En una decisión que ha generado inquietud entre especialistas en justicia electoral y ciudadanía organizada, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó más de 400 multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) a candidatos ganadores en la pasada elección judicial, quienes aparecieron en los llamados “acordeones” —listas físicas y digitales que sugerían por quién votar durante la jornada del 1 de junio de 2025.
Las sanciones, que ascendían a más de 6.3 millones de pesos, fueron anuladas descaradamente bajo el argumento de que «no se logró comprobar quién elaboró, financió o distribuyó los materiales», ni que los candidatos se beneficiaran directamente de ellos, algo que da risa por todas las evidencias documentadas y videograbadas.
A pesar de que el INE acreditó la existencia de al menos 336 modelos de acordeones y tres sitios web que los difundieron, el TEPJF alineado al gobierno morenista concluyó de tajo que no había pruebas suficientes para sostener la responsabilidad.
La decisión del TEPJF no solo exime a más de 200 funcionarios electos de cualquier sanción económica o administrativa, sino que también cierra la puerta a investigaciones futuras sobre el uso de propaganda indebida en un proceso electoral inédito.
Sin duda veremos procesos electorales más antidemocráticos en el futuro, al avalar el TEPJF la trampa como forma para acceder al Poder.
Magistrados como Reyes Rodríguez y Janine Otálora expresaron su desacuerdo, señalando que la sola existencia del beneficio —la difusión de nombres, números de boleta y colores asociados a candidaturas— configura una infracción que amerita sanción, independientemente de si se identifica al autor material.
En contraste, el bloque mayoritario oficialista del tribunal sostuvo que no se puede sancionar sin responsabilidad directa comprobada, lo que deja un vacío legal preocupante: si nadie firma ni financia una estrategia de manipulación electoral, entonces no hay delito, ¿qué tipo de ministros tenemos?.
Este fallo de la Corte plantea una pregunta de fondo: ¿qué tipo de democracia hay en México, si las instituciones encargadas de garantizar su legalidad desestiman pruebas indirectas de manipulación electoral?.
La revocación masiva de multas por propaganda encubierta no solo debilita la fiscalización del proceso judicial, sino que normaliza la impunidad en el uso de recursos opacos para influir en el voto.
En un país donde la confianza en las instituciones está erosionada, decisiones como esta envían un mensaje peligroso: que las reglas pueden violarse si no hay firma, factura o responsable visible. Que la justicia electoral, en lugar de ser garante de equidad, puede convertirse en cómplice por omisión.
Más allá del tecnicismo jurídico, lo que está en juego es la legitimidad de una elección que buscaba renovar el sistema judicial desde sus cimientos.
Si los nuevos jueces, magistrados y ministros llegan al cargo bajo sospecha de haber sido promovidos por mecanismos turbios —aunque no sancionables—, ¿cómo podrán garantizar imparcialidad, ética y legalidad en sus funciones?.
La ciudadanía merece respuestas, no silencios institucionales. Y el sistema democrático, para sostenerse, necesita que sus órganos de control actúen con rigor, no con indulgencia.
La descomposición política electoral en el país sigue avanzando, parece no hay quien pueda poner orden.
Al tiempo.
