Desde Estados Unidos, la DEA soltó una pieza clave que cambia por completo la narrativa oficial: los norteamericanos que murieron en la sierra de Chihuahua no eran turistas ni observadores accidentales, sino personal especializado de la agencia antidrogas, desplegado en una operación de alto nivel.
La revelación, confirmada por medios estadounidenses, deja más preguntas que respuestas. No se han detallado las tareas específicas, pero el contexto habla por sí solo: un operativo para asegurar un narcolaboratorio de metanfetaminas, descrito como uno de los más grandes del mundo. Difícil pensar en improvisación o en presencia incidental.
La implicación más delicada es política. Una operación de esa naturaleza no ocurre sin autorización del Gobierno Federal. Eso colocaría inevitablemente a la presidenta Claudia Sheinbaum en conocimiento previo de los hechos, pese a que públicamente se ha deslindado. Y si además participaron elementos del Ejército Mexicano, la línea de mando se vuelve imposible de ignorar.
Aquí hay solo dos escenarios: o la presidenta sabía, o no sabía. Ninguno es cómodo. El primero contradice su postura pública; el segundo abre una crisis aún mayor sobre control y coordinación de las fuerzas armadas.
La solicitud de informes a Estados Unidos y al Gobierno de Chihuahua parece más un movimiento de contención que una búsqueda genuina de claridad. De Washington es previsible el hermetismo. Pero a nivel estatal, donde sí hay información directa, el margen para sostener versiones frágiles es mucho menor.
Y ahí surge el verdadero problema: la narrativa. Decir que los agentes estadounidenses recibieron “un rait” o que estaban en funciones de capacitación con drones no solo resulta poco creíble, sino que raya en lo ofensivo para una opinión pública que entiende la magnitud de lo ocurrido.
Mientras tanto, el fiscal César Jáuregui y la gobernadora María Eugenia Campos han optado por alinearse con la versión federal, una postura políticamente conveniente pero difícil de sostener conforme emergen más datos.
El costo de esta estrategia será inevitable. Porque en temas de seguridad, especialmente cuando involucran cooperación internacional y presencia de agentes extranjeros, la opacidad no solo erosiona la confianza: también debilita al Estado.
La pregunta ya no es qué pasó en la sierra de Chihuahua, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse una versión que cada vez convence a menos.
Soberanía en el piso 18 de la Torre Centinela
LA TORRE CENTINELA EN CIUDAD JUÁREZ
Por cierto, y para evitar negativas de última hora o sorpresas incómodas, varias agencias de seguridad de Estados Unidos —entre ellas la DEA y Aduanas y Protección Fronteriza— estarán operando desde el piso 18 de la Torre Centinela.
No se trata de una decisión improvisada. El acuerdo viene cocinándose desde octubre pasado y contempla intercambio de información, inteligencia y análisis. En el papel, el objetivo es claro: fortalecer la seguridad fronteriza en Nuevo México, Texas y Chihuahua. Una colaboración técnica, estratégica, incluso necesaria en una región marcada por el tráfico de drogas, armas y personas.
Pero el papel aguanta todo.
La letra fina establece que estas agencias no podrán participar en operativos directos sin autorización del Gobierno Federal. Una cláusula tranquilizadora… al menos en teoría. Porque la experiencia ha demostrado que esa línea, la que separa el análisis de la acción, suele ser más bien difusa.
La presencia física no es un detalle menor. No es lo mismo compartir información a distancia que instalarse dentro de un complejo de seguridad estatal, con acceso inmediato, interacción cotidiana y, sobre todo, influencia en la toma de decisiones. Desde el piso 18 no se disparan armas, pero sí se trazan rutas, se priorizan objetivos y se define qué se ve y qué se ignora.
Y entonces, como dirían los jóvenes, surge la pregunta inevitable: ¿dónde está el chiste?
Porque mientras se refuerza esta colaboración en los hechos, el discurso político insiste en la defensa de la soberanía como bandera recurrente en las mañaneras. Una soberanía que se invoca con firmeza hacia afuera, pero que en la práctica parece negociarse con discreción hacia adentro.
El contraste es evidente. Por un lado, el discurso nacionalista; por el otro, la institucionalización de la presencia extranjera en el corazón de la estrategia de seguridad regional. Nada de esto es necesariamente ilegal ni extraordinario en un mundo interdependiente. Pero sí exige claridad, transparencia y, sobre todo, coherencia. Porque cuando la narrativa pública y las decisiones operativas toman caminos distintos, lo que se erosiona no es solo la credibilidad del gobierno, sino la confianza de la sociedad.
La pregunta, al final, no es si la cooperación es útil o inevitable. La pregunta es otra, mucho más incómoda: soberanía, ¿para quién y en qué términos?
La gobernadora Maru Campos buscará reunirse con la presidenta de México
LA PRESIDENTA DE MÉXICO Y MARU CAMPOS
Por cierto, la gobernadora María Eugenia Campos Galván ya pidió sentarse a la mesa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El tema no es menor: el aseguramiento de dos narcolaboratorios —los más grandes registrados hasta ahora— que, en términos operativos, representan un golpe relevante al crimen organizado.
Ese resultado, hay que decirlo, merece reconocimiento. Tanto la Fiscalía de Chihuahua como la Sedena lograron desarticular instalaciones de gran escala, algo que pocas veces ocurre con ese nivel de impacto. En cualquier otro contexto, ese sería el encabezado principal.
Pero no lo es.
El punto crítico no está en los laboratorios, sino en lo que vino después: la muerte de dos agentes de la DEA en un accidente vial tras el operativo. Un hecho que ha desatado controversias públicas, versiones encontradas y, sobre todo, silencios incómodos.
La reacción desde Palacio Nacional ha sido, cuando menos, evasiva. La presidenta trasladó la responsabilidad informativa al gobierno estatal, bajo el argumento de desconocimiento. Una postura difícil de sostener si se considera que los acuerdos de colaboración con agencias estadounidenses son, por definición, de carácter federal.
Ahí es donde la reunión solicitada cobra sentido. Porque si algo puede recordarle Campos Galván a la presidenta, es precisamente eso: los estados no diseñan estos esquemas, los ejecutan. No negocian la cooperación internacional, la acatan. Y cuando algo sale mal —como en este caso—, la línea de responsabilidad no puede diluirse en declaraciones ambiguas.
El fondo del asunto no es quién se cuelga la medalla por los laboratorios, sino quién asume el costo político y operativo de lo ocurrido después. Porque la muerte de agentes extranjeros en territorio nacional no es un incidente menor ni administrable con comunicados a medias.
Ahora todo depende de que esa reunión se concrete. Y más importante aún: de lo que se diga —o se evite decir— cuando finalmente ocurra.
Habrá que esperar si de ese encuentro surge claridad o si, como ha sido la constante, se opta por prolongar la simulación. Porque a estas alturas, el problema ya no es la falta de información, sino la falta de voluntad para reconocerla.
