El Poder Legislativo Estatal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de fortalecer la prevención y el combate a la explotación laboral infantil, particularmente entre quienes se encuentran en contextos de migración y vulnerabilidad.
El dictamen presentado por el diputada Irlanda Dominique Márquez Nolasco, en representación de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, señala que el trabajo infantil constituye una problemática que afecta el desarrollo integral de la niñez y vulnera derechos fundamentales como la educación, la salud, el descanso y el sano esparcimiento.
De acuerdo con las consideraciones del documento, en 2022 alrededor de 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encontraban en situación de trabajo infantil en México, cifra equivalente al 13.1 por ciento de la población de ese rango de edad. De ese total, 2.1 millones realizaban ocupaciones peligrosas y 1.6 millones enfrentaban condiciones nocivas en quehaceres domésticos.
Dentro del dictamen también se plantea que la especial vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes migrantes, quienes pueden quedar expuestos a redes de explotación laboral, trabajos peligrosos y otras formas de abuso, debido a la precariedad de sus condiciones de vida y a las dificultades para acceder a mecanismos de protección.
Entre las medidas propuestas se encuentra establecer operativos especiales para detectar y rescatar a menores de edad que se encuentren en situación de trabajo infantil, con énfasis en comunidades indígenas, zonas rurales de alta marginación y contextos migratorios, ello en coordinación de autoridades laborales, procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y, cuando sea necesario, corporaciones de seguridad pública y autoridades migratorias.
Asimismo, se fortalece las inspecciones laborales mediante visitas de verificación periódicas, sorpresivas y prioritarias en sectores y regiones con mayor incidencia de trabajo infantil, así como facilitar la aplicación de medidas de seguridad y sanciones cuando se detecten actividades contrarias a la ley.
La propuesta también contempla incorporar disposiciones específicas para la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes víctimas de explotación laboral. Entre ellas, establece que las personas menores de edad migrantes no acompañadas o separadas que sean encontradas trabajando no sean detenidas por razones migratorias, sino canalizadas a instancias de asistencia y protección.
Igualmente, se planea fortalecer la coordinación entre las autoridades laborales, de seguridad pública, educativas, migratorias y de protección de la niñez, a fin de garantizar una atención integral a las víctimas y evitar que permanezcan en situaciones de explotación.
A la par de lo anterior, se propone incorporar expresamente la colaboración de las instituciones policiales con las autoridades laborales y de protección de la infancia en operativos de inspección y rescate, así como considerar una falta grave que las personas servidoras públicas omitan intencionalmente dar aviso o intervenir, dentro de sus atribuciones, cuando adviertan posibles casos de explotación laboral infantil.
Cabe mencionar que la iniciativa que dio origen a la propuesta al Congreso de la Unión, fue presentada por diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
