En su papel de heroína de tiempo completo, la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, hizo una parada estratégica en la Secretaría de Gobernación. ¿A qué fue? Pues a salvar a Chihuahua, ni más ni menos. Así, con esa humildad que la caracteriza, se reunió con la secretaria Rosa Icela Rodríguez para hablar de los “grandes problemas” del estado. ¡Qué generosidad!
Claro, no es que Andrea se haya enterado de la reunión de la gobernadora Maru Campos con Rosa Icela y haya sentido la imperiosa necesidad de colarse al calendario federal, no. ¡Qué va! Fue simple coincidencia —y de esas que en política, ya sabemos, no existen.
Pero eso sí, la senadora demostró su “peso político”, logrando que la secretaria de Gobernación la recibiera. Porque si algo le sobra a Andrea, además de ganas de salir en la foto, es influencia. Nada como mostrar que tiene línea directa con quien “lleva las riendas del país”, aunque nadie tenga muy claro para qué.
Según ella, el encuentro fue para abordar temas graves: migración, inseguridad, agua y deuda pública. Problemas que, por cierto, no parecían quitarle el sueño cuando fue diputada federal ni ahora como senadora. Ni una gestión, ni un recurso, ni un cinco para Chihuahua. Pero ahora, mágicamente, el estado le importa. Aplausos.
Y hablando de deuda pública, ojalá haya aprovechado para mandarle saludos a su nuevo correligionario, el flamante morenista Javier Corral, que dejó a Chihuahua con la caja vacía y el Excel temblando.
Pero no nos engañemos. Esa reunión tenía dos fines clarísimos: lavarse la cara tras los escándalos recientes y, claro, conseguir una buena foto con la secretaria. Y qué foto, ¿eh? Con sonrisa de portada y mirada de “aquí estamos resolviendo los problemas de México”. Pura ternura institucional.
Ni una gota… por ahora
Maru Campos defendiendo la poca agua que hay en la entidad
Por lo pronto —y eso hay que subrayarlo con marcador fosforescente— ninguna presa de Chihuahua abrirá sus compuertas para enviar agua a los Estados Unidos bajo el Tratado de 1944. Así quedó establecido en la reciente reunión entre la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la gobernadora del estado, Maru Campos. Un primer acuerdo que suena más a “tregua” que a solución.
Según explicó la gobernadora, nadie está obligado a lo imposible, y es que Chihuahua está seco, literal y políticamente hablando. La sequía lleva tres años instalada cómodamente en el estado, y las esperanzas de lluvia son tan escasas como las de que alguien resuelva el problema a corto plazo.
El Gobierno Federal, al parecer, entendió el mensaje: voluntad hay, agua no. El Gobierno del Estado no se niega a cumplir su parte en el tratado, simplemente no hay con qué pagar, lo que en términos diplomáticos equivale a decir “esperen sentados”.
Aun así, hay un punto delicado: la presa Luis L. León —mejor conocida como El Granero—, la única con un almacenamiento más o menos decente (40% lleno, lo cual es decir poco en contexto de emergencia). Aunque es una presa reguladora, no abastecedora, el Gobierno Federal ha puesto el ojo en ella con una mirada de “bueno, pero algo se puede rascar, ¿no?”. Por ahora, se mantendrá como está. Por ahora.
Y ahí está el detalle. Porque el acuerdo, aunque positivo, no es blindado. El riesgo sigue latente: que en algún momento cambie la voluntad, la presión internacional aumente, o simplemente alguien en Palacio Nacional decida que es tiempo de abrir el chorro. Por eso, la solidez de esta primera reunión será puesta a prueba en los próximos meses.
Mientras tanto, el campo chihuahuense se enfrenta a otro ciclo agrícola raquítico, limitado a un 25 o 30% de su superficie con agua de riego. El resto, a esperar milagros celestiales o políticas públicas que no lleguen con balde vacío.
En resumen: no se paga, porque no hay. Pero esto apenas comienza, y en la guerra del agua, cada gota es una batalla.
La democracia… a mil cien pesos el voto
Mil cien pesos por voto será el costo
A cómo están las cosas, votar en Chihuahua no será un acto democrático, será un lujo. Y no porque se vaya a ejercer el derecho en un recinto de mármol con aire acondicionado y café de especialidad, sino porque cada voto costará —agárrese— cerca de mil cien pesos. Así es, la elección judicial del próximo 1 de junio va camino a convertirse en la más cara… y probablemente, la más ignorada.
El costo total, por ahora, es de 328 millones de pesos que saldrán del bolsillo del Gobierno del Estado. Y eso, claro, si no hay imprevistos, ampliaciones presupuestales, “ajustes técnicos” o cualquier otro eufemismo que suelen usar cuando el gasto se les va de las manos. Pero hey, todo sea por la democracia… o lo que queda de ella.
Según los cálculos del órgano electoral, se estima una participación de 300 mil chihuahuenses. Un número que suena optimista considerando que votar podría tomar hasta 20 minutos, entre elección local y federal, y eso suponiendo que el elector tenga vista de halcón y memoria de elefante para identificar entre decenas de nombres desconocidos. ¿Quién iba a pensar que ejercer el voto sería equivalente a rendir un examen de lectura rápida?
Y no es por ser malpensados, pero todo apunta a que será una elección sin pueblo. Una elección en donde los verdaderos ganadores ya están marcados con palomita desde antes, y en la que los conteos se harán en la penumbra de un sótano electoral, lejos del escrutinio público y del ruido ciudadano (que tampoco parece muy interesado, siendo honestos).
Pero no importa si no hay participación, si nadie entiende cómo votar, o si el voto vale más que la canasta básica mensual. Lo que realmente se cumple aquí es el gran sueño de Palacio Nacional: desmantelar al Poder Judicial, pieza por pieza, para luego reconstruirlo con lealtades, no con méritos.
¿Justicia para el pueblo? Tal vez no. ¿Control absoluto? Ese sí que va en la boleta.
