exfiscal mediante supuestos prestanombres, una línea que, de confirmarse y sustentarse con pruebas, podría abrir un nuevo frente de investigación.

Pero conviene poner las cosas en su justa dimensión: tener o participar en negocios de casinos no constituye, por sí mismo, un delito. Lo que las autoridades tendrían que esclarecer es si existe alguna conducta ilícita relacionada con la propiedad, la operación, el origen de los recursos o el cumplimiento de las disposiciones legales.

La pregunta es si estos señalamientos forman parte de investigaciones independientes que deberán seguir su propio curso o si terminarán incorporándose al mismo escenario de confrontación política. Por ahora, cualquier conclusión anticipada sería prematura.

Mientras tanto, durante el fin de semana, decenas de panistas y simpatizantes realizaron una caravana por distintas avenidas de la capital del estado y concluyeron frente a las instalaciones de la subdelegación de la Fiscalía General de la República, donde exigieron la liberación del exfiscal.

La movilización no modificó la situación jurídica de Jáuregui, pero sí dejó en evidencia que el caso ya trascendió el ámbito estrictamente judicial. Para el PAN, la defensa del exfuncionario se ha convertido también en una bandera política; para el Gobierno federal, las acusaciones deberán sostenerse con elementos que resistan el escrutinio público y judicial.

AL FINAL, EL ASUNTO NO DEBERÍA RESOLVERSE A GOLPES DE CONSIGNAS, SINO CON PRUEBAS. Si César Jáuregui cometió un delito, tendrá que responder ante la justicia. Si la acusación de traición a la patria no se sostiene, también deberá quedar establecido.

Lo que no puede ocurrir es que la justicia se convierta en un instrumento para premiar aliados o castigar adversarios. Porque cuando la política pretende dictar sentencia antes que los tribunales, la soberanía, la legalidad y el Estado de derecho terminan atrapados en la misma disputa.

EL PAN: ENTRE LA SOLIDARIDAD CON JÁUREGUI Y LA CARRERA POR EL 2027

MARCHA EN APOYO A CÉSAR JÁUREGUI

El PAN no puede quedarse congelado por un expediente judicial. Mientras los azules siguen tratando de acomodar sus piezas en medio del caso César Jáuregui Moreno, el calendario político rumbo a 2027 continúa avanzando y Morena trabaja en su propia organización territorial y definición de perfiles.

Bajo ese escenario, el Partido Acción Nacional debería dejar de jugar a las indefiniciones y comenzar a establecer reglas claras, procedimientos y tiempos para seleccionar o designar a sus candidatos a las alcaldías, sindicaturas, diputaciones locales y federales.

En teoría, el proceso se habría pausado a petición de los seguidores de Jáuregui, o al menos esa fue la versión que circuló en los corrillos políticos. Sin embargo, hay un pequeño detalle: el calendario formal de selección todavía no había arrancado. Así que, estrictamente hablando, más que frenar la maquinaria electoral, los panistas siguen discutiendo cuándo encenderla. Una cosa es respetar los tiempos legales y otra muy distinta quedarse inmóvil mientras Morena mueve sus fichas.

Diciembre aparece como una fecha clave para comenzar a tomar decisiones, pero llevar todo hasta el último momento podría provocar más desgaste, incertidumbre y divisiones entre los aspirantes. Y si hay una plaza donde la grilla promete ponerse sabrosa, esa es Chihuahua capital, donde varios perfiles ya llevan rato haciendo cuentas, midiendo fuerzas y esperando que les den luz verde.

Porque, seamos sinceros, en política nadie se queda quieto nomás porque la dirigencia todavía no publica la convocatoria. Mientras unos esperan instrucciones, otros aprovechan para tejer acuerdos, sumar respaldos y posicionarse ante la militancia.

Y aquí viene el tema incómodo: César Jáuregui Moreno no está, en las circunstancias actuales, en condiciones de competir por la Alcaldía de Chihuahua. Su detención y el proceso penal que enfrenta representan obstáculos jurídicos, políticos y prácticos que difícilmente puede ignorar la dirigencia panista. El que también debe quedarse fuera por cuestiones obvias es el Secretario de Gobierno Santiago de la Peña. El objetivo es no crear más dicisionismo en el interior del PAN. El tercero en discordia es el Coordinador de los diputados en el Congreso José Alfredo Chávez Madrid.

Eso no significa darlo por culpable. La vinculación a proceso no equivale a una sentencia condenatoria y su situación jurídica debe analizarse con pleno respeto a la presunción de inocencia. Pero una cosa es el derecho que tiene a defenderse y otra la viabilidad de construir una candidatura alrededor de un expediente que hoy mantiene al exfiscal en el centro de la tormenta política.

La dirigencia estatal tiene la responsabilidad de poner orden, establecer las reglas del juego y ofrecer certidumbre a quienes buscan competir. No se trata de adelantar ilegalmente los tiempos, sino de preparar el terreno, evitar las especulaciones y dejar claro cómo se tomarán las decisiones cuando llegue el momento.

Morena, por su parte, ya está metido de lleno en la reorganización de sus fuerzas rumbo a 2027. En consecuencia, el PAN necesita hacer su tarea sin convertir cada movimiento interno en una negociación interminable.

Cerrar filas no significa apagar el reloj electoral. Si los panistas quieren llegar competitivos a la próxima contienda, tendrán que distinguir entre la defensa política de un compañero y la obligación partidista de preparar candidaturas para todos los cargos en disputa. Porque mientras en Acción Nacional todavía deciden si esperan, negocian o se reorganizan, sus adversarios no necesariamente van a concederles tiempo extra.

Y en política, como bien saben los que llevan años en la grilla, a veces el problema no es quedarse sin candidato, sino tardarse tanto en elegirlo que, cuando finalmente se ponen de acuerdo, los demás ya les sacaron ventaja.