El reciclaje político del nuevo partido ‘Somos México’, en la cual militan personajes de la llamada ‘Marea Roja’ y connotados políticos de la vida nacional y estatal cobró su primera factura en el Estado de Chihuahua al colocar en la dirigencia estatal a Víctor Vega, un ex miembro del organismo pro-morenista Partido Encuentro Social (hoy partido PAZ) además un voraz defraudador de la organización política México Tiene Vida, a quien le robó 1.5 millones de pesos en un acto de simulación de movilización ciudadana.

De acuerdo a la versión de los nuevos militantes del partido Somos México, el nuevo dirigente estatal, Víctor Vega repitió la táctica que ha realizado junto con su esposa Socorro Avilés ya que ambos y otros miembros de la familia han estado presentes en la creación de otros dos partidos políticos ocupando los cargos donde se manejan recursos y obteniendo ganancias exorbitantes que se convierten en una ficción a la hora de rendir cuentas.

Víctor Vega, después de la defraudación a la dirigencia del partido México Tiene Vida, logró penetrar la estructura de Somos México, organismo que sí logró el registro ante el INE y ahora gobierna a un nivel de cacique desde la ciudad de Parral.

Sin conocer su debilidad por el dinero, la dirigencia del partido Somos México abrió la cartera para que el dirigente estatal se mueva a sus anchas por Chihuahua, afectando las estructuras nacientes en la entidad e imponiendo el poder del cargo.

Un caso sintomático es la forma en que ha tratado al aspirante a la gubernatura por el Estado de Chihuahua, Julián LeBarón y a la estructura que lleva la campaña del activista social en el Estado de Chihuahua, pero particularmente en Ciudad Juárez.

LAS GRILLAS POLÍTICAS DEL DIRIGENTE CONTRA JULIÁN

A LeBarón, no obstante, la imagen de rebeldía le ha impuesto medidas casi disciplinarias que han generado un malestar que no ha sido escuchado por las autoridades del partido a nivel nacional.

Miembros del comité municipal en Ciudad Juárez han presentado una serie de extrañamientos contra el defraudador Víctor Vega a quien señalan como “un señor que no entiende de política porque lo que ha hecho lo ha hecho mal, todo a través de transas y traiciones”.

Según la versión de los miembros de Somos México a Vega le dieron la presidencia del comité estatal porque él trabajó las asambleas en el estado, siguiendo la estrategia de defraudación que realizó con otros organismos políticos al solicitar recursos extraordinarios para la movilización y búsqueda de afiliaciones.

La repercusión más dura en Ciudad Juárez ha sido contra la presidenta del Comité Municipal, Vanessa Méndez viuda del periodista Federico Solano. Ambos trabajaron por el registro del partido en esta frontera por lo que la dirigencia nacional decidió darle la presidencia a ella en honor a Federico, recientemente fallecido después de un padecimiento médico que finalmente se agravó.

El comité municipal de Juárez se integró con personajes locales de la política que han destacado en el ámbito político u ocupado puestos públicos y de elección popular. Esas voces han reiterado a las autoridades partidistas nacionales el peligro que representa Víctor Vega en el naciente organismo político, pues es una falta de respeto a la nueva militancia.

Es más que evidente, reiteraron los militantes juarenses, que Víctor Vega ha estado afectando el funcionamiento de la organización política al intentar colocar personajes que sean afines a su clan familiar, que trabajan como si fueran una gavilla delincuencial expertos en el saqueo de recursos en los partidos nacientes o en proceso de consolidación.

Según la queja, en eventos públicos y vía telefónica, suele levantar la voz, ridiculizar a la dirigencia local y desmeritar los avances fronterizos como si no tuvieran importancia.

Los miembros de Somos México expresaron la frase que resume la situación actual: “Ya nos tiene hartos y aunque sabemos que en el orden federal no lo quieren se resisten en su remoción porque ya le dieron el nombramiento”.

El caso que preocupa a los militantes chihuahuenses es que no permite trabajar a Julián Lebaron quien será en su momento el candidato a gobernador. Ha limitado la relación entre los personajes que llevan la estrategia de compaña del mormón y la dirigencia municipal de Juárez.

La denuncia es que no hay planeación, solo ocurrencias, que están limitando el avance de la actividad política del partido y sus posibles candidatos. Es un típico caso donde se aplica la frase “no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre”.

Rosana Díaz y el Capi Arrieta los aspirantes incómodos

En Morena continúa avanzando el proceso para definir a quien encabezará la Coordinación Estatal en Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, pero hay dos nombres cuyo futuro permanece en el limbo: la diputada local Rosana Díaz y Luis Carlos Arrieta.

Ambos se registraron formalmente para participar en la contienda interna junto con Martín Chaparro, Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, existe una diferencia sustancial. Mientras los tres últimos son militantes de Morena, Rosana Díaz representa al Partido Verde Ecologista de México y Arrieta al Partido del Trabajo.

Y es precisamente ahí donde comienza la interrogante.

En las últimas semanas quedó claro que tanto el Verde como el PT ya definieron sus apuestas políticas. El Partido del Trabajo decidió cerrar filas con la senadora Andrea Chávez, mientras que el Partido Verde hizo lo propio con Cruz Pérez Cuéllar. Incluso, la dirigencia nacional del PVEM elevó el tono al advertir que, si el candidato de Morena no es el alcalde juarense, difícilmente habrá alianza electoral en Chihuahua.

Con ese escenario, resulta complicado entender por qué ambos partidos mantuvieron registradas las aspiraciones de sus propios cuadros si, en los hechos, optaron por respaldar a otros contendientes.

La decisión deja a Rosana Díaz y a Luis Carlos Arrieta en una posición políticamente incómoda. Fueron inscritos como aspirantes, pero sus propios partidos parecen haberles retirado el respaldo antes incluso de que iniciara la etapa decisiva del proceso.

La pregunta es inevitable: ¿para qué registrarlos si la decisión política ya estaba tomada? ¿Se trató únicamente de cumplir con un requisito de representación? ¿O su presencia en la lista responde a una estrategia de negociación dentro de la coalición de la Cuarta Transformación? Las dudas no terminan ahí.

Hasta ahora, ni la dirigencia estatal ni la nacional de Morena han explicado con claridad cuál será el estatus de ambos aspirantes. ¿Serán incluidos en las encuestas que actualmente se levantan para medir posicionamiento y competitividad? ¿O quedaron fuera de facto desde el momento en que sus partidos definieron respaldar a otros perfiles?

Porque una cosa es el discurso de apertura y otra muy distinta la operación política.

Si Rosana Díaz y Luis Carlos Arrieta aparecen en las mediciones, significará que Morena mantiene intactas las reglas del proceso y reconoce su registro como válido. Pero si simplemente desaparecen de las encuestas, quedará la percepción de que los acuerdos políticos pesan más que las convocatorias públicas.

En política las formas importan tanto como el fondo. Y cuando un partido invita a competir, pero los aliados ya decidieron quiénes serán sus verdaderos favoritos, la contienda deja de verse como un ejercicio de piso parejo para convertirse en una negociación previamente planchada.

Por ahora, el silencio de Morena alimenta más preguntas que respuestas. Y mientras no exista una definición oficial, Rosana Díaz y Luis Carlos Arrieta seguirán siendo los aspirantes incómodos de un proceso en el que, paradójicamente, fueron invitados a participar, pero parecen haber quedado sin equipo que los respalde.

Espectaculares bajo la lupa

La dirigencia nacional del PRI decidió cerrar filas con su presidente estatal, Alejandro Domínguez, en una ofensiva que podría meter presión tanto a Morena como al PAN. El dirigente tricolor llevó hasta la dirigencia nacional una denuncia que, aunque desde hace meses circula en el debate político, ahora busca escalar al terreno de las investigaciones financieras.

El tema no es menor. Domínguez cuestiona la “tapizada” de espectaculares que desde hace semanas inunda distintos puntos de Chihuahua con la imagen de aspirantes a cargos de elección popular, pese a que los tiempos establecidos por la autoridad electoral para este tipo de promoción simplemente no han comenzado.

Lo interesante es que, según quienes conocen el contenido de la denuncia, las pruebas presentadas incluyen principalmente anuncios de figuras identificadas con Morena y con el PAN, partidos que desde hace tiempo mantienen una intensa competencia por posicionar a sus perfiles rumbo al proceso electoral de 2027.

La estrategia publicitaria tampoco es nueva. Bajo el argumento de promocionar supuestas entrevistas, revistas o reportajes, los aspirantes logran mantenerse en el escaparate sin reconocer abiertamente que se trata de propaganda política anticipada. Es una fórmula que se ha repetido una y otra vez en distintos estados del país y que aprovecha los vacíos legales y la limitada capacidad de reacción de las autoridades electorales.

Por ello, Alejandro Domínguez fue un paso más allá. No sólo pidió revisar la legalidad de la propaganda, sino que solicitó la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria y de la Secretaría de Hacienda para investigar el origen de los recursos con los que se financian esas campañas de posicionamiento.

La apuesta del PRI parece clara: mover el debate del terreno electoral al financiero. Porque una cosa es discutir si un espectacular viola o no las reglas del INE, y otra muy distinta es explicar quién pagó millones de pesos en publicidad y de dónde salió ese dinero.

Si las autoridades deciden tomar en serio la petición, más de un aspirante tendrá que abrir sus cuentas y explicar lo que hasta ahora se ha manejado con absoluta discreción. Si no ocurre, la denuncia quedará únicamente como un episodio más de la confrontación política rumbo a la sucesión.

Lo cierto es que los espectaculares ya dejaron de ser simples anuncios. Hoy representan una batalla anticipada por el poder y, al mismo tiempo, un enorme signo de interrogación sobre el financiamiento de las campañas adelantadas.

Y si la UIF, el SAT o Hacienda deciden entrar al juego, más de un color político podría terminar desteñido. Aunque, por lo pronto, quien decidió pintar la discusión de rojo fue el PRI. ¡Ups!