Hay algo que cada vez resulta más difícil de ocultar en Chihuahua: cuando se trata de combatir frontalmente al crimen organizado, en Morena parecen encontrar más razones para cuestionar que para colaborar. Primero fue en el Congreso, donde se discutieron medidas encaminadas a blindar los procesos electorales frente a la intervención del crimen organizado. La lógica parecía sencilla: establecer reglas más estrictas para evitar que el dinero, las amenazas o los intereses del narco terminen metidos hasta la cocina de la política. Pero, en lugar de cerrar filas frente a un problema que debería preocuparle a todos los partidos, Morena se opuso a la propuesta impulsada por el bloque mayoritario.
Y ahí quedó la primera pregunta: ¿por qué ponerle obstáculos a medidas que buscan impedir que el crimen organizado se meta en las elecciones?Después vino el polémico caso del narcolaboratorio localizado en Morelos. En lugar de que el debate político se concentrara en la dimensión del hallazgo y en la necesidad de investigar hasta sus últimas consecuencias, desde Morena comenzaron los cuestionamientos y los ataques contra la gobernadora María Eugenia Campos.
El asunto incluso escaló hasta Palacio Nacional, desde donde se lanzaron señalamientos contra la mandataria chihuahuense. En el Senado, legisladores de Morena intentaron llamarla a rendir cuentas y hasta se habló de la posibilidad de promover un juicio político. Todo esto mientras la investigación de la Fiscalía General de la República continúa abierta. Y aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes.
Porque una cosa es exigir que se investigue cualquier posible irregularidad —algo completamente válido— y otra muy distinta es convertir un asunto relacionado con el combate al crimen organizado en un nuevo capítulo de la guerra política entre Morena y el gobierno de Chihuahua.
Si existen responsabilidades, que se investiguen y que se sancionen. Pero si la investigación de la FGR sigue abierta, entonces habría que esperar sus conclusiones antes de repartir culpas políticas desde las tribunas. Lo verdaderamente preocupante sería que, en medio de la disputa electoral que ya comienza a calentarse rumbo a 2027, el combate al crimen organizado termine convertido en moneda de cambio de la grilla partidista. Porque al ciudadano poco le importa si el golpe al narco lo da Morena, el PAN, el PRI o cualquier otro partido. Lo que quiere es que se dé.
Y si de verdad todos están preocupados por evitar que el crimen organizado penetre las instituciones, entonces el piso debería ser parejo: ni protección política para nadie, ni ataques políticos cuando alguien enfrenta a las estructuras criminales. De lo contrario, la pregunta seguirá flotando en el ambiente político de Chihuahua: ¿Quién está realmente dispuesto a combatir al crimen organizado y quién solamente está dispuesto a combatir a sus adversarios políticos?
La Torre Centinela y la grilla de la seguridad
INAUGURACIÓN DE LA TORRE CENTINELA
Y ahora llega el colmo: la inauguración de la Torre Centinela, una de las principales apuestas de Chihuahua en materia de inteligencia, tecnología y vigilancia para enfrentar al crimen organizado. Mientras el Estado pone en marcha una infraestructura diseñada precisamente para fortalecer las capacidades de seguridad, desde Morena parecen encontrar nuevamente motivos para cuestionar, poner condiciones y marcar distancia.
El asunto ahora tiene que ver con las cámaras de videovigilancia. El Municipio ha cuestionado el acceso a las cámaras estatales y el alcalde en funciones, Héctor Ortiz Orpinel, ha planteado que para sumar las cámaras municipales al esquema estatal primero tendría que existir acceso a las cámaras de todo el estado. El argumento, para algunos, más que una condición técnica, parece convertirse en una especie de pretexto político para no terminar de incorporarse a una estrategia integral de seguridad.
Porque, vamos, si el objetivo realmente es combatir al crimen, ¿qué sentido tiene poner obstáculos a la coordinación? La delincuencia no trabaja por colores partidistas.
Los criminales no preguntan si una cámara pertenece al PAN, a Morena o al PRI antes de cometer un delito. Tampoco respetan fronteras municipales cuando se trata de operar, desplazarse o esconderse. Entonces, la pregunta para los morenistas de Chihuahua es bastante sencilla: ¿Por qué tanta resistencia a todo lo que implique fortalecer la seguridad del estado?
Porque combatir al crimen organizado no debería tener colores partidistas. No se trata de quién inaugura la torre, quién controla una cámara o quién obtiene el mérito político de una estrategia de seguridad. Se trata de que Chihuahua tenga inteligencia, tecnología, coordinación y capacidad de respuesta para enfrentar a quienes amenazan a las familias.
Y si las cámaras municipales pueden aportar información para prevenir delitos, identificar vehículos, ubicar personas o reconstruir hechos criminales, lo lógico sería buscar mecanismos de coordinación, establecer protocolos de acceso y ponerlas a trabajar. Lo mismo debería ocurrir con las cámaras estatales.
Si el Municipio quiere acceso a ellas, que se establezcan las reglas, los protocolos y las responsabilidades correspondientes. Pero convertir la coordinación en un intercambio de “tú me das acceso a todo para que yo te dé acceso a lo mío” no parece precisamente la fórmula más eficiente cuando lo que está en juego es la seguridad de los ciudadanos. Aquí no debería haber regateos políticos.
Mucho menos cuando Chihuahua enfrenta una realidad criminal que no desaparece porque haya diferencias entre Palacio de Gobierno y la Presidencia Municipal de Juárez. La Torre Centinela puede ser cuestionada, auditada y vigilada en su funcionamiento. Eso es saludable en cualquier democracia.
Pero una cosa es fiscalizar una estrategia de seguridad y otra muy distinta es politizar cada herramienta que pretende combatir al crimen. Porque mientras los políticos discuten quién tiene acceso a qué cámara, los delincuentes siguen buscando los espacios donde las instituciones están divididas. Y ahí está el verdadero riesgo. Cuando la seguridad se convierte en grilla, los únicos que salen ganando son los que deberían estar detrás de las rejas. La pregunta, entonces, no debería ser quién controla las cámaras. La pregunta debería ser: ¿Cómo hacemos para que todas las cámaras, toda la inteligencia y toda la tecnología disponible trabajen juntas contra el crimen?
Porque en materia de seguridad, el protagonismo político puede esperar. La delincuencia, definitivamente, no.
La seguridad no tiene partido
Mientras desde Morena cuestionan, descalifican o simplemente se ausentan cuando se trata de respaldar acciones encaminadas a fortalecer la seguridad, Chihuahua necesita exactamente lo contrario: que todos estén del mismo lado, del lado de la ley y en contra del crimen organizado. Porque en materia de seguridad no debería existir cálculo político.
No importa si la estrategia viene del PAN, de Morena, del PRI o de cualquier otro partido. Cuando se trata de enfrentar a quienes amenazan a las familias, el color partidista debería quedar en segundo plano. Lo que está en juego es mucho más importante que una disputa entre gobiernos. Y aquí vale decirlo con todas sus letras: en materia de seguridad, la omisión también termina siendo una postura.
No basta con criticar, poner condiciones, cuestionar las herramientas de inteligencia o buscarle el lado político a cada acción emprendida contra la delincuencia. También hay que sumarse. También hay que coordinarse. También hay que aportar.
Porque cuando el crimen organizado avanza, no pregunta quién gobierna. Y cuando una familia pierde a uno de los suyos, tampoco pregunta de qué partido era el funcionario que pudo haber hecho algo para evitarlo.
Por eso luego no debería sorprenderles que, ante determinadas posturas, haya ciudadanos que los señalen con calificativos como “narcopartido” o “Gobierno de la Muerte”. Si esos señalamientos molestan, la mejor manera de rechazarlos no es con discursos ni descalificaciones. Es con hechos.
Es demostrando que frente al crimen organizado no existen intereses partidistas por encima de la seguridad de los chihuahuenses. Es cerrando filas con las instituciones cuando se combate a los delincuentes. Es facilitando la coordinación, compartiendo información y utilizando toda la tecnología disponible. Porque el ciudadano no quiere saber quién se llevó la fotografía, quién inauguró la obra o quién obtuvo el mérito político. Quiere vivir seguro. Y ojalá los ciudadanos tampoco olviden estas posturas cuando llegue el momento de acudir a las urnas. Porque lo que está en juego no es solamente una elección más. Está en juego el Chihuahua que tendremos durante los próximos años. Y quizá entonces la ciudadanía tenga muy presente quién estuvo del lado de la ley cuando había que estarlo… y quién prefirió quedarse mirando desde la orilla.
